"Esto ha sido toda una lucha": el origen y reconocimiento del barrio Unir II

Los habitantes de Unir señalan que tener vivienda en Bogotá ha sido una lucha interminable contra la institucionalidad y las constructoras. Rosa Herrera, vecina del barrio desde sus inicios, cuenta que cuando ellos adquirieron los lotes y empezaron a habitarlos, empresas como Amarilo y Constructora Bolívar, principales urbanizadoras del barrio vecino Gran Granada, no tardaron en denunciarlos. “Los ricachones no querían que entrara gente pobre aquí al barrio, por eso empezó la persecución cuando vieron que empezamos a construir en nuestros lotecitos” cuenta Rosa.

Expertos en urbanismo han insistido en que Bogotá es una ciudad que ha crecido de formas problemáticas, afectando principalmente a comunidades vulnerables. Patricia Acosta, docente e investigadora de Planeación y Estudios Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que las ciudades en América Latina están caracterizadas por un desarrollo desigual en términos de oportunidades, vivienda y empleo. “En nuestras ciudades, si uno tiene suficientes ingresos, puede pagar por condiciones básicas de vivienda, pero si no, tiene que resolver como pueda, usualmente, mediante procesos informales de producir ciudad”, indica la urbanista.

Unir se originó precisamente en dicha informalidad, en lo que se conoce popularmente como urbanización pirata. La experta explica que esto ocurre cuando ciertas personas u organizaciones adquieren terrenos ubicados generalmente en la periferia de la ciudad para lotearlos y venderlos. En medio de ese proyecto de urbanización se encuentran irregularidades como escrituras falsas, promesas de venta como única garantía o licencias de construcción y urbanización que resultan siendo ilícitas.

Por lo general, los compradores en este tipo de tratos son poblaciones vulnerables como migrantes, desplazados o víctimas del conflicto que, en su necesidad de encontrar vivienda en una ciudad con el costo de Bogotá, son convencidos por supuestos propietarios de lotes.

Rosa fue una de ellas y su relato regresa a 1992. “Yo vivía en arriendo en el Rincón (Suba) y al trabajo llegaron con el cuento de que Mariano Porras estaba ofreciendo unos lotes más allá de la 80 y nos daba facilidad de pagarlos”, explica.

En la parte de abajo, puede ver la comparativa entre dos mapas del 2005 y 2009 que demuestran los avances de las haciendas Altamira y Calandaima, terrenos del actual Unir II.

La historia de Unir tiene un agravante que no se puede ignorar, y es que precisamente una de las personas que impulsó esta práctica en los predios del occidente de Engativá, fue el entonces concejal de Bogotá, Mariano Porras, cuya bandera política fue el acceso a la vivienda para los más vulnerables. Entre 1991 y 1992, las firmas VISOCOL y Corporación para el Desarrollo Humano Integral Vivienda Social, ambas lideradas por Porras, buscaron la afiliación de personas en busca de vivienda a través de un pago de $300.000 según el urbanista Miguel Aguirre quien publicó una investigación con la historia del barrio para la Universidad de La Salle.

La Resolución 1702 de 2019 de la Secretaría Distrital de Planeación, indicó que con ese dinero las firmas adquirieron los predios de la hacienda Altamira y Calandaima. Según indicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, mes a mes las familias fueron consignando las cuotas que habían acordado con el concejal Porras para completar el pago del lote.

Rosa indica que, en 1992, había quedado en el pago $5.200.000. “Hasta el 2005 que me lo entregaron le fui pagando mensualmente”, explica.

La compra de dichos terrenos, aledaños a la UPZ Garcés Navas, tuvo cientos de irregularidades referentes a su construcción. En el año 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la suspensión de las obras en el barrio, que para ese entonces ya completaba cerca de diez años. Según explica la medida del Tribunal, el proyecto no contaba con licencias de construcción ni urbanización, y aquellas que fueron presentadas por el curador urbano de Porras, eran ilícitas.

Por ello, en ese momento el Departamento Administrativo de Planeación Distrital estableció que no se podía legalizar el estatus del barrio pues su zona de construcción nunca estuvo contemplada en los mapas de planeación oficial de la entidad.

La urbanista Acosta, señala que esta es una de las características principales de las urbanizaciones piratas. “Esas organizaciones les venden a poblaciones excluidas del mercado formal de vivienda, quienes están dispuestas a pagar por lotes lejanos, sin alcantarillado, acueducto, vías e incluso si tiene condiciones de riesgo asociadas, como lo puede tener el barrio Unir y su límite con el humedal”, afirma la docente.

Al tiempo, el acta del Tribunal reconoció que más de 1.200 personas resultaron afectadas por incumplimientos en las fechas y condiciones de entrega de los predios. Según denunciaron algunas víctimas ante el diario El Tiempo en 2005, Porras les prometió una vivienda completa con habitaciones, patio, cocina, baño y antejardín, pero solo entregó lotes.

El resultado de toda esta situación fue, ese mismo año, la orden de captura hacia Mariano Porras por el delito de urbanización ilegal y estafa. El concejal fue condenado a siete años de cárcel y Marlen Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña de Guevara, socias de las firmas urbanizadoras, a cuatro.

Rosa recuerda que la Policía inició procesos de desalojo por orden de la Secretaría de Hábitat. Dichas empresas iniciaron procesos para obtener la propiedad del terreno, al tiempo que la Policía llegaba para desalojar a aquellas familias que se encontraban en los lotes por orden del departamento distrital.

“Aquí llegaron los del Acueducto, la Alcaldía y los del ESMAD con tanquetas a sacarnos a los que vivíamos acá. Como esto era una finca, nos hicimos en el portón con las zorras y los caballos y agarramos a esa gente a piedra porque no nos queríamos ir”, cuenta Rosa sobre los enfrentamientos.

En el 2005, la Secretaría Distrital de Hábitat detuvo la orden de desalojo, pues la mayoría de compradores ya habían terminado de pagar la totalidad del lote y podían acceder a las escrituras del predio. Rosa comenta que a través de la esposa de Porras se logró que los compradores tuvieran las escrituras de las haciendas Altamira y Calandaima y con ello el proceso de legalización para la urbanización de Unir.

Y aunque Rosa recibió las escrituras de su lote seis años después, debido al alto costo de este proceso, desde 2005 empezó a construir formalmente su casa con su esposo.

Solo hasta el año 2019 se dio la legalización de Unir II en la administración de Enrique Peñalosa luego de revisar sus impactos sobre el humedal Jaboque. La Resolución 1702 de 2019 determinó que era viable ambientalmente y, por lo tanto, Unir pasó a ser reconocido como zona residencial de la UPZ Garcés Navas en Engativá.