“En el año 1924, durante el Primer Congreso Obrero, una dirigente del sindicato obrero de La Dorada, Carlota Rúa, se pronunció frente al hecho de que el servicio militar fuera obligatorio para los jóvenes obreros y campesinos”, menciona la docente e investigadora María Tila Uribe en su libro 'Los años escondidos’, publicado en 1994.

Las inquietudes y las oposiciones a la participación en el conflicto armado siempre han hecho parte de la sociedad colombiana. A pesar de que Colombia es un país con una historia atravesada por la violencia, los espacios y las manifestaciones en contra de esta siempre han existido aun cuando no han tenido suficiente protagonismo.

En el caso de la participación en dinámicas bélicas, a lo largo de la historia, distintos sectores sociales se han opuesto tajantemente a esta posibilidad, sin saber que estaban ejerciendo un derecho reconocido hace no más de 16 años, la objeción de conciencia.

“Durante la guerra con Perú entre los años 1932 y 1933, un grupo de mujeres objetó públicamente que sus esposos e hijos fueran reclutados para ir a la guerra contra el país vecino.”, afirman los abogados Brayan Arrieta y Joel de la Cruz, en su investigación ‘La objeción de conciencia como mecanismo de protección frente al servicio militar obligatorio en Colombia’.

La objeción de conciencia es un derecho que se ejerce por medio de distintas libertades individuales, hay múltiples definiciones al respecto, Arrieta y De La Cruz lo sintetizan en su investigación como “un acto en donde un sujeto de derecho en ejercicio, de manera pacífica y argumentada, no cumple una obligación legal, por motivaciones, políticas, de pensamiento, culturales y religiosas”.

Para llegar a una definición que recogiera todas las implicaciones y que se aplicara en la ley, pasaron años de demandas sociales y políticas desde distintos grupos y colectivos. En el caso del servicio militar, esta lucha tomó fuerza en la década de los años 80, por los grupos que promovían la “no violencia”.

Estos grupos estaban conformados por sindicatos, partidos políticos, líderes religiosos, iglesias, grupos universitarios, académicos, abogados, que promovieron conversaciones sobre la incapacidad que tenían los ciudadanos de decidir sobre ir o no al servicio militar. Uno de los sectores más influyentes fueron las iglesias anabaptistas en Colombia, en específico la Iglesia Cristiana Menonita.

Durante los años 80 en Colombia, el fortalecimiento de las guerrillas, el crecimiento del narcotráfico, y la creación de grupos paramilitares generó una desbandada de violencia que debía ser atendida desde el Estado, principalmente por las Fuerzas Militares y la Policía.

Pedro Stucky, pastor de la Iglesia Cristiana Menonita de Teusaquillo, que fue líder en el activismo de la objeción de conciencia en los años 80, menciona que en medio de las situaciones de violencia era cuando resultaba más importante mostrarle a la gente por qué no se debía promover la solución de conflictos por medio de las armas.

En 1985, el pastor Pedro, como parte de su activismo, decidió revivir un periódico institucional para informar a las personas sobre la importancia de la objeción de conciencia en la vida cristiana.

“Yo había comenzado como secretario ejecutivo de la Iglesia en 1985 y había revivido un Periódico interno que se llamaba 'Menoticias'. Yo escribía sobre la objeción de conciencia y trataba de hacer caer en cuenta a la gente de ese derecho, pero también sobre la necesidad desde el punto de vista cristiano”, recuerda Stucky

Pero fue hasta 1987 que el activismo empezó a tomar fuerza. Durante ese año, el Comité Central Menonita, organizó la visita de un abogado español llamado César Vidal Manzanares, quien vino a Colombia con el pleno propósito de enseñar sobre la importancia de la objeción de conciencia. Fue el momento preciso para que la Iglesia Menonita, organizara reuniones para miembros de la iglesia y una convocatoria hacia otras organizaciones no eclesiales para que participaran en estas discusiones. Esto evidenció una lucha plural que crecía a paso acelerado desde distintos sectores de la sociedad.

En 1989, unos jóvenes entusiastas visitaron al pastor en la Iglesia Menonita de Teusaquillo. “ellos estaban inquietos por el derecho a no cargar armas”. Estos jóvenes que querían discutir y promover este derecho pertenecían al Movimiento por la Vida, un colectivo conformado por jóvenes que habían salido del M-19.

Este grupo llegó a la iglesia por recomendación del sacerdote Francisco de Roux, quien se desempeñaba como director del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). De Roux siguió apoyando esta iniciativa. Tras esa conversación y a finales de ese mismo año se creó el Movimiento por la objeción de conciencia, que después pasó a llamarse Colectivo por la objeción de conciencia.

“Entonces con la Iglesia y el movimiento por la vida, empezamos a hacer una serie de procesos educativos en colegios y en diferentes ámbitos. Y también contratamos a Ricardo Pinzón como el primer coordinador del colectivo”, menciona Pedro Stucky.

Tras la creación del movimiento realizaron el primer gran foro sobre la objeción de conciencia, llevaba por nombre “El país frente al servicio militar obligatorio”.

Este foro abrió la puerta a que personas de muchas corrientes, incluidos exmilitares, pudieran expresar sus opiniones frente al tema del servicio militar. Esto era algo novedoso, ya que, hasta ese punto, discutir la legitimidad de las acciones del Ejército resultaba impensable, era una institución intocable dentro de las discusiones sociales. Aquí se rompió el hielo para siempre, el servicio militar obligatorio se volvió un tema de discusión que incluso la prensa puso en su agenda.

El primer gran paso en la Constitución

En 1991, el entonces presidente César Gaviria convocó una asamblea constituyente, lo cual fue visto por los promotores de la objeción de conciencia como el momento perfecto para el reconocimiento de este derecho en la carta magna. “Nosotros estuvimos en esos grupos de trabajo, particularmente en cuestión de derechos humanos, y quisimos meter la objeción de conciencia en la nueva Constitución”, afirma Stucky.

El Colectivo por la Objeción de Conciencia participó activamente en los grupos de trabajo e intentó congeniar ideas con los partidos cristianos que representaban al sector religioso, sin embargo, los representantes de los partidos no se mostraron entusiastas con la propuesta. De igual forma, encontraron apoyo en el M-19 y en el partido Liberal Movimiento Estudiantil. El partido Unión Cristiana, defendió el servicio alternativo en tiempos de paz, al igual que lo hizo el partido Liberal Galanista.

Las manifestaciones se hicieron frecuentes en la demanda de este derecho, el agitamiento social era evidente e hizo que incluso el presidente César Gaviria hablara del tema en uno de sus discursos a las fuerzas militares:

“Quisiera hacer algunas precisiones sobre este delicado asunto que ha generado ya controversia en el país y grandes debates a nivel internacional. En el evento de que la Asamblea llegare a adoptar la objeción de conciencia, el Gobierno considera que es necesario ser muy cuidadosos para definir exactamente en qué consiste y cómo operaría en la práctica.

En primer lugar, la objeción de conciencia no puede ser una excusa para evadir las responsabilidades con la Patria,ni un pretexto de quienes no tienen el valor y el coraje que enaltecen a los miembros de las Fuerzas Militares. En realidad, quienes abogan por que se establezca la objeción nunca la han presentado como una excusa antipatriótica o un pretexto para la debilidad. Se trata simplemente de un problema de conciencia. Y debe ser tratado como tal. Por eso, la tendencia en el mundo es, no a convertir la objeción de conciencia en una excepción al servicio militar, sino en una excepción al porte de armas o a aprender a utilizarlas. Nada impide que el objetor de conciencia ingrese a las Fuerzas Militares y dentro de ellas desarrolle tareas humanitarias, que en ocasiones pueden ser las más peligrosas cuando se está frente al enemigo”. Discurso del Expresidente César Gaviria en el 82º aniversario de la Escuela Superior de Guerra, 1991.

En este manifestó que la objeción de conciencia solo podría darse para impedir el uso de armas, más no eximia de la responsabilidad y deber de prestar servicio militar. Esto no cayó bien en los colectivos ni en la Iglesia Menonita, para quienes la no violencia es un principio transversal en su fe.

El hecho de no portar armas era esencial, pero, el principio de no participación o promoción de la violencia era también inviolable. Para los menonitas, y demás pacifistas, el apoyar o ingresar a una institución bélica, significa trabajar en pro de sus principios, es decir, la violencia armada como la solución de conflictos, lo cual va en contra de todo lo que busca la no violencia.

Aun así, hay objetores que sí aceptan e incluso promueven la posibilidad de prestar servicio militar sin porte de armas, como algunos cristianos adventistas. Los pacifistas menonitas buscaban promover un servicio alternativo que les permitiera aportar al país desde otras esferas no relacionadas con la defensa.

“Nosotros creemos que toda esa mentalidad de enemigos, de buscar la seguridad a través de la violencia, de deshumanizar al adversario, de crear toda una infraestructura, toda una organización, millones de millones de pesos en armas y todo eso, no es la manera de Jesús para actuar y para vivir, es contrario a las enseñanzas de Jesús", afirma Pedro Stucky.

Durante las manifestaciones y los actos cívicos que se hicieron alrededor de la constitución política, muchos ciudadanos empezaron a conocer sobre el tema y a involucrarse en la demanda de este derecho. Un claro ejemplo de esto es Jenny Neme, activista social y pacifista, que conoció por primera vez de la objeción de conciencia en estos espacios en el año 1991, cuando tenía 18 años, al estar vinculada a procesos universitarios de trabajo social y a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Este fue el inicio de un trabajo de décadas enfocado a la protección de este derecho.

El derecho a la objeción de conciencia no fue reconocido tácitamente en la Constitución, pero sí se reconoció como derecho en el artículo 18, en el que: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

Este artículo significó un avance en la lucha por las libertades individuales en Colombia. En la Constitución de 1886 se estableció que era obligatorio para todo varón prestar el servicio militar como parte de una dinámica de fortalecimiento a las fuerzas armadas por la guerra bipartidista, pero hasta el año 1993 con la Ley 48, se estableció que este deber les correspondía a los hombres mayores de 18 años, como lo explica la ONG Temblores.

A pesar de que el artículo 18 arropaba la objeción de conciencia, existía el artículo 216 de la Constitución de 1991 que establece que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación de este”.

Esto mostraba que para el Estado la seguridad nacional y la soberanía primaban por encima de las libertades individuales. Lo cual marcaba una contradicción que perjudicaba el trabajo de los pacifistas y de los promotores de la no violencia, como lo analiza Pedro Stucky.

Los objetores de conciencia decidieron seguir luchando por su causa desde las calles, los colectivos, los colegios y las iglesias. A pesar de que esta no era una causal de exoneración se negaron a entrar en las fuerzas armadas y buscaron estrategias para resistir.

La Iglesia Menonita creó en 1989 el Seminario Bíblico Menonita, para la formación teológica de miembros de la iglesia y en 1991 Justapaz, una organización dedicada a la promoción de la no violencia en Colombia, a la construcción de paz y al apoyo de iglesias en distintas zonas de Colombia que eran víctimas del conflicto. Hasta ese momento la Iglesia Menonita había trabajado con el Colectivo por la objeción de Conciencia, pero decidieron separar funciones con el colectivo para que este se dirigiera a una audiencia no eclesial y Justapaz a un público principalmente cristiano.

El trabajo no paró, el Colectivo comenzó la publicación del Diario El Objetor, para dar cuenta de actualizaciones en el tema, noticias, columnas de opinión y eventos. Se siguieron organizando movimientos en la calle, en los colegios, en los barrios para difundir un mensaje de paz. En estos espacios muchos jóvenes de distintas corrientes se acercaron al tema.

Entre 1990 y 1992 la objeción de conciencia se convirtió en una lucha a nivel nacional, en las ciudades principales se dieron actos de resistencia y de oposición desde grupos sociales nacientes de los barrios marginales. 

También desde la academia y el arte se fortaleció esta demanda, no solo en oposición al servicio militar, sino al conflicto armado que se desarrollaba en el país.

Luis Liévano, pedagogo, comunicador y artista, fue parte de este proceso de movilización social alrededor de la paz. Conoció de la objeción de conciencia al estar vinculado a la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), en la que coordinó el proyecto “Comuniquémonos para la democracia” que buscaba entender la comunicación y su relación con los derechos de los niños y jóvenes. “Yo enseñaba a parches de ‘pelados’ a hacer radio, cuenteros, grafitis y murales, hasta que terminamos articulando una red con el apoyo de Colcultura”, afirma Liévano.

Junto con Colcultura que después de 1997 pasó a ser el Ministerio de Cultura, Luis creó un programa de radio en Javeriana Estéreo, la radio de la Universidad Javeriana que llevaba por nombre “La Lora Mojada”, en donde buscaban que los jóvenes se apropiaran de las discusiones en torno a los derechos como la objeción de conciencia.

Los talleres y las demostraciones culturales lo acercaron a diferentes comunidades con las que pudo trabajar, por ejemplo, logró articularse con grupos de jóvenes que vivían en contextos de violencia y precariedad en Bogotá y Soacha. En el barrio Las Cruces colaboró con Gotas de Rap y La Etnia, para apoyar a quienes buscaban contar sus historias a través de la música.

El trabajo social de Luis trascendió al punto de formar una organización llamada Multimedios y Medios, donde se articularon con otras organizaciones, incluyendo a el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y a la Secretaría de Educación para hacer talleres en colegios a través de la red de radios escolares en las que se fomentaba la discusión de derechos fundamentales, y de la objeción de conciencia.

Y en Justapaz el entonces director Ricardo Esquivia, abogado y defensor de derechos humanos, decidió inaugurar ‘Objetores por la Paz’ un espacio de formación para que los jóvenes interesados pudieran aprender sobre la objeción de conciencia. Esencialmente se buscaba que aprendieran de tres áreas: no violencia, reconocimiento del contexto y construcción de paz.

Hasta ese momento, el servicio militar obligatorio tenía algunas causales de aplazamiento y exoneración, entre ellas los seminaristas religiosos.

“Entre el año 1993 y 1997, hubo muchos problemas para que el Ejército reconociera esto, sobre todo a aquellos jóvenes que no fueran católicos. Entonces, lo que se alegaba era que no se tenía ese derecho, pero una cosa muy interesante que ya estaba consagrado en la Constitución del año 1991 era el derecho a la libertad religiosa y de culto”, afirma Jenny Neme, trabajadora social y activista por la paz.

La excepción a los seminaristas estaba pensada para los miembros de la Iglesia Católica, pero con la Constitución de 1991, todas las denominaciones de fe quedaron en igualdad de condiciones. Los jóvenes que asistían a ‘Objetores por la Paz', que venían de distintos trasfondos sociales y religiosos, empezaron a ser presentados ante el Ejército como seminaristas por la Iglesia Menonita. En muchas ocasiones a los jóvenes les negaban el aplazamiento y los consideraban remisos, lo que hacía que fuera una lucha paralela de garantía de la objeción de conciencia y de la libertad de culto.

“En una de esas, cuando eso estaba operando, la respuesta del Ejército fue cerrar el seminario. Y consiguieron que el Ministerio de Educación interviniera ahí para cerrar el seminario, pero resulta que el seminario no estaba bajo el Ministerio de Educación”, recuerda Pedro Stucky

El pretender cerrar el Seminario Menonita era equivalente a cerrar la iglesia. Aprovecharon la oportunidad para llamar la atención internacional y denunciar la persecución que estaban sufriendo. Desde otros países llegaron cartas y comunicados al Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta popular no dejó más remedio para el ejército que retractarse, siendo esta una nueva victoria para los objetores de conciencia.

“No son objetores, son desertores”

Los movimientos sociales buscaron reconocimiento y garantías a pesar de una negativa que no solo era política sino también social. Alejandro Parra, docente, investigador y fundador de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) recuerda que su inicio por la defensa de este derecho empezó por la convicción personal de no prestar el servicio militar.

“Era el único derecho constitucional, derecho fundamental al que tenía la posibilidad de acogerme porque no tenía problemas físicos ni nada, y por eso lo abracé con muchas fuerzas, porque yo dije, ‘parce, si no es esto, me llevan’, y yo para ese entonces vivía muy en el sur de la ciudad, joven de familias estrato dos, mechudo, o sea, tenía todas las características que me hacían reclutable al 200%”.

Recuerda que su búsqueda por objetar resultaba muy difícil debido al contexto político y social que se vivía en el país. A inicios de los años 2000, las narrativas de militarización estaban más fuertes que nunca con la llamada “seguridad democrática”. Esto solo generaba que los pacifistas como Alejandro tuvieran más motivos para seguir luchando.

Alejandro intentó en varias oportunidades que se le reconociera su derecho a no prestar el servicio militar por razones éticas y políticas. La primera vez que se presentó a una jornada de concentración se le negó la posibilidad de hacer valer su derecho. “La respuesta fue literalmente: ‘A mí no me venga con maricadas, hágame el favor y vuelve a la fila para que le hagan los exámenes y pueda seguir con el proceso de incorporación’”.

Tras varios intentos de acercarse al Ejército para resolver su situación y de enviar cartas y peticiones, solo después de un año y ocho meses obtuvo una respuesta en la que decía que este derecho no era reconocido, y lo instaban a prestar el servicio militar para evitar sanciones. “No son objetores, son desertores”, así resume Alejandro la posición del Ejército frente al activismo pacifista.

“Yo duré 5 años, de hecho, tuve que saltar de un camión una vez que me cogieron en una batida. Pero ya cada vez yo me iba como empoderando más. Iba conociendo más sobre este derecho fundamental. Ya hubo un momento en donde, de hecho, lo que hacíamos era parar batidas, y yo estaba ahí, sin libreta, sin nada, completamente expuesto, pero entre los que estaba ayudando a parar la batida, ayudando a bajar a los pelados del camión”, relata Alejandro Parra.

Después de 6 años defendiendo su postura, Alejandro decidió que, así como no prestaría el servicio militar también se negaba a dar dinero a una institución armamentista. “Yo lo que dije es no, tampoco voy a pagar, no voy a poner ni 100 pesos para esa libreta militar”.

Esta posición generó que el Ejército acusara a Alejandro y a Diego Carreño, otro fundador de ACOOC, de evasión ante la Fiscalía, lo cual podía llevarlos a prisión por seis meses, e incluso un año, como ya había pasado con varios otros objetores.

A pesar de la insistencia de su familia, Alejandro se negó tajantemente a pagar la libreta militar. 15 días después de llegada la citación, la audiencia no se llevó a cabo porque no llegó la representación jurídica del Ejército. Se pospuso la audiencia, y a la segunda fecha tampoco se presentó el representante de la institución, por lo cual el caso no procedió.

El Ejército Nacional tenía antecedentes de llevar a juicio jóvenes que terminaban siendo presos de conciencia, como en el caso de Luis Gabriel Caldas, que fue detenido el 10 de junio de 1994, juzgado por un tribunal militar y condenado a siete meses de cárcel como desertor. 

Luis Gabriel era acompañado por el Colectivo por la Objeción de Conciencia, su caso se hizo reconocido internacionalmente debido a la violación de derechos a la que fue sometido:

“Se teme que la seguridad de las personas que están haciendo campaña en favor de los objetores de conciencia se vea perjudicada si el gobierno no mantiene sus obligaciones. El 10 de diciembre de 1994, el Colectivo por la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, una organización de derechos humanos que está realizando una campaña en favor de Luis Gabriel Caldas, recibió una amenaza de muerte telefónica”, así lo relató Amnistía Internacional en un comunicado emitido el 19 de junio de 1995.

El Ejército tuvo que pedir disculpas públicas por encarcelar a Luis Gabriel solo por haberse negado a pagar la libreta militar. Al consultarle al ejército por las denuncias que han emitido contra los jóvenes por deserción, no dieron una respuesta de fondo.

Desde la década de los 80 hasta los inicios del nuevo milenio, los pacifistas lograron que se reconociera un derecho fundamental que respaldaba las libertades individuales, la diversidad e incluso la responsabilidad moral. Sin embargo, aun teniendo este derecho por medio de la libertad de conciencia fueron víctimas no solo de la violación sistemática del derecho a objetar conciencia, sino también sufrieron persecución, acoso y discriminación a causa de sus ideas. Esto llevo a que la lucha de los pacifistas no cesara hasta ver configurada una ley garante de su derecho a elegir.