Para Daniela una de las razones que la llevó a quedar embarazada a una edad tan temprana fue el poco conocimiento en materia de educación sexual que ofrecía su colegio. “Obviamente le hablaban a uno de los métodos anticonceptivos y eso, pero eran charlas cada seis meses. Cambiaría eso y pondría los testimonios de las personas como yo para que los estudiantes se den cuenta que no es fácil ser madre a esta edad”, señala la joven.
Mónica Guerrero, funcionaria de la Secretaría de Educación de Bogotá que trabaja en el cargo de orientación escolar, comentó que existe la Ley 1620 de 2013 que es la que reglamenta todos los derechos de convivencia escolar y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la funcionaria señala que existen colegios que no cumplen la ley.
Según la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, las instituciones educación media y superior están obligadas a proveer un programa de educación sexual enfocado en prevenir la violencia sexual contra los niños y adolescentes. Sin embargo, según María Paula Forero de Jacarandas, los colegios privados se excusan en su vocación religiosa para no brindar el servicio o para abordarlo desde otra perspectiva. “La estrategia es hablar desde la vigilancia y desde el temor, pero nunca desde el conocimiento del cuerpo, desde el disfrute, de la autonomía… Esos no son temas que quieran tocar desde una educación religiosa”, señala María Paula.
Para Jacarandas 
Jacarandas Una fundación de mujeres que lucha por el derecho al aborto libre, a una vida sin acoso sexual y por todas las mujeres. Jacarandas el problema es mayor en colegios privados que en públicos, ya que estos últimos,
según María Paula, se acogen a lo que ordene la Corte Constitucional, mientras que los colegios
privados ponen como escudo sus pilares religiosos para no dar un buen programa de educación sexual.
En cuanto a las estrategias manejadas desde las instituciones para evitar la deserción escolar, Mónica comenta que, si bien los colegios son autónomos en las acciones y decisiones que toman frente a la deserción escolar, “por ninguna situación se puede expulsar a una niña o se le puede sancionar por un embarazo”. Además de esto, si la familia toma la decisión de que la niña deserte, el colegio se comunica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para hacer un seguimiento y evaluar sus condiciones y del bebé.
Con respecto a las ayudas económicas que puedan recibir las adolescentes que quedan en embarazo durante su proceso escolar, Mónica comenta que por parte de la Secretaría de Educación no existe ninguna ayuda aparte de la que brinda normalmente el colegio. Generalmente se les da un refrigerio o almuerzo junto con el subsidio de transporte, pero esto lo reciben todos los estudiantes independientemente si existe un caso de embarazo o no.
Sin embargo, la Secretaría de Integración Social sí tiene un proyecto para menores y mujeres gestantes, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, que incluyen bonos para hacer mercados y ayudas alimentarias, todo esto hasta que el bebé cumple los 3 años.
¿Están educando a los niños para reconocer un abuso?
Una de las cifras más alarmantes para organizaciones que trabajan por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes es la edad de los padres respecto a la edad de las madres. Según el informe del DANE, para 2020 “en el 14,6% de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y en el 10,8% de los nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años la diferencia entre la madre y el padre es de por lo menos 10 años”.
Según el Código penal colombiano, en el Artículo 208 cualquier actividad sexual con un menor de hasta 14 años es considerada un delito sexual pues es visto como una violación bajo cualquier circunstancia. Según Lesly Jaimes, abogada del Consultorio Jurídico de Género de la Universidad del Rosario, esta legislación existe para proteger a las menores de edad de cualquier acto que pudiera vulnerar su integridad sexual y de cualquier consecuencia sobre su desarrollo físico, mental y social. “Aún no han llegado a la plenitud de su desarrollo corporal, ni han alcanzado una madurez sexual por lo que son más propensos a que cualquier persona pudiera aprovecharse de ellos”, cuenta Jaimes.
Si una menor de edad quisiera denunciar este delito, tiene que acercarse al CAI más cercano o a la Fiscalía General de la Nación. Aun así, la psicóloga Carolina Perdomo señala que la dificultad está en que muchos niños sienten temor por el procedimiento de la denuncia, por las preguntas que les hagan, los posibles cuestionamientos y la revictimización a la que pueden ser sometidos.
Las barreras para que un menor de edad denuncie inician mucho antes del procedimiento, Carolina Perdomo indica que los agresores sexuales en niños y niñas suelen ser personas muy cercanas a ellos: familiares o amigos de la familia. El menor de edad puede sentir temor a contar lo que le está pasando debido a que la familia en la que se encuentra el agresor le puede quitar su afecto, no creerle y cuestionarlo. “En algunos casos todavía tienen contacto, reuniones familiares, incluso viven en la misma casa, a veces sucede, entonces son personas muy cercanas, y esto es muy impactante y por lo tanto enfrentar a las personas que le creen al agresor” explica Carolina.
La educación sexual en niños y niñas debería incluir una sensibilización para que puedan reconocer cuándo están siendo vulnerados, según lo expresa Carolina Perdomo. “Se debe hacer un acompañamiento en el que también se muestre qué es el consentimiento, y cómo este también puede ser reversible y por qué debe ser respetado en cualquier momento de un contacto sexual” comenta Carolina.
El colectivo Jacarandas apuesta por sensibilizar a las jóvenes en cuanto a las relaciones de poder. “Hay hablar de lo que es problemático y de lo que no debería ser normal, pero decirles que eso es considerado una violación de una vez es ponerlas en una posición de víctimas en la que seguramente no se sienten cómodas, nosotras no lo abordamos de esa forma, sino que lo tocamos de manera en que se pueda demostrar las relaciones de poder por edad, con un profesor, con un familiar que te está tocando”, cuenta María Paula. De esta manera, según lo contado por María Paula, las niñas después de los talleres se les han acercado a comentarles situaciones que las inquietan, de esta manera Jacarandas ha podido iniciar procesos legales o acompañamientos a las adolescentes.
¿Las niñas saben que pueden acceder a un aborto?
A pesar de que las relaciones sexuales con un menor de 14 años son consideradas un delito, las cifras de niñas embarazadas a esa edad persisten. Según María Paula Forero del colectivo Jacarandas, el aborto casi nunca se menciona en los programas de educación sexual. Desde 2006 y hasta 2022, con la sentencia C-355 el aborto está despenalizado bajo 3 causales: cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable extrauterinamente, y en caso de violación, bajo esta última causal las niñas podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Una menor de edad puede acceder a una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) sin necesidad de estar acompañada de sus padres. “Esto no puede ser un requisito para la prestación del servicio por parte de la entidad correspondiente” explica Lesly Jaimes. Según Carolina Perdomo, una niña a partir de los 14 años tiene la autonomía de decidir si quiere llevar a término o no un embarazo, a pesar de que también comenta que en una relación a tan temprana edad puede haber situaciones de coerción que pueden llevar a las niñas a tomar decisiones que realmente no quieren tomar.
Juana, quien es feminista y profesora comenta que el aborto en el colegio donde trabaja es un tema que poco se menciona. “A pesar de que ya hay una legalidad y está despenalizado, el aborto sigue siendo un tema tabú, entonces las niñas, en ese sentido, tienen en la cabeza que si se embarazan es algo hermoso y lindo, el hecho de dar vida. Si son niñas y adolescentes están destinadas a ser madres y eso se siente desde que son pequeñas” narra Juana. También comenta que la información sobre derechos sexuales y reproductivos parece no ser una prioridad para la Secretaría de educación.