En medio de la construcción y en un espacio reducido para ubicarse, María Rojas, con más de 20 años de trabajo como vendedora ambulante, observa como su negocio de láminas Panini lucha por sobrevivir a las bajas ventas tras la construcción de la primera línea del metro. Desde su lugar de trabajo en la calle 72 con carrera 15, diagonal a la tradicional papelería Panamericana, ha sido testigo de los cambios en el sector, pero sobre todo en su negocio.
Los fanáticos que cada cuatro años buscan llenar sus álbumes, por las competencias de fútbol o los que lo encuentran como una distracción más, reconocen el negocio de María porque es uno de los pocos que intercambia y vende láminas de álbumes en Bogotá. A pesar de lo anterior, los cierres viales a su alrededor, la poca afluencia de las personas y la inseguridad tras las obras en el sector ha reducido la visita de sus clientes que ayudaban a sostener su negocio.
Las afectaciones que ha tenido María en sus ventas son una muestra de lo que padecen los comerciantes formales e informales en las áreas cercanas a la avenida Caracas y lo que están comenzando a vivir otros en las zonas cerradas más recientemente.
El intercambiador vial de la calle 72 es una de las obras más importantes para el desarrollo del metro, sin embargo, los retrasos y la falta de comunicación de los contratistas con los comerciantes de la zona hace que estos estén en una situación de abandono y vulnerabilidad.
En febrero de 2024, la carrera 15, donde se encuentra ubicada María, fue intervenida para demoler los edificios del lugar. Ella se encontraba en su puesto de trabajo como lo hace diariamente. Mientras preparaban el encerramiento de la zona para evitar el paso de vehículos con la típica tela de cerramiento verde, los trabajadores de la obra encerraron a María sin previa consulta, ordenándole que debía retirarse.
La Empresa Metro, de mano con la Alcaldía de Bogotá, ha realizado en varias oportunidades diseños de “Política de Reasentamiento y Gestión Social Proyecto Metro de Bogotá”. Dentro de este se establecen normas y criterios aplicables a ocupantes del espacio público. Aquí se reconoce que los trabajadores informales tienen derecho al trabajo, pero también se insiste preservar el espacio público.
“El interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente, el desalojo del espacio público está permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo autorice” así lo establece el documento publicado por la Empresa Metro.
Según las entidades correspondientes, la protección de los vendedores ambulantes se da por medio del debido proceso legal, “De ahí que las personas que usan el espacio público para fines de trabajo pueden obtener la protección, a través de la acción de tutela, siempre y cuando se encuentren amparados por el principio de la confianza legítima con las condiciones que la jurisprudencia ha indicado”. Esto permite ver que la empresa Metro no tiene una comunicación directa con los comerciantes informales para mediar y buscar soluciones frente a los desalojos, sino únicamente se abstienen de hacerlos por medio de una acción legal.
Al sentirse vulnerada, Maria tomó la decisión de acogerse a la ley, hacer un derecho de petición verbal, en el que solicitaba la presencia del IPES, Policía Nacional, Defensoría del pueblo y Alcaldía Mayor.
La Empresa Metro de Bogotá en medio de un plan de acompañamiento a las personas que se han visto afectadas por las obras de la primera línea, desarrollaron una estrategia en octubre del 2023 que buscaba beneficiar y reasentar a los comerciantes afectados en la zona de la calle 13 con Avenida Caracas. A pesar de que esta iniciativa fue favorable para los comerciantes de dicho espacio, esta estrategia no se ha usado de la misma manera en los otros tramos donde la construcción del metro ha traído cambios en el comercio formal e informal.
Según María, en la Calle 72 ha sido completamente diferente. Las entidades correspondientes han hecho un acompañamiento superficial que en su mayoría ha estado dirigido a los locales comerciales del sector.“El día que hicieron el cerramiento, ese mismo día, porque yo me opuse, no al cerramiento, sino a que nos dieran alguna alternativa que no fuera una reubicación en un punto donde mi producto no se vendería, ese mismo día hicieron la sensibilización a los locales comerciales, porque se dieron de pronto cuenta de que no era como en otros sitios que llegan cierran y chao”, cuenta la comerciante.
En cuanto a los vendedores informales, María menciona que algunos también se han podido cobijar en grupos de representación que los han ayudado a defender sus derechos para trabajar donde lo han hecho siempre, como el grupo de Mujeres informales y el Consejo Distrital de vendedores de la localidad de Chapinero, una figura creada en el 2023 mediante el acuerdo 896, promulgado por la alcaldía de Claudia López que buscó definir espacios de representación formal para los vendedores ambulantes.
Sin embargo, este no es el caso de todos los comerciantes informales. Omar*, quien ha trabajado 18 años en este sector de la ciudad, menciona que ninguna entidad se ha acercado a él para ayudarlo o para brindarle información sobre la obra. Además, comenta que se ha movido de lugar durante la construcción por las bajas ventas de su negocio, pero que no puede salir del sector, ya que el permiso que tiene para trabajar otorgado por el Instituto para la Economía Social (IPES) solamente el válido en esa dirección.
Omar*, al igual que María, ha tenido pérdidas monetarias muy grandes para su negocio. “Antes uno vendía 200 mil pesos al día, ahora son 60 mil u 80 mil”, explica Omar. Según Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO, los negocios han registrado que en cada punto de comercio se ha presentado una caída en ventas de alrededor del 45%
Orrego menciona que se han realizado conversaciones con la Alcaldía de Bogotá y se ha buscado apoyar y acompañar a los negocios afectados, pero aun así no hay ningún tipo de subsidio o ayuda económica para los comerciantes.
“Aquí después de las seis de la tarde es un hueco”, afirmaOmar* refiriéndose al peligro de ser robado en la noche.
Las dificultades que han tenido los comerciantes por la falta de garantías se suman al aumento de la percepción de inseguridad en la avenida Caracas. La obra de la calle 72 generó que se improvisaran pasillos hechos con polisombra para permitir el tránsito de las personas, esto también genera temor en quienes tienen que atravesarlos en el día o en la noche porque son pasadizos muy estrechos, sin capacidad de desvío, como se muestra en la imagen.
Los comerciantes de la obra en la calle 72 han sido testigos de robos en la zona, mencionan que en las noches la falta de iluminación en el sector hace que sea impensable transitar, ya que es el espacio propicio para la delincuencia. Mencionan que el tránsito de policía no es muy frecuente, y cuando se dan robos es difícil el pedido de ayuda.
Recientemente, uno de los sectores que se está viendo afectado por los cierres viales en los últimos meses es el circundante a la estación de Transmilenio Marly. Esta estación cerró el 25 de mayo del 2024 y hasta el momento los comerciantes han corrido con la misma suerte de los comerciantes de las estaciones Calle 72 y Calle 26.
Los comercios intentan mantener abiertos sus negocios, negándose a que su única alternativa sea cerrar. Los vendedores ubicados en la calle 50 con Caracas abren todos los días a pesar de que han tenido una baja en las ventas de más de un 50%.
Una comerciante del sector afirma que, gracias a las vibraciones generadas por la obra, el edificio donde se encuentra su negocio ha sufrido daños en la tubería. Además, menciona que las ventas que han tenido en el último tiempo no sirven para cubrir los gastos generados por el local, como servicios de luz y agua.
Ante la incertidumbre sobre las posibles soluciones que debe dar la Alcaldía se ha acercado varias veces a las reuniones convocadas por la Empresa Metro, donde no se menciona ningún proceso de acompañamiento a los comerciantes ni fecha de finalización de las obras.
En la avenida Caracas los comerciantes han sufrido dificultades económicas y sociales que los han mantenido en una posición de vulnerabilidad. Muchos de ellos afirman estar de acuerdo con las obras, más no con la falta de acompañamiento que se ha dado a quienes mueven la economía en el sector y han establecido su proyecto de vida alrededor de su negocio. No buscan beneficios sino garantías para que se proteja su derecho al trabajo en condiciones dignas, tanto en el presente como en el final de la obra del metro.