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Trámites engorrosos

Producción y escritura por Dayana Contreras, Carolina Morales y María Camila Pulido Publicado en Plaza Capital, mayo de 2021

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Danna Herrera, es una docente que a sus 21 años, mientras estaba desempleada, eligió el Dispositivo Intrauterino (DIU) como método anticonceptivo a través del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales
(Sisbén)El Sisbén es el sistema de información colombiano que enseña las condiciones sociales y económicas de los hogares para identificar quienes son beneficiarios de programas sociales.
Sisbén
. Tras cinco chequeos médicos anuales, en los que se registró una permanencia normal del dispositivo en su cuerpo, en enero de 2019, por medio de una citología, su ginecólogo detectó una alteración en las células de su útero.

Desde 2017, Danna está afiliada a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, de modo que a través de esta entidad solicitó una colposcopia, un examen en el que se evalúa a las pacientes que tienen resultados anormales en su citología, con el propósito de detectar cáncer de cuello uterino. A pesar de que gestionó los documentos para este procedimiento en enero de 2019, el agendamiento de su cita fue para febrero de 2020.

Pese a la demora en la asignación de la colposcopia, Danna logró presentar los resultados del procedimiento días antes de que iniciara la pandemia. El diagnóstico fue favorable: no tenía células cancerígenas en su cuerpo pero el especialista le ordenó retirarse el DIU, ya que llevaba seis años con él y, aunque su duración es entre 10 y 12 años, el ginecólogo necesitaba realizar otra citología para detectar por qué estaban alteradas las células de su útero.




Sin embargo, a causa de la propagación del coronavirus, los trámites para retirarse el DIU se frenaron. “Para poderlo quitar se necesitaba una cita presencial pero solo estaban atendiendo emergencias. Yo llamaba para solicitarla, pero me decían que solo me podían atender virtual o telefónicamente. Me manifestaban que por la pandemia no estaban realizando estos procedimientos”, afirma Danna.

Además del miedo por contraer el virus, la asistencia a los centros médicos durante el confinamiento estuvo afectada por las medidas gubernamentales de ofrecer una cobertura exclusiva a urgencias, lo que provocó afecciones en los controles médicos de carácter no inmediato.

En Colombia cada año mueren alrededor de 180 mil personas a causa de errores humanos vinculados con procedimientos quirúrgicos y negligencia médica, según un estudio realizado por el programa de Enfermería de la Universidad de
La SabanaLa Universidad de La Sabana es una institución de educación superior colombiana con programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados.
Universidad de La Sabana
en 2018 y, en medio de la pandemia, esta situación se agudizó. El confinamiento ocasionó que cerca del 71% de los colombianos pospusieron citas y procedimientos médicos para evitar el contagio: las consultas con medicina general, los exámenes de laboratorio y las citas con especialistas fueron las más aplazadas por temor al virus, de acuerdo con un estudio realizado por el observatorio Pulso del Consumidor de
SinneticSinnetic es una empresa de investigación de mercados, analítica de datos y desarrolladora en inteligencia artificial.
Sinnetic
.

A causa de las restricciones para mitigar los contagios de covid-19, los servicios de salud sexual y reproductiva estuvieron suspendidos por la pandemia debido a que algunas
IPS Las IPS son las instituciones privadas en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos.
Wikipedia
y EPS detuvieron la atención en sus centros médicos. De acuerdo con un informe publicado en junio del año pasado por Profamilia, “se estima que más de 47 millones de mujeres y jóvenes no pudieron acceder a métodos anticonceptivos, lo que podría resultar en 7 millones de embarazos no deseados”, por lo que la salud sexual y reproductiva debería ser una prioridad para la salud pública del país.

Dado el impedimento para poder retirar el DIU, la salud de Danna empezó a correr riesgo, pues aún no se había diagnosticado si era este aparato el que provocaba la presencia de células alteradas en su organismo. Tras su insistencia, en septiembre del año pasado pudo agendar una cita con planificación familiar para los primeros días de noviembre. A través de esta consulta, obtuvo una orden médica para proceder al retiro del dispositivo en diciembre. En este momento Danna está esperando los resultados de la citología para conocer qué ocasionó su diagnóstico.

Si quieres conocer más sobre la historia de Danna Herrera te invitamos a escuchar el podcast 'Negligencia y otras barreras para la anticoncepción en pandemia'.

Dayana Contreras · Negligencia y otras barreras para la anticoncepción en pandemia

Al igual que Danna, Tatiana Duarte padeció los trámites engorrosos que dejó la pandemia. En agosto de 2020, a Tatiana se le venció el implante subdérmico
Jadelle El Jadelle es una marca de implante subdérmico que tiene una duración de 5 años.
Profamilia
que tenía desde hace tres años. No obstante, su caso no era considerado una prioridad médica y hasta octubre logró conseguir una cita médica para retirarlo.

De acuerdo con el ginecólogo Daniel Suárez, el Jadelle no genera consecuencias secundarias al estar vencido y continuar dentro del cuerpo, sin embargo, “el dispositivo ya no tiene ningún efecto anticonceptivo porque no hay ninguna liberación de carga hormonal, entonces, la paciente estaría expuesta a un embarazo no deseado”. En ese sentido, Tatiana corrió el riesgo de quedar embarazada porque mientras el Jadelle estaba vencido, el Sisbén no le ofreció un método de planificación alternativo, lo que supone un abandono por parte del sistema de salud durante la crisis sanitaria.

Otro de los factores que impedía la asistencia de Tatiana a un centro médico era el miedo de su familia por contraer el virus, especialmente de su mamá, quien temía que Tatiana se acercara a un establecimiento clínico.

Aunque las resoluciones 769 y 1973 de 2008 establecen que es obligación de los servicios de salud ofrecer información sobre la anticoncepción y suministrar estos métodos para que las mujeres colombianas puedan decidir libremente si quieren o no tener hijos, el acceso a formas de planificación tiende a ser un trámite engorroso y más aún en pandemia.

Añadido a esto, según Profamilia, desde las EPS no hay un esfuerzo por educar a la población colombiana sobre el uso de anticonceptivos. “Las EPS no hacen campañas de anticoncepción. No he escuchado la primera
campaña Sin Preservativos, ni Pío fue una campaña en Santa Marta que promovía el suministro de condones en moteles, hoteles y residencias, con el fin de controlar posibles brotes del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
El Tiempo
diferente a la que hubo de "Sin Preservativos, ni Pío", pero era más como método de barrera frente al VIH en los años ochenta-noventa”, según dice Jonathan Vargas, gerente regional de esta organización.

De acuerdo con la organización
Nueve Meses Nueve Meses es una organización no gubernamental de maternidad, fundada por profesionales en salud y afines de la Universidad Nacional de Colombia.
Nueve Meses
, constituida por profesionales en ciencias de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, el primer inconveniente de las mujeres que están afiliadas al régimen contributivo consiste en que deben tener todos sus pagos al día para acceder a citas o procedimientos de planificación familiar, lo cual constituye un problema en medio de la crisis económica que desató el coronavirus.




De acuerdo con cifras del DANE, el año pasado la seguridad social perdió un millón de cotizantes en relación con 2019. Durante el confinamiento, se presentó una inestabilidad en los datos registrados por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
(Pila) Pila es un formato inteligente que le permite, a todas las personas y empresas, liquidar y pagar sus aportes al Sistema de la Protección Social.
Alcaldía de Bogotá
: en junio de 2019 había 11,43 millones de personas cotizando salud y pensión, mientras que en junio de 2020 esta cifra bajó a 10,4 millones, lo que indica que 1,02 millones de personas dejaron de estar activas dentro del sistema de seguridad social. Es decir, el millón de personas que suspendieron los aportes a salud y pensión no tendrían acceso a citas de planificación ni acceso a anticonceptivos por parte de sus EPS.

Sumado a esto, de acuerdo con Alejandra Martínez, enfermera de Nueve Meses, “muchos protocolos institucionales de las clínicas y centros de salud del país tienden a imponer barreras administrativas para que las usuarias puedan acceder a métodos anticonceptivos”. Estos impedimentos están relacionados con el retraso y aplazamiento de citas y la asignación con médicos especialistas y no con enfermeras o enfermeros que son los que realizan estos procedimientos.

Para las mujeres menores de edad gestionar citas de anticoncepción es mucho más complicado. “Algunos profesionales e instituciones ponen restricciones para que las menores de edad no puedan asistir solas a los servicios de salud para poder reclamar sus métodos de planificación y esto ha sido muy lesivo para la salud sexual y reproductiva de las adolescentes”, señala Martínez.