En 2018, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), algunos campesinos fueron detenidos arbitrariamente bajo acusaciones infundadas de colaborar con grupos armados ilegales. Estas detenciones arbitrarias resultaron en violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzados, exacerbando la vulnerabilidad de la comunidad. Esta información fue reportada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual de 2018.

En este sentido, según cifras de la Defensoría del Pueblo e Indepaz, Colombia es uno de los países con mayor número de líderes sociales asesinados en el mundo, donde la estigmatización es una de las grandes razones por las cuales, la violencia en contra de ellos, está normalizada en el país.

Frente a lo anterior, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, informó:

“Las amenazas se relacionan con la estigmatización, pues mediante las primeras, además de anunciar futuros asesinatos, desplazamientos y torturas, contra la persona defensora y los miembros de sus grupos familiares, comunidades y organizaciones, se señala a la persona defensora peyorativamente (…)”.

Es así, como este reportaje explora los padecimientos y las repercusiones de esta estigmatización en diversos aspectos de la vida de la comunidad, incluyendo el impacto de la Operación Artemisa del Ejército colombiano.

La estigmatización ha expuesto a los habitantes del Guayabero a agresiones violentas. Un ejemplo claro ocurrió un año después de haber iniciado la Operación Artemisa, es decir, en el año 2020 cuando como resultado de una operación ejecutada por el ejército nacional contra las disidencias de las FARC, resultó en la muerte de varios campesinos, acusados injustamente de ser guerrilleros.

Dicha operación fue conocida como la "Masacre del Guayabero", la cual fue ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos, quienes argumentaron que los civiles fueron víctimas de una acción desproporcionada basada en prejuicios y falta de pruebas concretas.

Frente a este hecho, Salomón Ibarra, periodista comunitario, señaló que la población sigue siendo señalada como guerrillera.

“O sea, ahora nos señalan como guerrilleros de la zona y somos los mismos periodistas, somos los mismos campesinos que tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos familias por mantener”, aseguró Salomón.

El periodista de Voces del Guayabero, además, mencionó que no sólo le ha sido suficiente a las fuerzas militares generar represión y sumisión, sino que también les catalogan como guerrilleros y eso, ha traído consigo otras implicaciones para estos campesinos cuya única lucha es la búsqueda por la garantía de sus derechos.

Esta estigmatización no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón estructural más amplio que afecta históricamente a regiones como el Guayabero, la cual está localizada en el sur del departamento del Meta y limita con el Guaviare, esta zona ha sido históricamente afectada por el conflicto armado en Colombia. Esta situación ha llevado a una profunda estigmatización de sus habitantes, quienes son frecuentemente asociados con grupos armados ilegales.

En línea con esta situación, Indepaz menciona que la estigmatización, poco a poco se convierte en una excusa para seguir perpetuando la violencia en el país contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos, ya que, en múltiples ocasiones, estas personas son acusadas de ser “aliados” de grupos al margen de la ley o de representar intereses contrarios al orden público. Con esto, estas personas se convierten en blancos de amenazas y asesinatos.

La historia detrás de la noticia

El Guayabero ha sido escenario de conflictos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), disidencias de estas, y fuerzas del Estado. Desde los años 80, la región ha sido un punto estratégico para el cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que atrajo la presencia de diversos actores armados. Esta situación ha generado una percepción negativa hacia sus habitantes, considerados muchas veces cómplices o colaboradores de estos grupos, pero en realidad, la coca se convirtió en la única alternativa viable para garantizar la alimentación del día a día.

Ante este panorama de abandono institucional y estigmatización, ‘Mincho’, periodista comunitario, informó:

“No tenemos vías de acceso, no tenemos mucho menos ayuda del gobierno, no las hay. La única ayuda del gobierno es cuando manda la fuerza pública a estropear al Campesino... Si el gobierno dijera, bueno, vamos a ayudar a este grupo de Campesinos a que cambie lo legal, lo ilegal por legal, el Campesino está de acuerdo (…)”, afirmó ‘Mincho’, miembro de Voces del Guayabero.

Aunado a esto, añadió que cultivar y transportar coca en las condiciones de las vías del territorio que habitan, es mucho más fácil que cultivar y transportar cualquier otro producto de la tierra.

Según Amnistía Internacional en un informe publicado en el 2022, la coca que posteriormente y tras varios procesos químicos se convierte en cocaína, es el único producto que tiene la suficiente demanda como para que los compradores se desplacen a estas zonas para recogerlo. Bajo esa lógica, en territorios alejados que carecen de vías de acceso y conectividad, el cultivo de esta planta se convierte en la única forma de subsistencia que nada tiene que ver con relaciones con los grupos al margen de la ley, pero que aun así, genera una fuerte estigmatización.

Debido a lo anterior, ningún otro cultivo ha logrado reemplazar el capital económico que proporciona la coca en regiones como el Guayabero. Dora Martínez, periodista comunitaria, señaló que no hay ayudas que les brinden, “(…)porque es que si yo me pongo y siembro plátano, me toca sacarlo por ahí seis horas de a caballo, hasta donde hay una lancha –que muchas veces no la hay– y un rato por el río, un par de horas, y luego salir hasta donde haya un un carrito a traerlo acá. Eso cuando lleguen los plátanos ya llegan maduros, ya no sirven”, afirmó.

Operación Artemisa

La Operación Artemisa, lanzada en 2019, fue una estrategia del gobierno colombiano para combatir la deforestación y proteger los parques naturales en la Amazonía, incluyendo la región del Guayabero. Aunque su objetivo principal fue la protección ambiental, la operación tuvo consecuencias significativas para la comunidad local.

Un punto clave fue el desalojo de campesinos en el marco de la operación. Las fuerzas del Ejército llevaron a cabo desalojos forzados de campesinos acusados de deforestar áreas protegidas. Sin embargo, muchas de estas personas han sido desplazadas previamente por el conflicto armado y buscan tierras para su sustento.

Los desalojos no sólo agravan la situación de desplazamiento, sino que también generan tensiones entre las autoridades y la población local. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo catalogó el desalojo de campesinos como una de las principales variables de amenazas y discriminación en contra de ellos. Por esta razón, este organismo de control ha insistido en que la normatividad como su aplicación, deben garantizar la reparación a todas las personas que hayan sido víctimas del despojo de sus tierras y desalojo.

Según la Comisión Colombiana de Juristas, a esta problemática se le suma la criminalización de la pobreza, pues la Operación Artemisa ha sido criticada por criminalizar a los campesinos pobres que, en muchos casos, no tienen otra opción que ocupar tierras en áreas protegidas para sobrevivir. La falta de alternativas económicas y apoyo estatal hace que estas comunidades se vean atrapadas entre la necesidad de subsistencia y la presión de las políticas ambientales.

Asimismo, la Comisión Colombiana de Juristas asegura que el conflicto por la tierra ha sido un fenómeno estructural del país y el despojo de campesinos pobres ha sido una constante que ha persistido durante el tiempo, generando ciclos interminables de violencia, estigmatización, desplazamientos masivos y despojo de tierras, siendo este último uno de los objetivos estratégicos de varios actores no sólo armados, sino también económicos y políticos.

Esta problemática se agudiza en el caso del Guayabero donde la percepción de la fuerza pública junto a los plantones que ha realizado la comunidad ha propiciado la violación de derechos humanos, al punto que varias organizaciones han denunciado abusos cometidos durante las operaciones de desalojo, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas, cultivos y detenciones arbitrarias. Estos actos exacerban la estigmatización y el sufrimiento de la comunidad del Guayabero.

Desplazamiento forzado

La violencia y la estigmatización han obligado a muchas familias a abandonar sus tierras. Según datos de la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 2015 y 2020, se registraron más de 1,500 personas que fueron desplazadas forzosamente en el Guayabero. Estas personas, al llegar a nuevas regiones, enfrentan la desconfianza de las comunidades receptoras y las dificultades para integrarse y acceder a servicios básicos.

Frente a esta situación, Salomón Ibarra, periodista comunitario, mencionó que anteriormente él vivía en el departamento del Caquetá, pero se vio obligado a salir debido a la presión recibida por parte del Estado, ya que grupos al margen de la ley le estaban buscando para asesinarle, no sólo a él sino también a su familia y por esta razón, llegó a la región del Guayabero.

Este tipo de desplazamientos forzados no son casos aislados, sino parte de una dinámica histórica más amplia, como lo plantea William Ospina, en su libro Pa´que se acabe la vaina, donde menciona que Colombia ha vivido el conflicto político más dramático del hemisferio occidental con cientos de millones de muertos y miles de migrantes –saliendo o desplazándose hacia otros territorios de su mismo país, pero el problema más grande al que se enfrentan ahora, es que después de 20 años, es el mismo Estado quien los está obligando a entrar y a salir de los territorios.

El informe presentado por la Comisión de la Verdad en diálogo con el Center For Spatial Research de la Universidad de Columbia, el cual reconstruyó una geografía del desplazamiento forzado, menciona que este hecho ha desgarrado pueblos enteros y comunidades en todo el territorio nacional colombiano, desde sus inicios pero sobre todo, en los últimos 30 años. Esto ha traído consigo, un éxodo masivo de personas que fueron obligadas a dejar sus vidas construidas en sus territorios con todo y la desvinculación que ello les ha implicado: desvinculación familiar, geográfica, territorial, cultural, entre otros.

Frente a esto, la Comisión de la Verdad afirma que ciudades como Bogotá, Medellín y Santa Marta han sido históricamente ciudades receptoras de población víctima del conflicto armado. Sin embargo, a estas capitales se suman pueblos pequeños que han cumplido el mismo papel, tales como el Golfo de Urabá, las Sabanas de la Costa Atlántica y los Montes de María, no obstante, no todas las personas abandonan por completo sus territorios, ya que muchas de ellas deciden moverse dentro de los mismos como sucede a menudo en regiones como Buenaventura y Tumaco.

Este fenómeno de movilidad también ha generado tensiones jurídicas y administrativas en relación con el derecho a la tierra, especialmente en territorios considerados áreas protegidas. En el 2013 la Entidad de Abogados Grupo de Predios, lanzó una remisión de concepto jurídico donde abordaban el Derecho al registro de tierras despojadas de las personas víctimas del desplazamiento que habitaban en áreas protegidas del Sistema de Parque Nacionales Naturales bajo la Ley 1448 de 2011.

En este documento de 20 páginas, respaldan jurídicamente el derecho de las personas que fueron víctimas del desplazamiento a causa del conflicto armado como medida de reparación. A pesar de este sustento legal, la comunidad afirma que, en su momento, quisieron comunicarse con la organización de abogados, Grupo de Predios (OAJ), Parques Nacionales, para tratar de entender lo que estaba sucediendo, pero no tuvieron respuesta alguna. Según lo relatado por Salomón Ibarra, al parecer, ningún proyecto tuvo éxito porque no pudieron asegurarles a las víctimas del conflicto tener escrituración de su territorio, pues según lo afirman, lo que hoy tienen en sus manos sólo es un papel de compraventa.

Frente a esta situación, Salomón Ibarra afirmó:

“Nosotros hemos estado en píe de lucha y si por eso nos van a acabar, pues así toca. Pero no podemos abandonar nuestra región, tenemos que dar a conocer lo que está pasando. Porque esto no es por mí, no por el vecino, sino por toda la región en general”, aseguró Salomón.

Marginación Social y Económica

Los prejuicios contra los habitantes del Guayabero también se manifiestan en la exclusión social y económica. Los productos agrícolas de la región, principalmente el cacao y la yuca, enfrentan barreras para ser comercializados en mercados externos debido a la desconfianza de los compradores. Esto ha limitado las oportunidades económicas y ha perpetuado la pobreza en la región.

Un ejemplo de lo anteriormente dicho, es el caso de la Asociación de Productores de Cacao del Guayabero (APROCAGUA), que ha luchado por obtener certificaciones y acceso a mercados más amplios, sin embargo, enfrentan constantes trabas debido a la percepción de que la región sigue vinculada al narcotráfico.

Esta estigmatización comercial se enmarca en una problemática estructural más profunda como lo explicó José Manuel Alba-Maldonado, estudiante de doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia explica que los pueblos campesinos han sido blanco de abandono y olvido.

“Los pueblos Campesinos han sido históricamente olvidados en Colombia, son ellos quienes concentran la pobreza y los niveles de NBI; son estas comunidades las que viven en medio de la guerra y sus víctimas, ocasionando desplazamientos masivos”, aseguró.

Así mismo, el estrés y la ansiedad son comunes entre los habitantes del Guayabero, exacerbados por la constante amenaza de violencia y desplazamiento. Un estudio de Médicos Sin Fronteras en 2019 reportó altos niveles de trastornos de estrés postraumático (TEPT) y depresión en la comunidad. La falta de acceso a servicios de salud mental agrava esta situación, ya que muchas personas no reciben el apoyo necesario para lidiar con el trauma.

En la Revista Colombiana de Psiquiatría, Scielo, se publicó un estudio donde se menciona que la población víctima de conflicto armado tiene más posibilidades de sufrir trastornos mentales que las personas que no han pasado por ninguna situación de desplazamiento. Entre esos trastornos se encuentran la depresión, la ansiedad y trastornos psicosomáticos; población que a su vez, tiene mayor probabilidad de ideación suicida y trastorno bipolar.

El estrés y la ansiedad son comunes entre los habitantes del Guayabero, exacerbados por la constante amenaza de violencia y desplazamiento. Un estudio de Médicos Sin Fronteras en 2019 reportó altos niveles de trastornos de estrés postraumático (TEPT) y depresión en la comunidad. La falta de acceso a servicios de salud mental agrava esta situación, ya que muchas personas no reciben el apoyo necesario para lidiar con el trauma.

En la Revista Colombiana de Psiquiatría, Scielo, se publicó un estudio donde se menciona que la población víctima de conflicto armado tiene más posibilidades de sufrir trastornos mentales que las personas que no han pasado por ninguna situación de desplazamiento. Entre esos trastornos se encuentran la depresión, la ansiedad y trastornos psicosomáticos; población que a su vez, tiene mayor probabilidad de ideación suicida y trastorno bipolar.

De la misma forma, la estigmatización afecta gravemente a los niños y jóvenes del Guayabero donde el acceso a la educación es limitado debido a la inseguridad y la falta de infraestructura. Además, según la Coalico –organización que lucha contra la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado en Colombia–, en un informe presentado en septiembre del 2024, los adolescentes y jóvenes siguen estando en la mira de los grupos armados en Colombia.

Lo anterior debido a que se convierten en las personas perfectas para colonizar e integrar a sus filas. Es así como, para el primer semestre del año 2024, al menos 17 mil niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por las dinámicas del conflicto armado y las violencias conexas en Colombia y aquellos que logran asistir a escuelas en otras regiones enfrentan discriminación y acoso.

Un caso emblemático es el de María, una joven de 16 años que tuvo que abandonar su escuela en Villavicencio debido al constante bullying por ser del Guayabero. Su historia es un reflejo de cómo la estigmatización puede truncar el futuro de los jóvenes.

Además de estas afectaciones individuales, la constante estigmatización también ha llevado a una pérdida de identidad cultural. Muchos habitantes prefieren no revelar su origen para evitar prejuicios. Esto no solo afecta a la cohesión social, sino que también pone en riesgo la rica herencia cultural de la región. La Asociación Cultural del Guayabero ha denunciado la disminución de eventos y celebraciones tradicionales debido al temor de ser identificados como habitantes de una "zona roja".

En definitiva, la estigmatización de la comunidad del Guayabero ha tenido profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida de sus habitantes. Desde la violencia y el desplazamiento hasta la exclusión económica y social, los prejuicios han perpetuado un ciclo de pobreza y marginación. Es crucial que se implementen políticas inclusivas y de reparación que reconozcan el sufrimiento de esta comunidad y les brinden las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad.

Esta es la verdadera cara de la comunidad por medio de Voces del Guayabero