“Mañana nos vemos aquí a las 6 de la mañana”, dice César Ruíz mientras se despide y entra por la gastada puerta metálica de su casa, ubicada a la orilla de la carretera que va desde Tibú hasta La Gabarra. César llegó al Catatumbo hace 18 años y desde aquel entonces es líder comunal. Empezó como presidente de la Junta de la vereda Galán, ubicada a escasos minutos de Venezuela. Al día de hoy, es el líder de la Asojuntas de la zona 1 de Tibú, organización que agrupa Juntas de 26 veredas. Además, es el presidente de la JAC de la vereda en la que vive: Campo Raya.

Como más de 8 millones de personas, César es un desplazado por la violencia. Tuvo que salir de su natal Puerto Rico -Caquetá- a los 13 años por las tensiones armadas y ha dejado pasos, sudor y trabajo en tierras bogotanas, caucanas, huilenses y en el Catatumbo. Al sol de hoy, con algunas arrugas en la cara, piel trigueña ligeramente quemada y ojos oscuros que vibran bajo su sombrero de fibra caña flecha, César organiza a las comunidades de las veredas que lidera para realizar proyectos en torno a la educación, el transporte, la salud y otros derechos humanos.

Amanece en la 'La casa del trueno'. Entre los cultivos de palma se asoma el sol catatumbero, se escucha el ‘quiquiriquí’ de los gallos, empiezan a transitar motos por la carretera principal y las puertas de la casa de César ya están abiertas. “Siempre que yo esté, la puerta se encuentra abierta para recibir a quienes me necesiten”.

A su casa llegan personas para preguntarle cosas tan cotidianas como la hora de la próxima reunión de Junta o para pedirle otras tan complejas como un lote para vivir y trabajar. A pesar de que hace tres años César recibió el “tiquete de la muerte” -como él le llama a la amenaza de muerte que llegó a la puerta de su casa-, el líder caqueteño no duda en seguir atendiendo a todo el que llegue a buscarlo con las puertas abiertas.

Como a César, a muchos dirigentes comunales les ha tocado afrontar las violencias relacionadas con ser líderes sociales en una “zona roja”; tema desarrollado en el reportaje El nacimiento y el envenenamiento de las Juntas Comunales en el Catatumbo. Pero los líderes, las Juntas de Acción Comunal y la organización campesina en el Catatumbo han afrontado tales violencias y siguen resistiendo al conflicto armado y a la presencia diferenciada del Estado para organizar a sus comunidades en busca de la garantía de derechos humanos para los habitantes de la región.

A continuación, podrá enterarse de qué estrategias han usado los líderes y las Juntas de Acción Comunal para mejorar las condiciones de vida del pueblo catatumbrero en cuanto a la educación y al abastecimiento de alimentos. También podrá entender cómo los comunales han unido esfuerzos para garantizar el transporte en la región y cómo han logrado consolidar lo que muchos en la zona entienden como un gobierno autónomo.

Autogestión para educar en la ruralidad

“Aquí no había nada. No se conocía qué era estudiar. Llegó la radio Sutatenza y con esta muchos líderes comunales se prepararon para enseñarle a las comunidades a leer y a escribir. También enseñaron cosas como el manejo de varios cultivos y la tecnificación. Yo no viví eso, pero mi papá, que fue uno de esos líderes y profesores que enseñaron, me contó”. Eduardo Martínez*, líder comunal de la vereda Potrero Grande en el municipio de San Calixto.

Como el papá de Eduardo*, en los años sesenta y setenta los líderes comunales fueron vitales para difundir conocimientos en la región con las herramientas que tenían a la mano; entre ellas, Radio Sutatenza La Radio Sutatenza fue una emisora radial colombiana que emitió programas educativos desde 1947 hasta 1989 en busca de crear un modelo educativo para el campesinado colombiano..

Además de enseñar a través del voz a voz, las Juntas de Acción Comunal se preocuparon integralmente por la educación en la región. Realizaron -y siguen realizando- proyectos como la adecuación de espacios para escuelas rurales en varios rincones del Catatumbo, entre ellos en la vereda Campo Raya, en donde vive el líder comunal César Ruíz.

Mientras vamos en moto camino a la escuela veredal de Campo Raya, don César habla sobre uno de los proyectos que en el momento gestionan desde la Junta Comunal: construir un nuevo salón para la escuela. De hecho, el motivo de la visita a la escuela es una reunión para proyectar el inicio de la construcción del aula con los padres de familia, un grupo de trabajadores, el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal y la tesorera.

Al llegar, detrás de una puerta de alambre gastado se ven los techos de la escuela, en donde a primera vista aparece el comedor, en el que hay dos mesones largos en los que algunos niños almuerzan arroz y tajadas de plátano servidas en platos de plástico. A la izquierda del comedor se ve un salón que fue construido en el marco del proyecto Colombia Transforma. “El gobierno nos dio los recursos y nosotros colocamos la mano de obra”, cuenta don César. Detrás de ese salón, están otros dos que fueron construidos por la comunidad con recursos reunidos por la Junta Comunal a través de bazares, rifas y torneos de fútbol.

El calor es tan fuerte que tras saludar a don César, los líderes comunales y los trabajadores deciden buscar sombra bajo un árbol, pues allí corre un poco más de brisa que en el comedor de concreto que absorbe el calor que irradia el sol ‘catatumbero’.

Antes de empezar con el tema del salón, Fernanda*, tesorera de la JAC, le pasa a don César una carta para que la firme. La carta está dirigida a la Alcaldía de Tibú y a través de esta, la Junta de Campo Raya solicita la donación de una electrobomba, pues sin tal artefacto es imposible garantizar que el agua llegue a todos los espacios de la escuela en la que estudian más de 300 niños, entre ellos hijos de campesinos catatumberos y de migrantes venezolanos que han llegado a la región desde hace más de cinco años.

Así, a través de solicitudes, de diálogos y de gestiones, la JAC va buscando los enlaces para garantizar que en la escuela haya una educación digna. Don César cuenta que en la escuela hay internet gracias a una petición que la Junta le hizo a la empresa privada que presta el servicio de internet en la vereda a través de la instalación de antenas particulares. Dicho y hecho. Después de dos meses, la empresa llegó con una antena y la instaló en la escuela.

Más allá del interés de beneficiar a la comunidad como Junta de Acción Comunal, ¿a qué se debe que la gente de la región se organice para mantener en buen estado las escuelas? La socióloga Marcela García cuenta que : “si bien el mantenimiento de la escuela y de su estructura sanitaria no es responsabilidad de las juntas, ellos saben que en la escuela estudian sus hijos y por ser sus hijos dan su mano de obra y plata de su bolsillo para que el lugar esté en buenas condiciones, pues son conscientes de que si ellos no lo hacen, no va a haber Estado que llegue mágicamente a garantizarles el derecho a la educación”.

En la escuela, bajo el potente sol, siguen charlando los líderes comunales y los trabajadores. Aproximadamente, la obra puede valer 20 millones de pesos, de los cuales la Junta ya ha reunido ocho gracias a dos bazares, bingos y varias rifas que vienen realizando hace más de cinco meses. Mientras los líderes comunales hablan de cómo seguirán consiguiendo los recursos, los trabajadores empiezan con la proyección de la obra, midiendo el espacio en el que estará ubicado el salón y pensando en detalles como la ubicación de las ventanas para que el viento corra y mantenga aireado el lugar, así vayan a tener ventiladores dentro.

"La gente suplía y sigue supliendo las responsabilidades del Estado en relación a la infraestructura de las escuelas. Las comunidades han tenido que hacer bazares, rifas y demás eventos para conseguir los pupitres, arreglar la escuela, poner los techos y como tal para que existan unas mínimas condiciones que permitan garantizar el derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes", dice Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina -en Teorama- desde hace más de 15 años.

Además de las dificultades en cuanto a salones y estructuras adecuadas para garantizar la educación, el tema de los profesores capacitados para dictar clases suele ser otro inconveniente en la región. Según cuenta don César, esto es un problema porque ha pasado -y pasa- que el Estado no manda la cantidad de profesores necesarios para cubrir la demanda educativa de la zona, pues “el máximo de niños que un docente debería tener por salón son 25, pero en realidad llegan a tener 40 o 50 por clase”.

En el Catatumbo, el problema de los profesores se agudiza porque como en varias zonas en conflicto a lo largo y ancho del país, el acceso de docentes y personas ajenas al territorio es difícil por las tensiones causadas por los armados. Pero tal como contó Miguel Grijalba, investigador del componente de Diálogo Social y de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad en el Catatumbo, las Juntas de Acción Comunal han sido ese puente que ha permitido la llegada al territorio de profesores que vienen de otras partes, esto por el respeto que tienen las juntas. En el territorio, garantizan seguridad, alimentación y vivienda para que los profesores se adecuen a la región y tengan autonomía.

Si bien es cierto que las Juntas, la comunidad y de alguna manera el Estado han contribuido para garantizar el derecho a la educación en la región, también lo es que falta mucho camino por recorrer. Tras preguntarle por el ausentismo escolar a don César, cuenta:

“Aquí sucede que hay niños que salen de quinto de primaria a hacer primero de bachillerato y en la zona rural no tenemos la capacidad, ni los sitios ni los docentes para garantizarles tal educación. Entonces ellos tienen que desplazarse al colegio principal trepados en busetas, camionetas y carros particulares, arriesgando su propia vida para ir a estudiar. Desde aquí, el colegio principal está a 1 hora y 25 minutos en carro. Y claro, hay niños cuya finca está a 1 hora de aquí. Entonces, para ir a estudiar a los niños les toca hacer el sacrificio de ‘andar’ en promedio dos horas”.

Juntanza comunal para construir caminos y mantener vías

“Lo que le corresponde a Invias, lo está haciendo el poder popular”, dice César mientras vamos en moto camino a la vereda P30 para una reunión con la Junta Comunal y los habitantes de la zona. El objetivo de la reunión es convencer a los habitantes de la comunidad de que presten una tubería para reparar los puentes Caño Esmeralda y Caño Raya. Ambos pasan por encima de quebradas y hacen parte de la vía principal de Tibú a La Gabarra. A lo largo de los puentes, día a día transitan buses ochenteros con pasajeros, misiones médicas y familias campesinas de la región.

Según cuentan campesinos que día a día pasan por el puente Caño Esmeralda, este lleva dañado algo más de dos meses y por el hueco de cerca de un metro de ancho que divide el puente han caído personas que terminan en la quebrada. En el hueco también suelen quedar estancadas motocicletas o carros bajitos que intentan cruzar de lado a lado. Ante esta situación, Asojuntas radicó una carta a la Alcaldía de Tibú y a Invias solicitando la reparación del puente.

Pero, como dice don César, “aquí nos toca tomar la iniciativa porque si esperamos la respuesta, nos quedamos uno, dos o tres años ‘en esas’ y mientras tanto se pone en riesgo la vida de la gente que pasa día a día por los puentes”.

Para llegar a la vereda P30, es necesario desviarse de la vía Tibú - La Gabarra y tomar una vía cuaternaria que está pavimentada hasta el punto de inyección del oleoducto Caño Limón - Coveñas. De ahí para allá, lo raro es no levantar polvo al atravesar la carretera destapada. Al llegar a la vereda, en el patio de la primera casa es visible un grupo de personas sentadas en sillas plásticas ubicadas en círculo. Se trata de los afiliados de la Junta de Acción Comunal del lugar, que esperan a don César para iniciar la reunión.

Luego de una introducción de la presidenta de la Junta Comunal, don César toma la vocería, da contexto de la situación y le pide el favor a la comunidad de que presten los tubos a la Asojuntas para reparar los puentes. Entre otras cosas, ‘el comunal’ menciona que es urgente reparar el puente ya que por este pasan niños que van hacia las escuelas, brigadas médicas, transportadores y campesinos que día a día se desplazan rumbo a sus labores cotidianas.

Tras la intervención inicial, se escuchan murmullos que se van convirtiendo en algarabía; son las reacciones de las cerca de 30 personas presentes en el lugar. Ante esto, el líder comunal va por grupos resolviendo las dudas que tienen las personas respecto al préstamo.

Un integrante de la Junta, que prefirió no dar su nombre por cuestiones de seguridad, comenta que entre las principales preocupaciones de ellos se encuentra que no devuelvan la tubería, pues llevaban cerca de tres años esperando los tubos que servirán para construir el acueducto de la comunidad, que hasta el momento no dispone de agua potable más allá de un pozo que ellos mismos cavaron.

Luego de 30 minutos de comentarios, ires y venires, llegó la hora de votar. ¿La Junta de Acción Comunal de la vereda P30 le prestará la tubería a Asojuntas de las zonas 1 y 4 de Tibú para la reparación del puente?

Por las manos de cada afiliado de la Junta que está en la reunión empieza a pasar un cuaderno en el que con una rayita en la mitad del sí o del no plasman su voto. Al final, el resultado de la votación es prestar la tubería, ante lo que don César agradece y nuevamente se compromete a devolver los tubos en un plazo no mayor a 15 días.

Ahora, lo que sigue es volver en los próximos días a la vereda con un camión para recoger los tubos y llevarlos al puente Caño Esmeralda, ubicado a 30 minutos del lugar en moto y 35 en camión.

Para el transporte de los tubos, don César y el presidente de la Asojuntas de la zona 4 de Tibú contactaron al gremio de transportadores de La Gabarra, quienes se ofrecieron a donar el servicio del camión ya que se trata de una obra que le servirá a toda la comunidad, incluyéndolos a ellos. Se trata de tubos metálicos de ocho metros de largo; cada uno puede llegar a pesar 80 kilos y para reparar el puente se necesitan cerca de 30 tubos.

Pasaron dos días desde la reunión en la vereda P30 y don César va en camino nuevamente, pero esta vez en la camioneta que la Unidad Nacional de Protección le suministró para moverse de manera segura en el territorio y que él usa para el desarrollo de las labores sociales. Junto a don César, en la camioneta van trabajadores que ayudarán a subir los tubos al camión que prestó el gremio de transportadores de La Gabarra.

El sol no da tregua, pero el trabajo espera. Cerca de 10 trabajadores empiezan a cargar los pesados tubos al camión. Por el óxido y porque han absorbido el calor que irradia el sol catatumbero, los trabajadores levantan los tubos usando un cartón o tela entre sus manos y el hirviente cilindro. Uno a uno, cargan los cerca de 30 tubos y al finalizar comparten gaseosa y pan que invitó don César.

- ¿Cuánto les pagan por este trabajo?

- No es mucho, pero lo hacemos más que todo porque es para el beneficio de la comunidad. Si no trabajamos juntos, nadie va a arreglar el puente por nosotros.

Ya con los tubos en el camión, don César y representantes de la Junta Comunal de la vereda P30 concretan el préstamo firmando el acta de entrega del material. “Aquí trabajamos así, por organización preferimos tener todo por escrito, aunque la confianza va más allá del papel”, dice la representante de la Junta Comunal de la vereda P30, que decidió no dar su nombre por motivos de seguridad. Entre otras cosas, el acta dice: “la cantidad de metros de tubería que entregamos son 558 metros, recibidos por César Ruíz y representantes de Asojuntas de la zona 4, corregimiento de La Gabarra”

Ya con los tubos, sigue cotizar la mano de obra para instalarlos en el puente. ¿Pero dónde sale el dinero para pagarle a los trabajadores que subieron los tubos al camión y para pagarle a los que soldarán en el puente?

“Para la ejecución de estas obras, en las Juntas Comunales tenemos el Comité de vías, que maneja los peajes comunitarios”, cuenta don César.

Los peajes comunitarios son una estrategia que usan las Juntas Comunales para recaudar fondos desde hace más de 20 años. Son peajes que las comunidades crean y gestionan en vías internas de la región; su composición es muy sencilla. La carretera es atravesada por una cuerda que puede ser de cabuya o cadena, y, a la orilla, una persona delegada por la Junta se encarga de cobrarle a quien pase por el lugar una cifra determinada.

Dependiendo del vehículo, varía el costo del peaje. Usualmente, las motos pagan $1.000COP, mientras que los carros pagan $5.000COP. Al pagar, el encargado entrega un ticket en el que normalmente está el nombre del peaje, la Junta Comunal que lo gestiona, el valor y la fecha. Con ese ticket, se puede pasar nuevamente por el peaje durante las próximas 24 horas sin tener que pagarlo.

Aquí puede escuchar qué son los peajes comunitarios y cómo funcionan desde la voz de don César y desde la voz del investigador Grijalba.

Así, a través de la autogestión, de la colaboración de diversos sectores y de mecanismos como los peajes comunitarios, las Juntas Comunales se organizan para mejorar las vías de la región en la medida de lo posible.

Autogobernanza y justicia comunal

Con trabajo comunitario, autonomía y gestión de proyectos en pro del campesinado, las JAC han ganado legitimidad en sus territorios a tal punto que llegan a ser espacios para resolver situaciones cotidianas entre vecinos y son entendidas por muchos como el gobierno autónomo de la región.

“Para nosotros las Juntas Comunales son un gobierno pequeñito en cada vereda. Entre todos respetamos a cada JAC, que tiene sus reglamentos internos y su jurisdicción”, dice Juan Rosas*, presidente de la Junta de la vereda Los 2 amigos en el municipio de Tibú. Juan, que es presidente de Junta Comunal desde los 18 años, cuenta que nació para ser líder comunal y que lo ha sido hasta el día de hoy, a sus 42 años.

Juan, ‘catatumbero’ de cepa oriundo del municipio de San Calixto, cuenta que en la región la mayoría de la gente cree en las Juntas Comunales y participa en las votaciones para elegir presidente, vicepresidente y a los integrantes de los comités que componen a cada Junta. Entre los comités de los que habla el líder comunal se encuentra el Comité Conciliador, que usualmente está conformado por tres personas encargadas de mediar para resolver cualquier problema que surge en la vereda.

"Los comités conciliadores son un grupo que está en toda JAC y son los que arreglan variedad de problemas en las comunidades: problemas de pareja, de linderos, de delitos, de violación de reglas, etc", contó Juan Quintero, presidente de ASCAMCAT y líder comunal.

“En el Catatumbo, las JAC tienen un muy buen reconocimiento como el primer órgano de resolución de conflictos, garantización de derechos y de diálogo en las veredas porque son lo más cercano al Estado, aunque las JAC no son instituciones del poder ejecutivo ni nada; simplemente son impulsadas por el Estado pero no hacen parte de este”, contó el politólogo y aspirante a la maestría de Comunicación y medios de la Universidad Nacional Juan David Vargas.

Cuando vivía en la vereda Guadalupe, Marleny Buitrago era una de las personas que trabajaba en el Comité Conciliador; contó que era un trabajo ‘berraco’ porque se enfrentaba a todo tipo de problemas y en muchas ocasiones las personas creían que ella tomaba partido por una de las partes gracias a motivos personales.

“Lo primero que hacíamos era escuchar las versiones de ambas partes pidiendo calma y la mayoría de veces las personas terminaban ‘alegando’. Entonces, con base en el problema, por ejemplo, que se rompió un lindero entre dos fincas, las tres personas del Comité Conciliador les ofrecíamos soluciones prácticas que beneficiaran a las dos partes en la medida de lo posible”.

Respecto a este modo de justicia aplicado por las Juntas en las regiones del Catatumbo, la trabajadora social Marcela García dice: “en vez de tener una actitud punitiva frente a los problemas que surgen, lo que hace la JAC es sentar a ambas partes, hablar al respecto y al final, a partir del trabajo colectivo busca resolver la situación. Este modelo de justicia restaurativa es fundamental para el tejido social, pues no propicia la enemistad entre campesinos y busca soluciones colectivas”.

Ahora, si las personas no llegan a ningún acuerdo y son reacias a las soluciones ofrecidas por el Comité Conciliador, el siguiente paso es ponerles una sanción, que más allá de ser económica, es algo que ayude a la comunidad. “Si peleaban y no llegaban a acuerdos, multabámos a ambos por ejemplo con $500.000COP en bultos de cemento, o que sembraran yuca, plátano y maíz para los almuerzos de los bazares que hacían las JAC”, dice Marleny mientras recuerda su trabajo como conciliadora en la vereda Guadalupe. “Entre esas sanciones yo propuse que a los borrachos agresivos les cobraramos multas para comprar tejas de zinc para la escuela. A la gente de la comunidad le gustó la idea y así fue”.

Además del Comité Conciliador, en las Juntas existen otros comités como el de ambiente, mujeres, transporte, educación y varios más que pueden nacer dependiendo de las necesidades y características de cada vereda.

Día a día, a través de los comités, cada Junta planea y gestiona proyectos que buscan garantizar derechos y servicios básicos de sus comunidades. Al momento de la finalización de la escritura de este reportaje, en la Junta Comunal de la vereda Los 2 amigos, liderada por Juan*, están en marcha dos iniciativas.

La primera es la electrificación a través de paneles solares que les está mandando el gobierno, y, la segunda es el mejoramiento de la vía para llegar a la vereda porque, según cuenta el líder comunal, está en pésimo estado. “Para lo de la vía, nos toca ‘meternos la mano a nuestros bolsillos’ y cuando reunimos la plata, contratamos unas máquinas y ‘le hacemos’ hasta donde alcance. Para las vías, siempre nos ha tocado así, con nuestros recursos. El gobierno somos nosotros mismos y lo que podamos hacer por la comunidad”.

Así, a través de la autogestión y de las alianzas entre diversos sectores de las comunidades, las juntas han trabajado hasta ganarse el reconocimiento de ser el gobierno autónomo de la región. Según cuenta Juan*, todavía falta mucho, pero el sueño de él y de muchos líderes comunales del Catatumbo es que en cada comunidad existan proyectos productivos, educación para todos los niños y jóvenes, que la juventud tenga sueños y que logren vivir en paz.

“Ese es el anhelo que tenemos como dirigencia comunal. Puede que falte mucho para llegar a ese momento pero soñar no cuesta nada y seguimos trabajando por nuestros sueños”, concluyó el líder comunal Juan Rosas*.

*Los nombres de líderes y líderesas comunales fueron cambiados por motivos de seguridad.