Hace cinco años, al pasar por la finca de José Antonio Navas, ubicada en Socuavo, a la orilla de la carretera entre Tibú y La Gabarra, era imposible no fijarse en la valla de más de cinco metros de largo por seis de ancho que decía “Bienvenidos a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo”. Al día de hoy, en la finca de José Antonio no están ni la valla ni él. José Antonio era líder comunal, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Guardia Campesina del Catatumbo. Fue asesinado el 29 de noviembre de 2018 y al día de hoy se desconocen los responsables del crimen.

“Era un señor humanista, muy participativo y trabajaba liderando procesos sociales. Lo mataron mientras se desplazaba de su casa a otra parcela que tenía”, cuenta Fernando López*, amigo de José Antonío que ejerce liderazgo comunal en la región en la que sucedió el crímen.

Fernando* contó que es muy posible que el asesinato de su amigo José Antonio estuviera relacionado con la valla que tenía en su finca. En la región, hay quienes no están de acuerdo con las Zonas de Reserva Campesina Las Zonas de Reserva Campesina son una figura de ordenamiento territorial que busca el aprovechamiento de los suelos baldíos favoreciendo a comunidades campesinas con el fin de estabilizar la economía de estas y con objetivos culturales y económicos. porque estas afectan sus intereses políticos y económicos, razón que parece ser la principal por la cual suceden agresiones contra líderes comunales y campesinos.

“Por su trabajo comunitario y apoyo a la Zona de Reserva Campesina, José Antonio empezó a ser la ‘piedrita’ en el zapato de algunos sectores. Es en ese momento en el que uno empieza a correr el riesgo de perder la vida”, cuenta el líder comunal Fernando López*. Y es que José Antonio fue muy insistente en mantener la valla de la ZRC en su finca. “El día que fue instalada, desconocidos la derribaron. Él la volvió a levantar e incluso le puso electricidad alrededor para protegerla”, dijo Juan Quintero, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo. “Lamentablemente, José Antonio fue un blanco muy vulnerable, pues día a día, por la carretera que está a la orilla de su finca pasan todo tipo de actores armados”.

Como a José Antonio, en el Catatumbo han asesinado al menos a 28 líderes comunales desde 2017, cuando fue firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC. Por lo menos 14 líderes más han sido víctimas de amenazas, atentados o secuestros y en el 67% de los casos se desconocen los responsables. Ahora, 16 de las 42 agresiones contra líderes comunales en el Catatumbo han sucedido en Tibú.

Los datos anteriores provienen de una base de datos que registra agresiones a líderes comunales en el Catatumbo desde 2017 hasta noviembre de 2023. Tal base de datos fue construida con información suministrada por Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo, el Movimiento de Observación Electoral (MOE), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Fundación PARES, el movimiento social y político Marcha Patriótica y un análisis de medios de comunicación.

¿Por qué los agreden?

Así como se cree que la muerte de José Antonio estuvo relacionada con la valla de la Zona de Reserva Campesina de su finca -y con el liderazgo que él llevaba a cabo para la gestión del proyecto-, el líder comunal Fernando López* contó que a otro líder de la zona, a José Santiago, lo mataron muy probablemente porque era defensor del medio ambiente y se oponía al ´pategrilleo´, actividad que usualmente es practicada en la región por grupos armados.

El ‘pategrilleo’ consiste en perforar el oleoducto de petróleo Caño Limón - Coveñas para extraer el crudo. Además del robo del crudo, el problema de esta actividad es que puede implicar daños al medio ambiente, pues usualmente las personas que abren los huecos al oleoducto no los vuelven a taponar. Así, el crudo se riega y contamina fuentes hídricas, vegetación y demás. José Santiago, el líder asesinado del que habló Fernando, era el líder de una fundación creada para la defensa del agua y del medio ambiente en el municipio de Tibú.

En el patio de su casa, bajo una palmera que da sombra al sol del mediodía, Fernando* contó que él también ha sido víctima de agresiones verbales y señalamientos. “Por comentarios contra el ´pategrilleo´, los armados me han puesto en riesgo. Me llegó el ‘tiquete de la muerte' a mí casa; una hoja en la que me decían que me tenía que ir de la región”. Frente a la amenaza, Fernando* decidió pedir un esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección, que le dio una camioneta y el acompañamiento de dos escoltas.

El líder de ASCAMCAT, Juan Quintero, cuenta que usualmente las agresiones contra líderes comunales suceden cuando ‘tocan’ los intereses sociales, políticos y sobre todo económicos de los armados.

"Cuando me refiero a que se tocan intereses sociales y políticos de los armados, quiero decir que por ejemplo un líder social o comunal se está oponiendo a los intereses que tiene determinado grupo armado, entonces eso genera una reacción y un riesgo al líder que está involucrado allí". Juan Quintero, líder de ASCAMCAT.

La hipótesis de que las agresiones a líderes comunales suceden cuando estos se manifiestan frente a intereses de los armados toma fuerza al escuchar las palabras de Miguel Grijalba, investigador del componente de Diálogo Social y de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad. Dice que el objetivo de las violencias es silenciar las voces de liderazgos transformadores cuando estos tienen propósitos que tocan las fibras de los grupos armados.

Además de la persecución por oponerse al ´pategrilleo’, el líder Juan Quintero cuenta que también han existido agresiones contra líderes que apoyan el Acuerdo de Paz, los proyectos productivos y la sustitución integral de cultivos de uso ilícito.

Vale la pena recordar que de acuerdo al informe "Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022" preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); en Colombia, el Catatumbo es la región en la que más se concentra el cultivo de hoja de coca y es la tercera con mayor área de siembra de hoja de coca a nivel nacional con 42.043 hectáreas. Además, Tibú es el municipio en el que más se concentran los cultivos en todo el país; hay 22.000 hectáreas.

El negocio de la coca sigue vigente en la región y han existido casos en los que grupos armados han agredido a líderes comunales por gestionar proyectos adversos a los cultivos de uso ilícito. El 17 de enero de 2019, en la vereda Las Mercedes, Sardinata, fue asesinado el líder comunal Luis Alfredo Contreras, que según información publicada por el medio de comunicación La Opinión , lideraba proyectos de sustitución de cultivos de hoja coca por cacao, razón por la que posiblemente actores armados desconocidos lo detuvieron mientras iba en su camioneta, lo torturaron y lo balearon.

Más recientemente, en 2022, fue asesinado el líder comunal Gustavo Antonio Torres. Según información publicada en La Opinión, su muerte sucedió por razones similares a las del crimen contra Luis Alfredo. Gustavo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Orú, en Tibú. Era creyente del Acuerdo de Paz y en la vereda Caño Indio creó la Asociación Caño Indio Productivo, con la que buscaba que el Gobierno Nacional apoyara iniciativas productivas de las familias que vivían en la zona. Así como a Luis Alfredo, a Gustavo lo asesinaron sujetos sin identificar que lo sacaron de su casa y le dispararon al menos once veces.

Y es que con la muerte de los liderazgos sociales también muere el tejido social y la organización en la región, pues como cuenta Marleny Buitrago, “ser líder daba y da miedo; es ‘echarse’ un cargo muy berraco porque hay quienes piensan que si un líder habla muy durito y es inteligente para cierta cosa, hay que ‘callarle el pico’. Por ese tipo de cosas a las personas les da miedo agarrar un cargo”.

El pensamiento de Marleny es el mismo en varias regiones y liderazgos comunitarios del Catatumbo, cuestión que da cuenta de cómo con la violencia los actores armados logran fragmentar la organización comunitaria a través del miedo.

Desde la vereda Potrero Grande, en el municipio de San Calixto, el líder comunal Eduardo Martínez* dice que: “muchas veces el Estado y los grupos armados usan estrategias como la desaparición, los falsos positivos o los asesinatos para borrar el trabajo comunitario que se viene realizando. Esto implica que muchos se desaniman y ya no quieren seguir en el trabajo comunitario por el miedo a que les pase lo mismo".

Así, con el asesinato de un líder comunal no solo muere él; también la organización comunitaria.

Tibú, el epicentro de las agresiones

Si bien es cierto que la violencia contra líderes sociales y comunales se extiende por todo el Catatumbo, salta a la vista que más de la mitad de las agresiones registradas en la base de datos Para esta base de datos fue usada información proporcionada por: Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo, el Movimiento de Observación Electoral (MOE), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Fundación PARES, el movimiento social y político Marcha Patriótica y un análisis de medios de comunicación. tienen lugar en el municipio de Tibú.

Desde 2017 hasta noviembre de 2023, en Tibú han sido agredidos al menos 16 líderes sociales de 42 que han sido víctimas de violencias en el Catatumbo. Es decir, casi el 40% de las violencias suceden en este municipio fronterizo. ¿A qué se debe que la mayoría de agresiones registradas sucedan en esta región?

Según cuenta el líder campesino Juan Quintero, en Tibú hay diversidad de factores y una ‘mezcolanza’ de actores que hacen posible que día a día exista esa cantidad de violencias. “Tibú es la capital del Catatumbo, es la región con mayor densidad de cultivos de uso ilícito en el mundo, es un municipio fronterizo, por ahí pasa el oleoducto Caño Limón - Coveñas, hay cultivos de palma, minas de carbón y es el municipio con mayor actividad de conflicto armado en todo Norte de Santander”.

Escuche desde la voz del investigador del componente de Diálogo Social y de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad Miguel Grijalba por qué Tibú es un municipio tan importante y disputado por actores armados:

Así, factores como el oleoducto Caño Limón - Coveñas, los cultivos de uso ilícito, de palma y la posición fronteriza, hacen que esta sea una zona muy llamativa para los grupos armados. Lo anterior no es un secreto para nadie; pues ha sido advertido por la Defensoría del Pueblo a través del sistema de Alertas Tempranas.

En 2018, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 040-18, en la que advierte sobre la expansión de grupos como el ELN y el EPL (Los Pelusos) por Tibú, buscando ocupar las regiones dejadas por el Frente 33 de las FARC, que se acogió al Acuerdo de Paz. En tal alerta, la Defensoría menciona que durante 2017, conocieron al menos cinco casos de miembros de Juntas de Acción Comunal que tuvieron que salir de Tibú tras recibir amenazas y presiones por parte del ELN y el EPL en su búsqueda de controlar la zona.

“La retaliación de los grupos armados frente a líderes comunales es golpearlos, asesinarlos, presionarlos con la familia o simplemente les dicen que no los quieren volver a ver en la zona y que tienen cierto tiempo para irse”, contó el militar retirado del Ejército Nacional Francisco Peña*, que estuvo activo en el Catatumbo.

En 2020, de nuevo la Defensoría emitió una Alerta Temprana con énfasis en Tibú, la 050-20. En esta alerta, mencionan que la disputa armada por el territorio ya no solo sucede entre el EPL (Los Pelusos) y el ELN. La Defensoría alerta sobre acciones armadas llevadas a cabo por las Disidencias del Frente 33 de las FARC y respecto a la presencia de grupos transnacionales como el Cártel de Sinaloa.

Según cuenta el politólogo y aspirante a la maestría de Comunicación y medios de la Universidad Nacional, Juan David Vargas, el vacío que dejó las FARC cuando salió del territorio en forma armada generó una disputa porque todos los actores armados quisieron quedarse con lo que había allí. “Antes de la dejación de armas, las FARC eran quienes mayor poder tenían en el territorio respecto a las organizaciones armadas irregulares. Después, todos quisieron coger eso, incluidas las mal llamadas "Disidencias”. ¿Por qué el politólogo dice que las Disidencias no deberían tener este nombre? Escuche la explicación dando clic aquí.

Volviendo a la Alerta Temprana 050-20, emitida por la Defensoría del Pueblo, desde el 2020 este órgano institucional ya planteaba el inminente escenario de riesgo por la disputa entre estos grupos armados por el control de la región e hizo énfasis en el riesgo que corren las comunidades que denuncian el ‘pategrilleo’.

“En su actividad [los ´pategrilleros’] llegan a amenazar y desplazar forzosamente a familias que viven en predios por donde pasa el trazado del oleoducto, si se oponen o manifiestan su desacuerdo por la invasión a sus predios, son forzados a permitir el acceso al tubo para la instalación de las válvulas ilegales. Igualmente, líderes que se opongan a este tipo de actividades por generar graves afectaciones al medio ambiente y a la salud de las comunidades que se surten de las aguas contaminadas por efecto de este proceso ilegal, son intimidados, amenazados y obligados a abandonar el territorio u optar por abandonar sus procesos de vocería en protección de las comunidades que están siendo afectadas”.

En el 2020, la Defensoría informó sobre el riesgo que corrían los líderes que se manifestaban frente a actividades como el ´pategrilleo´ en Tibú. Tres años después, el 4 de febrero de 2023, fue asesinado José Antonio Santiago, líder comunal y ambiental al que muy posiblemente mataron por manifestarse contra el ‘pategrilleo’ según contó Fernando López*, líder comunal en una vereda de Tibú.

“El epicentro de toda esta cuestión sucede aquí en Tibú porque hay muchos intereses. Cuando se denuncian esos intereses, empieza a existir el riesgo…” Fernando López*, líder comunal e integrante de ASCAMCAT.

En la región, también han sido asesinados líderes comunales relacionados con la minería, entre ellos Luis Tarazona Salamanca, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Miramontes, integrante de ASCAMCAT y administrador de una mina de carbón en la zona. De acuerdo a información publicada por El Tiempo, en la noche del jueves ocho de noviembre de 2018, mientras Luis departía con su esposa frente a su casa, dos hombres armados que pasaron en moto les dispararon. Le quitaron la vida a Luis y su esposa fue herida en el tórax.

Tiempo después, en junio de 2020, de acuerdo a información publicada en Caracol Radio, fue capturado alias “Galicho”, presunto responsable del asesinato que hacía parte de las filas del Ejército Popular de Liberación - Los Pelusos. Pero no es regular que sean capturados -o por lo menos conocidos- los responsables de las violencias contra líderes comunales. De las 42 agresiones registradas en la base de datos, solo se conocen los presuntos responsables del asesinato de doce líderes, es decir, menos del 30%.

Además de poner en peligro a líderes sociales, la presencia de los armados y de economías como la de los cultivos de uso ilícito, el petróleo, el carbón, la palma, entre otras, implican otras problemáticas sociales en el territorio como el posible uso de menores para prostitución según contó el militar retirado del Ejército Nacional Francisco Peña*.

La incertidumbre: ¿quiénes los están matando? ¿Y la Fuerza Pública?

Así como lo dicen los líderes comunales y la información recolectada respecto a las violencias contra ellos en el Catatumbo, en la mayoría de casos no se conocen los responsables de las agresiones.

En ‘La casa del trueno’, al menos dos de cada tres líderes son agredidos por responsables sin identificar. De las 42 agresiones registradas en la base de datos, solo se conocen los presuntos responsables del asesinato de doce líderes. Según cuenta el politólogo y aspirante a la maestría de Comunicación y medios de la Universidad Nacional Juan David Vargas, los grupos armados de la región no se atribuyen fácilmente las agresiones a Juntas Comunales por el peso de ser un crímen tan atroz y cuestionable. Esto, sumado a que si los agresores buscan ganar legitimidad en el territorio, claramente tales actos propician todo lo contrario.

Aunque la cuestión va más allá, pues el politólogo Vargas contó que el conflicto en la región es cada vez más complejo por el hecho de que los grupos armados en la zona han optado por actuar como franquicias. Es decir, independientemente de ser “de izquierda o de derecha”, hay actores armados que ‘le trabajan’ a quien les pague mejor.

Respecto al desconocimiento de los agresores de estos crímenes, el militar retirado del Ejército Nacional Francisco Peña*, que estuvo activo en el Catatumbo, dice que los armados actúan con este modus operandi para ‘tirarse la pelota’ entre el uno y el otro. “Llegan a decir que fueron las Disidencias, los ‘elenos’, los paramilitares o incluso culpan a la Fuerza Pública dependiendo de los intereses que el líder defendiera”.

Y es que tal estrategia, cometer los crímenes sin dejar huellas, también genera zozobra y terror en la población civil, pues prima la incertidumbre de no saber desde qué lado van a ‘venir las balas’.

“Yo trato de hacer las cosas de la mejor manera, pero hay mucha gente a la que uno incomoda y ‘no tiene conforme’ por los liderazgos. Ahí es cuando uno tiene que hacer una pausa y revisar si se puede seguir o más bien toca parar con las actividades y la gestión de proyectos”, contó Fernando López*, líder comunal en una vereda de Tibú.

Lo anterior, sumado a que en la región los intereses de los armados giran en torno a las economías ilegales, hace que la violencia sea más intensa y radical frente a los liderazgos que se manifiestan contra tales economías. “Hubo un tiempo en el que las economías ilícitas eran los medios de algunos y los fines de otros; ahorita están más ubicadas hacia los fines de todos”, concluye el politólogo Juan David Vargas.

Si bien resalta el desconocimiento de los agresores, también salta a la vista que tres de las 42 agresiones registradas fueron cometidas por miembros del Ejército Nacional. De acuerdo a una denuncia pública emitida por la Asociación Minga, el 8 de septiembre de 2018 en el municipio de Convención, miembros del Ejército Nacional (pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita al Batallón Especial Energético y Vial No. 10) retuvieron a dos campesinos -líderes de JAC- en la vereda Guasiles del municipio de Convención. Durante la retención, según cuenta la denuncia pública, uno de los líderes fue agredido y torturado; los integrantes del Ejército le colocaron una bolsa plástica en la cabeza hasta casi asfixiarlo.

En la misma denuncia pública, la Asociación Minga dice que el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento La Trinidad fue amenazado por militares que le dijeron "que los campesinos eran cómplices de la guerrilla y que líder que diera “papaya” o lo vieran solo, lo iban a matar y a desaparecer". Además de la amenaza contra este líder, habitantes de la región le dijeron a la Asociación Minga que desde 20 días antes del hecho la Fuerza Pública venía amedrentando y amenazando a líderes comunales del territorio que son señalados de ser cómplices de la guerrilla.

Frente a este tipo de agresiones cometidas por la Fuerza Pública contra líderes sociales, el politólogo Vargas cuenta que son alimentadas por la estigmatización y suceden en medio de la estrategia contrainsurgente con la que está constituido el Ejército Nacional. “Entienden la contrainsurgencia como combatir a la guerrilla, pero según ellos, esta política también implica que defensores de DDHH, líderes comunales, defensores ambientales y periodistas alternativos son vistos como enemigos del Estado y del orden establecido”.

Sumado a lo anterior, Juan David Vargas dice que los ataques se enmarcan en la mal llamada política de ´quitarle el agua al pez´, “título informal que se le da a esto de exterminar toda la organización popular de base porque supuestamente es la que auxilia o colabora con la guerrilla”.

Al respecto, el militar retirado Francisco Peña* contó que varias veces identificaron que los líderes comunales se prestaban para llevar información y movimientos de la Fuerza Pública a grupos subversivos. “Por esas cosas quedan marcados los líderes, se crea un sofisma y son estigmatizados”.

Además, continúa el militar retirado Peña, “la estigmatización a los líderes sociales se da porque en algunas regiones se han prestado para ser informantes o porque las personas que han actuado como Fuerza Pública ‘de pronto’ tuvieron esas experiencias en otros sectores y llegaron al Catatumbo con la misma marcación, cosa que no debería suceder”.

Pero la estigmatización no es algo nuevo en la región y no solo influyó en actos cometidos por el Ejército Nacional. Para enterarse de cómo la estigmatización ha afectado históricamente al campesinado catatumbero y por qué estuvo relacionada con la crudeza de la violencia paramilitar que azotó al Catatumbo, le invitamos a leer el reportaje “El nacimiento y el envenenamiento de las Juntas Comunales en el Catatumbo”, que explora el surgimiento de las Juntas en la región y cómo se han visto afectadas por el conflicto armado, las guerrillas y los paramilitares.

*Los nombres de líderes y líderesas comunales fueron cambiados por motivos de seguridad.