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El nacimiento y envenenamiento de las Juntas Comunales en el Catatumbo

El nacimiento y envenenamiento de las Juntas Comunales en el Catatumbo

Por Juan David Lozano Aranguren — Ilustración David Orozco — Publicado en Plaza Capital en Noviembre 2023

En medio de un territorio biodiverso y de gran fertilidad pero condenado a la marginación y a la presencia diferenciada del Estado, las Juntas de Acción Comunal han trabajado arduamente para mejorar las condiciones de vida del campesinado.

“Mi papá me afilió a los 14 años a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Recién mi hijo Benjamín cumplió 14, también lo afilié”, cuenta la campesina ‘catatumbera’ Marleny Buitrago* mientras descansa en una silla mecedora dentro de un rancho de ladrillo y madera a orillas de la polvorosa carretera que va de Tibú al corregimiento de La Gabarra.

Marleny nació en Guadalupe, vereda catatumbera ubicada entre montañas, ríos, caños de agua cristalina, cantos de toches y quiquiriqueos de gallinas. Desde su niñez, recuerda que se dedicó a la agricultura (siembra de hoja de coca) en la finca familiar y fue cercana a la organización comunal, pues su padre era el tesorero de la Junta de la vereda.

Foto: Juan David Lozano Aranguren

Así como en la familia de Marleny, en muchas otras familias del Catatumbo se hereda la pertenencia a la Junta de Acción Comunal. Ser parte de la JAC es una manera de organizarse para apoyar y ser apoyado cuando hay problemas tan pequeños como que se rompió un lindero o tan grandes como que algún grupo armado reclutó ilegalmente a un hijo o hija.

En ‘La Casa del Trueno’, como se le conoce al Catatumbo porque son usuales los destellos en el cielo, las Juntas de Acción Comunal llevan más de 60 años siendo esa base organizativa que nació como una manera de juntarse para solucionar problemas del día a día y para buscar mejores condiciones de vida en el campo.

Y es que el Catatumbo es un territorio paradójico. Por un lado posee abundancia de ríos, caños, quebradas, suelos fértiles, vegetación y todos los pisos térmicos. Pero, por otro lado, esta región ha estado relegada históricamente y por ende las condiciones de salud, educación e infraestructura han sido precarias.

Foto: Juan David Lozano Aranguren

“Las descripciones que hicieron habitantes de la región sobre sus condiciones de vida durante los años sesenta, setenta y ochenta están relacionadas con la precariedad. Si bien reconocen que en el campo podían subsistir al labrar la tierra, sus relatos de la vida hablan de situaciones de pobreza, falta de vías y de acceso a servicios de salud y educación, así como graves problemas para comercializar la abundante producción agropecuaria”. Informe Catatumbo, Memorias de vida y dignidad publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Fuera de la precariedad causada por la falta de vías, servicios básicos, educación y salud, el conflicto armado interno ha hecho crecer las desigualdades y la dificultad de vivir dignamente en el Catatumbo. El líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, Juan Carlos Quintero, cuenta que ante la cantidad de problemas desde 1960 las comunidades campesinas e indígenas de la región decidieron organizarse en las Juntas de Acción Comunal y al día de hoy son toda una autoridad en el territorio. Incluso, dice, “se han ganado el respeto de los actores armados y son un gobierno autónomo que busca suplir lo que el Estado no suple”.

Foto: Juan David Lozano Aranguren

El campesinado llega al Catatumbo y nacen las Juntas de Acción Comunal


El Catatumbo empezó a atraer campesinos que llegaron en busca de oportunidades desde la década de 1930 motivados por el asentamiento de multinacionales petroleras (como Colombian Petroleum Company -Colpet-), que iniciaron la extracción de crudo en la región gracias a la Concesión Barco La Concesión Barco fue un acuerdo entre el militar de la Guerra de los mil días Virgilio Barco y el gobierno colombiano. El acuerdo permitió a la familia Barco explotar hidrocarburos en el Catatumbo.. Además de las petroleras, según contó el investigador del componente de Diálogo Social y de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad, Miguel Grijalba, otra situación que favoreció la ola de colonización campesina en el Catatumbo fue que a la región la ‘pintaban’ en aquella época como la tierra prometida, en donde se conseguían parcelas muy baratas y hasta gratis.

Avanzaban la décadas de 1940 y 1950 y en esta zona del país las petroleras eran quienes daban a los habitantes cercanos a las plantas algunos servicios básicos. Un extrabajador de Colpet dijo al CNMH en una entrevista realizada en 2017:

“En 1954 se decidó construir un puesto de salud a través de los fondos obtenidos en un bazar organizado por la empresa [Colpet], en donde la Secretaría de Salud nombró a un “ampolletero” o “inyectólogo”.

Para 1954, según cuenta el informe Catatumbo: memorias de vida y dignidad publicado por el CNMH, la única presencia estatal en la zona era un “ampolletero”, además de una profesora y la Fuerza Pública. Esto influyó en la marginalidad y abandono de la región luego de que bajara la producción petrolera entre 1940 y 1958 por la Segunda Guerra Mundial, pues de acuerdo con el investigador y académico catatumbero José Rodríguez, el oleoducto del Catatumbo suspendió la producción y se limitó a extraer petróleo para el consumo interno.

Así, el territorio quedó en una suerte de desprotección por lado y lado, pues las petroleras no iban a proveer los requerimientos básicos al territorio y el abandono estatal era sinónimo de falta de carreteras, servicios básicos, salud y educación.

Vídeo: Juan David Lozano Aranguren

Llegaron las décadas de los sesenta y setenta, periodos en los que además de la Fuerza Pública, la presencia del Estado en “La casa del trueno” eran los corregidores e inspectores de policía, que según información recogida en un taller de memoria realizado por el CNMH, se encargaban de: “Delimitar linderos, resolver conflictos entre vecinos, hacer levantamiento de cadáveres, controlar el consumo de “chirrinche” o “tapatusa” (tragos tradicionales destilados) y de recibir las partidas para los caminos”.

Después de los corregidores e inspectores de policía, la gobernación de Norte de Santander nombró por decreto alcaldes en los municipios del Catatumbo y desde ese momento surgió el inconformismo comunitario por malos gobiernos y malas administraciones.

“Si hubiéramos tenido desde el comienzo del nacimiento de la república buenos administradores, con conciencia y buena voluntad de hacer las cosas, habrían planificado el desarrollo, mirando al país desde el punto de vista social” Habitante de Hacarí al CNMH en taller de memoria realizado en 2016.

En medio de este panorama, que significaba horas de camino para sacar los productos agrícolas a las cabeceras municipales o para acceder a servicios médicos en caso de enfermarse, empezaron a nacer ideas de organización entre comunidades campesinas e indígenas. Entre otras cosas, para ser reconocidos y para proponer acciones que garantizaran la vida digna en los territorios.

Según contó el politólogo y aspirante a la maestría de Comunicación y medios de la Universidad Nacional Juan David Vargas, “durante sus inicios, en el campo y en barrios populares las Juntas Comunales fueron impulsadas por el Partido Comunista Colombiano como una forma de organización autónoma ya que el Estado no garantizaba determinados recursos. Esto con la necesidad de organizarse para permanecer en el territorio y de crear unas reglas comunes que permitan vivir en convivencia y que hayan diálogos regionales entre veredas”.

Lo anterior, sumado a la Ley 19 de 1958 (que dio el nacimiento legal a las Juntas de Acción Comunal en Colombia), son parte de las bases para el nacimiento de las JAC en ‘La Casa del Trueno’.

Sobre el surgimiento de las Juntas Comunales en el Catatumbo, la trabajadora social y candidata a magister en gestión y desarrollo rural de la Universidad Nacional Marcela García dice: “en aquel entonces (primera mitad del siglo XX) el ‘catatumbero’ era entendido como un salvaje. Esto generó una fuerte estigmatización y negación estatal que implicó falta de infraestructura vial, educación y salud. Es de allí de donde nace la necesidad de autogestionarse y de organizarse como comunidad para impulsar una lucha para resolver las condiciones de penuria”.

En el Catatumbo hay registro del surgimiento de las JAC desde inicios de los sesentas. En 1963 fue establecida la JAC de La Silla (Tibú), en 1965 la de Maracaibo (Hacarí), en 1966 nace la de Mesa Rica (La Playa) y en 1967 la de Pacelli (Tibú).

Foto: Juan David Lozano Aranguren

El investigador Miguel Grijalba cuenta que para la organización de las Juntas de Acción Comunal en la región fueron bastante influyentes los curas misioneros, pues ellos motivaron el cooperativismo y la organización comunal como una forma de mantenerse unidos en el territorio, cosa que repercutió al punto de que en los sesentas y setentas el cooperativismo era el modelo de economía campesina que más fuerza tenía en el territorio.

Así, las Juntas surgieron con el objetivo de mejorar las condiciones de vida a través del trabajo colectivo. Y, al conseguir la personería jurídica (para estar legalmente constituidas y en busca recursos estatales) terminaron por convertirse en la autoridad de cada vereda en “La casa del trueno”.

El líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) Juan Carlos Quintero, cuenta que las JAC son el nicho de poder comunitario más importante que ha existido y existe hasta el momento en la región, pues desde allí han surgido otras luchas, entre ellas ASCAMCAT. “Es más, los miembros de los movimientos sociales más fuertes del Catatumbo salimos de ahí; entonces las JAC fortalecen a los movimientos sociales campesinos".

Foto: Juan David Lozano Aranguren

Fuera de ser un nicho para otras luchas, la organización comunal catatumbera juega un papel muy importante para las comunidades porque tal como cuenta Eduardo Martínez, integrante de la JAC de la vereda Potrero Grande del municipio de San Calixto, las Juntas son las que buscan proyectos y soluciones para las necesidades del día a día como el mejoramiento de vías a través de rifas, bazares o campeonatos de fútbol.

Desde que surgieron hasta el día de hoy, las Juntas de Acción Comunal han trabajado para beneficiar a sus comunidades a través de la autogestión. Han desarrollado proyectos en beneficio de la educación -como un salón que a la fecha de la escritura de este reportaje construye la Junta de Acción Comunal en la escuela de la vereda Campo Raya-, se han organizado para mantener lo mejor que se puede las vías en el territorio y han creado comités y mecanismos para fortalecer el tejido social entre el campesinado ‘catatumbero’. Puede encontrar información a profundidad sobre estos temas en el reportaje La semilla comunal que la guerra no pudo matar.

Pero luchar por las comunidades campesinas e indígenas en este territorio no ha sido fácil, pues el latente conflicto armado se ha hecho sentir no solo en la región sino en la población civil y en la organización comunitaria.

Años 70: llegan las guerrillas a la región con discursos populares, acuerdos humanitarios y tensiones con las JAC


Desde finales de los años setenta, en ‘La casa del trueno’ empezó a sentirse la llegada de grupos guerrilleros, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARC). Con la expansión de estos grupos por el Catatumbo fueron apareciendo acciones violentas como la toma guerrillera de Convención el 31 de enero de 1979 cometida por el ELN o el ataque del EPL a la estación de policía de Hacarí el 4 de noviembre de 1985.

Foto: Juan David Lozano Aranguren

Además de ser presidente de ASCAMCAT, Juan Quintero hace parte activa de la Junta Comunal de la vereda en la que nació desde hace más de 20 años. El líder campesino contó que por el poder y la autonomía que tenían las Juntas, en algunos casos lograron sobrellevar las acciones armadas de las guerrillas a través de debates en los que lograron acuerdos humanitarios para que estos grupos no ‘andaran’ por el casco urbano uniformados, con armas largas y consumiendo licor, cosa que puede sonar simple pero que no lo es en un contexto de guerra.

Otro de los acuerdos humanitarios que lograron acordar las Juntas Comunales con las guerrillas fue respecto a quién administraba la justicia cuando la gente rompía las reglas establecidas por la comunidad; por ejemplo, cuando había peleas por exceso de tragos.

Usualmente, en los lugares en los que existe presencia armada de las guerrillas, son ellos quienes imponen su justicia. Pero en varias regiones del Catatumbo los debates permitieron acuerdos para que las Juntas Comunales las que se encargaran de manejar estos problemas de manera autónoma a través de los comités conciliadores. Para conocer más de los comités conciliadores consulte el reportaje La semilla comunal que la guerra no pudo matar.

Respecto a los acuerdos que lograron las comunidades con las guerrillas, Miguel Gribalba, investigador de la Comisión de la Verdad, dice que tienen sentido pensando en uno de los hallazgos de la Dirección de Conocimiento de la Comisión: cómo llegaron las guerrillas al Catatumbo. La forma en la que entraron las FARC al Catatumbo, a finales de los años 70, fue a través de ‘avanzadas’ campesinas con discursos sociales y políticos que eran bien recibidos por las Juntas Comunales porque hablaban de derechos humanos, educación y vivienda, que era por lo que peleaban las JAC desde aquel entonces.

El problema entre las Juntas y las guerrillas empezó cuando los armados rompieron los acuerdos y a través de las armas empezaron a imponer sus dinámicas, cosa que no fue bien recibida por el campesinado. Según cuenta Grijalba, ese es el momento en el que se quebró la convivencia y empezaron los problemas porque las guerrillas buscaron imponerse a través de la regulación armada.

Foto: Juan David Lozano Aranguren

Andrea Gómez*, campesina catatumbera que hace parte de la Junta Comunal de su vereda en Tibú recuerda que a inicios de los años noventa un líder comunal de su zona fue asesinado por las guerrillas que hacían presencia en el territorio, esto porque el líder tuvo la intención de ir a la Alcaldía de Tibú para presentar un proyecto agrícola que deseaba llevar a cabo en la zona y para solicitar recursos. Andrea* comenta que al líder lo mataron porque las guerrillas tenían la intención de que no saliera información de la zona ni entrara a la región cualquier actividad relacionada con el gobierno.

“Llega un punto en el que las guerrillas y las juntas no logran consensos, porque las juntas y el campesinado no han sido pasivas con los grupos armados, han sido críticos y siempre se han 'parado en la raya'. Pero cuando te ponen una AK-47 en la cabeza, ya es muy difícil, eso le cae malísimo al campesinado y se rompe todo” Miguel Grijalba.

Entonces, según cuentan Juan Quintero y Miguel Gribajlba, en el Catatumbo existieron acuerdos humanitarios de convivencia entre las juntas y las guerrillas favorecidos por el discurso político con el que los grupos subversivos entraron a la región. Pero con el intento de imponer dinámicas a través de la violencia, las guerrillas fragmentaron la organización social que venían desarrollando las juntas.

Asesinatos selectivos cometidos por las FARC-EP entre 1982 y 2002

Así las cosas, la autonomía comunal se vio afectada debido a homicidios y otras agresiones contra líderes y habitantes del territorio cometidas, de acuerdo a Grijalba, por los llamados ‘gatilleros’ de las guerrillas.

Años 90: violencia paramilitar y la extinción de las Juntas Comunales


Con la de la década de los noventa empezaron a aparecer en el Catatumbo nuevos actores armados conocidos como paramilitares o autodefensas. Más precisamente, en 1999 llegaron al Catatumbo camiones con integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) comandados por Salvatore Mancuso.

A continuación, un vídeo que explica la llegada de las ACCU al Catatumbo y cómo se dio la ‘arremetida paramilitar’ en ‘La casa del trueno’.

Vídeo: Sebastián Buitrago y Juan David Lozano Aranguren

Los integrantes de las ACCU fueron lo que después se conoció en el Catatumbo como el Bloque Catatumbo. Entre las características del Bloque Catatumbo estuvo la política de ‘tierra arrasada’, que según cuenta Quintero, se basó en atacar drásticamente todo lo que los paramilitares consideraron expresiones sociales.

“Uno veía a esta gente quemado puestos de salud, cooperativas o colegios a orillas del río Catatumbo. Todo lo que fuera una expresión social era declarado objetivo militar porque supuestamente era una iniciativa subversiva. No sólo arrasaron con la vida del líder social o comunal sino que arrasaron con la infraestructura construida a partir de los procesos organizativos”. Juan Quintero.

Ilustración: David Orozco

Fuera del ataque directo a iniciativas sociales, la política de tierra arrasada afectó profundamente al campesinado, que se vio enfrentado a situaciones de violencia física y simbólica. Sucedieron hechos como violencias de género, desplazamiento forzado, intimidación, amenazas, estigmatización, entre otros. Al respecto, la lideresa comunal y campesina Marleny Buitrago recordó cómo su familia y ella fueron víctimas de la violencia paramilitar:

“Cuando eso pasó, yo tenía por ahí 8 años. A papá y mamá les tocó sacarnos para Cúcuta, éramos 4 hermanos. En esos tiempos, mi mamá decidió ‘bajarse’ otra vez para el Catatumbo con todos nosotros para trabajar. Nos tocaba estar vigilando; nos turnábamos por horas y mientras eso los otros ‘raspaban’.

Una de esas veces yo estaba haciendo guardia y le dije a mi mamá: ya le toca a usted. Yo me fui para arriba y en eso escuché unos gritos de mi mamá. Mi reacción fue echarme a mi hermanita al hombro y salir corriendo hacia la finca del vecino. Sentí un susto muy grande.

Cuando volvimos, los ‘paracos’ ya tenían a mi mamá, a mis hermanos y a unos obreros por el piso. Ellos sacaron un rollo de plata y me la mostraron... Mire, cuente que su mamá trabaja con la guerrilla. Yo les dije: no, es que mi mamá no trabaja con la guerrilla, yo no he visto a la guerrilla y ella no tiene que ver nada con eso. Mientras tanto, uno de los armados estaba por matar a mi mamá con un hacha y yo no podía con ese miedo tan ‘terrible’.

Yo estaba muy asustada, pero el terror más grande fue cuando uno de los paracos dijo: uy, esa muchacha está como 'volantoncita'; es para mí. Claro, yo dije: me van a violar… Al instante, otro de esos hombres dijo: usted no se va a meter con la china, con la niña no. Yo sentí una cosa horrible, ay santísimo... Menos mal no me hicieron nada, éramos tres niñas y un niño.

Luego de eso, volvieron a decirme que me daban esa plata si decía que mi mamá era de la guerrilla. Yo dije no, es que yo no he visto a mi mamá trabajar con nadie. Entonces empezaron a decirle lo mismo a mis hermanos y ellos decían lo mismo que yo, que mi mamá no trabajaba con esa gente.

Entonces ahí esos se ‘encandelaron’ y yo pensé: mataron a mi mamá. Empezaron a decirle vieja no sé qué, es que usted tiene una hermana guerrillera... Mi mamá dijo: qué culpa tengo yo de que mi hermana se haya ido para la guerrilla... Yo no la pude detener; yo tengo mi hogar, mis hijos aparte y no la podía detener. Ahí ya respondieron: le vamos a dar unos días para que se vayan de acá.

Apenas se fueron los 'paracos', mi mamá se puso a llorar, se acercó un muchacho y le dijo: cuidado, esa gente luego vuelve y la mandan a matar. Claro, mi mamá de una vez empezó a alistar la yegua, montamos las cosas y ‘hágale’. Días después, el muchacho nos contó que como a las dos horas volvieron los manes. Ósea que donde nosotros nos quedemos ahí yo creo que hubieran matado a mi mamá o nos hubieran matado a todos nosotros. Fue un susto ‘muchísimo lo fuerte’.”

Como la experiencia vivida por Marleny, muchos campesinos catatumberos sintieron el terror del paramilitarismo tanto individual como colectivamente. Respecto a las consecuencias de la incursión paramilitar en la organización comunitaria, Darinson Amaya, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) dijo que “la oleada de violencia paramilitar desplazó a la mayoría de la población, especialmente a líderes sociales, comunales y cooperativos. Entre el 2001 y 2002 hubo un rompimiento del tejido social y la gente empezó a salir de la región”.

En las palabras de Darinson está descrita una de las afectaciones que trajo el paramilitarismo a la organización comunitaria y puntualmente a las Juntas de Acción Comunal en el Catatumbo: el quiebre de las relaciones campesinas y de los procesos que buscaban autonomía y autogestión en el territorio.

“El paramilitarismo y la Fuerza Pública han sido quienes más empeñados han estado en romper el tejido social y las JAC. El paramilitarismo llegaba a una vereda, acababa con todas las formas de organización veredal y comunal porque buscaba romper el tejido social, la organización popular y hacer "pedagogía del terror"", contó Juan David Vargas, politólogo de la Universidad Nacional.

"Las Juntas de Acción Comunal tuvieron una fuerte crisis que nació con la arremetida del paramilitarismo, que rompió todo el tejido del cooperativismo y los procesos de las juntas. Fueron asesinados unos 300 líderes comunales. El hecho de ser presidente de una junta significaba ser declarado objetivo militar”, complementó el líder campesino Juan Quintero.

Entre los líderes comunales asesinados a manos del paramilitarismo se encuentra José Belén Páez Rosso, que era el presidente de la Junta de la vereda Río Nuevo en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú.

Según la Sentencia En esta Sentencia, se declararon como penalmente responsables a Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde y otros miembros del Bloque Catatumbo de las AUC por varios delitos cometidos durante su afiliación a este grupo. Delitos como actos de terrorismo, tortura en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple y agravado, destinación ilícita de muebles o inmuebles, etc. del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su sala de Justicia y Paz en la que entre los postulados estuvieron Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata, el 13 de mayo del 2000 hombres del Bloque Catatumbo llegaron a la finca de José Belén, se lo llevaron, lo torturaron, lo secuestraron y al día siguiente en horas de la tarde su cuerpo fue hallado sin vida en un paraje solitario. Entre las pruebas del caso se encuentran testimonios de Isaías Montes Hernández y José Bernardo Lozada Artuz, integrantes del Bloque Catatumbo que confesaron haber cometido el crimen.

Fuera del asesinato de líderes comunales, los grupos paramilitares atacaron lugares en los que se reunían el campesinado y las Juntas Comunales. De acuerdo a un informe de la Asociación Minga y de la Fundación Progresar, en la toma paramilitar que sucedió el 29 de febrero del 2000 en el corregimiento Filo Gringo -en Tibú-, “los paramilitares bloquearon la vía, incineraron viviendas, tiendas comunitarias, los archivos de las Juntas de Acción Comunal, el colegio, vehículos y hasta la ambulancia”.

Además de mencionar los actos de violencia directa que cometieron los paramilitares contra la organización social y el pueblo catatumbero, el líder campesino Juan Quintero dijo que otra de las formas a través de las cuales el paramilitarismo debilitó los procesos comunitarios y los liderazgos que los sostenían fue mediante la estigmatización de las iniciativas sociales, que fueron tildadas como subversivas.

La estigmatización fue una estrategia usada por el paramilitarismo para explicar sus actos violentos en el territorio, que justificaron bajo el pretexto de combatir a la guerrilla. Así, la estigmatización fue generalizada. Según cuenta Quintero, existieron poblaciones más susceptibles frente a esta práctica: miembros de organizaciones sociales, habitantes de zonas en las que había guerrilla o familiares de combatientes.

“El rótulo de guerrillero se atribuyó a las personas organizadas en colectivos, que estuvieran involucradas en iniciativas de trabajo con y para las comunidades, como miembros y presidentes de las JAC, sindicalistas o líderes sociales. Sus intentos de reunirse, planear actividades, desarrollar marchas, continuar con las tiendas y cooperativas fueron irrumpidos por acciones paramilitares en su contra”. (Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, p.376).

¿Cómo fue vivir en medio de este panorama? El integrante de la JAC vereda Potrero Grande Eduardo Martínez* cuenta: "en medio del conflicto armado que hemos vivido -y que todavía persiste-, muchos presidentes de juntas fueron asesinados por paramilitares que los acusaban de ser guerrilleros tan solo por hacer actividades y proyectos en beneficio de las comunidades. Era peligroso ser líder comunal y que los ‘paras’ se enteraran".

“Era normal que el paramilitarismo atacara estas formas de organización porque eran estigmatizadas. Y claro, atacar a los líderes es más fácil que arrasar con toda una comunidad. Entonces atacaban al líder y ponían el ejemplo de lo que le pasaría al próximo que llegara al cargo; es el claro ejemplo de la pedagogía del terror”, dijo el politólogo Juan David Vargas.

Juan Rosas*, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los 2 amigos en Tibú y catatumbero de ‘cepa’, dijo que durante la oleada paramilitar a muchos líderes sociales les tocó ‘quedarse quietos’ y que junto a él, a muchos otros les tocó salir de la región por seguridad ya fuera a Venezuela o a otras zonas de Colombia.

Algo similar contaron campesinos del Catatumbo durante un taller de memoria del CNMH; que en aquellos años, integrantes de grupos paramilitares asesinaron a un hombre de 73 años y declararon objetivo militar a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, razón por la que el presidente de la JAC de la vereda abandonó la comunidad y a causa del miedo nadie se atrevió a tomar su lugar ni a volver a reuniones comunales.

En medio de esta crisis, que según cuenta el líder campesino Juan Carlos Quintero se intensificó entre 1999 y 2006, los líderes comunales y las iniciativas de organización comunitaria se vieron amenazadas, relegadas y casi destruidas por la violencia paramilitar.

“Ser líder daba y da miedo, es echarse un cargo muy 'berraco'. Hay quienes piensan que si un líder habla muy ‘durito’ y es inteligente para cierta cosa, ‘hay es que callarle el pico’. Es por ese tipo de cosas que a las personas les da miedo ‘agarrar’ un puesto. Dicen: yo aquí agarro un cargo y me gano un 'problemononon'; me matan".

Si bien es cierto que las Juntas de Acción Comunal perdieron autonomía y poder territorial, también lo es que la violencia no las pudo acabar.

Marleny recuerda que luego de la desmovilización de las AUC, las cosas se calmaron un poco en la región. Esto permitió el retorno de muchas familias campesinas a las tierras que habían dejado años atrás mientras huían de las balas y del terror paramilitar.

“Cuando la Junta de Guadalupe volvió a llegar, habían pastizales altísimos; tocó trabajar para recuperar la casa de la JAC, la escuela, la cancha y todo. Ahí empezamos con la labor de hablar con la gente que retornaba para reactivar la Junta de Acción Comunal y empezar con los proyectos desde cero”.

Para saber más sobre el resurgimiento de las Juntas de Acción Comunal y para entender cómo siguen resistiendo frente a la marginalidad y el conflicto, le invitamos a leer el reportaje: La semilla comunal que la guerra no pudo matar.

*Los nombres de líderes y líderesas comunales fueron cambiados por motivos de seguridad.