Los cambios en la gestión de los recursos que traerá consigo la reforma a la salud en Bogotá es una de las principales preocupaciones de los afiliados a prestadoras de salud privadas, ya que en las 208 páginas que comprende el texto del proyecto de reforma no se especifica cómo funcionarán las labores administrativas de los hospitales en la capital. Bogotá, al ser la ciudad con mayor número de hospitales per cápita en Colombia, se enfrenta a un posible colapso de sus centros de salud si no se clarifican los términos para la implementación del nuevo modelo, según expertos consultados.

Myriam Lizarazo se dedica a la prestación de servicios de limpieza y ha denunciado ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),en los últimos meses el retraso en la entrega de los medicamentos de su esposo, Jorge, quien sufre de coágulos en las piernas. Myriam y su esposo son afiliados a Servimed, prestadora de salud que actualmente hace parte del nuevo esquema de salud para maestros, ya que su hijo es educador y miembro de Fecode lo que les permite acceder a los beneficios de esta IPS.

“A cada rato se demoran en la entrega de los medicamentos, han tenido semanas de retraso. Mi esposo tiene un problema de coagulación, él no puede vivir sin las inyecciones de enoxaparina”, afirmó.

Myriam también comenta que nunca había tenido problemas con la entrega de medicamentos, hasta que empezó a regir el nuevo modelo de salud para maestros. En múltiples ocasiones, se ha acercado al centro de atención de Servimed en Bogotá, pero siempre le indican que no hay existencia del medicamento por el momento, por lo que ha tenido que adquirirlo de su propio bolsillo.

Myriam Lizarazo, afectada por el sistema de salud Servimed. Foto:Juan Salazar

​El modelo de salud de los maestros en Colombia ha sido considerado por el Gobierno Nacional como un plan piloto para la reforma del sistema de salud, de acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que este “modelo serviría como ejemplo para la reforma propuesta”.

Ambos modelos comparten los mismos principios: “mayor intervención del Estado, eliminación del modelo tradicional de aseguramiento y centralización de la contratación de servicios”, según el texto de reforma. Sin embargo, se diferencian en el marco administrativo que maneja cada uno.

Juan Diego Moreno, abogado especialista en derecho administrativo en salud, indica que el sistema de los maestros lo opera el FOMAG, y el sistema de salud para todos los usuarios a nivel nacional lo manejara la de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud​ (ADRES).

La diferencia sustancial entre ambos modelos radica en su estructura administrativa. Mientras el FOMAG está diseñado exclusivamente para los afiliados del magisterio, la reforma implicaría que la salud de todos los colombianos quede bajo la administración directa de la ADRES”, añadió.

Desde 2023, el FOMAG se ha encargado de diseñar e implementar el nuevo modelo para los 818,000 afiliados al magisterio colombiano. Actualmente, este sistema está siendo siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente no contar con la competencia para hacer las modificaciones al sistema de salud.

Ante la cantidad de quejas en su contra, el FOMAG emitió un comunicado de prensa admitiendo que las denuncias de los profesores y demás afiliados “son reales” y que “los principales motivos de contacto del usuario, son coherentes: autorizaciones sin respuesta para hospitales y para IPS (medicamentos, cirugías, citas de especialidades), medicamentos no entregados e IPS que no los atienden”.

La entidad también afirmó que los problemas se deben a la adopción que cada operador ha tenido del modelo, ya que hay más 4,000 IPS adscritas a este plan transicional.

Según el observatorio de salud de Bogotá, el 42 % de los bogotanos están afiliados a una EPS privada y el 5 % a una EPS pública, siendo la ciudad con la mayor concentración poblacional en prestadores privados en todo el país. Juan Diego Moreno, indica que las repercusiones de la implementación de la reforma en una ciudad con un número tan elevado de afiliados a fondos privados puede colapsar todo el sistema y dejar a millones de personas sin acceso a un servicio de salud.

“El gobierno dice que la transición tomará cuatro años, basándose en su experiencia con EPS públicas. Pero, ni con Fecode han logrado que funcione bien, con fallas y retrasos constantes. Si lo aplican en Bogotá, con el doble de afiliados y mayoría de hospitales privados no habrá retrasos, el sistema colapsará”, comentó el abogado.

Según la Academia Nacional de Medicina de Colombia, en Bogotá el 67% de los hospitales son privados, mientras que el 5% son públicos. En este momento, Fiduprevisora, entidad adscrita al FOMAG, es la responsable de los recursos con lo que operan una gran cantidad de los hospitales públicos, los cuales reportan falta de pagos y retrasos en cirugías, citas y entrega de medicamentos.

Según el observatorio Así Vamos en Salud, el FOMAG gastó en 2024 un 75% más que el ańo anterior, pero, según un informe de Fiduprevisora, “el sistema de salud de los maestros adeuda $190.000 millones por obligaciones que llevan entre 91 y 180 días sin ser saldadas, mientras que las deudas de más de seis meses ascienden a $279.000 millones”.

Hasta el momento no hay claridad frente a donde se giraron los recursos del FOMAG. Willy Carmona, vocero y miembro del Comité Ejecutivo de Fecode , indica que el déficit se debe al direccionamiento indebido de contratos dentro del FOMAG.

“Los funcionarios direccionaron los contratos para beneficiar a los mismos prestadores de siempre. Les pagan rápido a los prestadores anteriores, mientras dilatan los pagos de los que no están en esa estructura, para que desistan”, añade Carmona.

Juan Diego Moreno comparte la teoría de Carmona frente a la presunta razón del desfinanciamiento del plan piloto. Moreno sostiene que al no haber mecanismos de gestión del riesgo contemplados en el modelo expuesto en la reforma a la salud no hay manera de prevenir que se redireccione contratos y se roben el dinero destinado a los centros de atención.

“El modelo de salud de los profesores lleva un año y ya tiene un hueco fiscal de casi 300 mil millones. Eso en Bogotá, donde la renta y los costos en salud son mucho más altos, en un año, la deuda sería al menos el triple” afirmó.

La desfinanciación de los hospitales públicos en Bogotá, producto de las falencias en la implementación del plan piloto de la reforma a la salud, es cada vez más evidente. Alejando Fuentes, médico internista del hospital Santa Clara, explica cómo la falta de personal en este centro de salud pone en peligro a los pacientes y conduce a la implementación de medidas de atención que no son del todo seguras.

“En los turnos nocturnos ya solo contamos con un anestesiólogo. Si llegan dos o tres pacientes en un estado grave y toca entrarlos al quirófano no lo podemos hacer al mismo tiempo, porque el anestesiólogo solo puede atender uno a la vez. A veces nos toca recurrir a un triage de guerra”, comentó Fuentes.

Fuentes relata que hace unos meses llegaron al hospital tres heridos por la explosion de una granada. Al no contar con suficientes anestesiólogos, les tocó realizar un “Triage de guerra”. En esa situación toman al paciente más herido, lo estabilizan y lo entran a cirugía, mientras que los más estables esperan a que acabe la operación, jerarquizando la atención a los pacientes.

“La vida de los pacientes corre peligro en este tipo de situaciones, pero es mejor a tener que rechazarlos y que terminen en un paseo de la muerte” añade Fuentes.

La transición administrativa al modelo de salud propuesto es otro de los cuestionamientos que expertos le hacen a la reforma. Como bien lo indica Moreno, el periodo de transición del modelo es de aproximadamente cuatro años, donde las EPS pasarán a ser “gestoras de salud y vida”. El Estado sólo les pagará la mitad de lo que se les reconoce actualmente, ya que la ADRES será la que se encargue directamente del pago a hospitales y centros de atención.

Sin embargo, durante ese periodo es incierto cómo serán administrados los hospitales privados, considerando que actualmente son operados por EPS privadas. La ADRES todavía no ha divulgado a quien se le girarán los recursos para el funcionamiento de los hospitales privados, lo que puede afectar el nivel de atención que se le brindara a los afiliados a esos prestadores de salud.