Margareth Peña es una mujer de 33 años que ha vivido durante toda su vida en el barrio José Joaquín Vargas, al occidente de la ciudad. Hace unos 13 o 14 años se dedica al liderazgo social, pero desde hace aproximadamente tres asumió el rol de representar a la comunidad y las inconformidades y denuncias que tenía por la construcción de un proyecto de apartamentos y de un centro para el adulto mayor en uno de los predios del barrio.
En el barrio J.J Vargas, se construye Salitre Living, un inmenso complejo de 1700 apartamentos de interés social (VIS). La construcción del mega proyecto de Constructora Bolívar y de un centro para el adulto mayor de la caja de compensación Compensar, arrasó con un bosque de 500 árboles que bordeaba el humedal El Salitre.
La comunidad, que lleva más de dos años d,enunciando las presuntas irregularidades de la construcción del complejo de apartamentos, lucha también por salvar la riqueza natural de los barrios Modelo y J.J Vargas. Según los habitantes del sector, se perdería drásticamente el valor ecológico de la zona debido a la obra, que se ubica a tan solo 30 metros de la cerca del humedal El Salitre.
“Nosotros tenemos videos en donde se ve que después de la tala de árboles las aves del humedal quedaron totalmente desubicadas. Algunas incluso empezaron a llegar a los edificios cercanos y a los otros parques. Estamos hablando de que hicieron un presunto ecocidio”, explicó la presidenta de la junta de acción comunal del barrio J.J Vargas y líder social, Margareth Peña.
Según la Fundación Humedales Bogotá, una organización que trabaja por evidenciar las amenazas de los humedales y su importancia, el humedal El Salitre tiene varias afecciones como las “dos obras de gran tamaño que están afectando el ecosistema, una pista de BMX y una alameda con grandes afectaciones sobre el ecosistema, urge intervención del vaso hidráulico y garantizar caudal ecológico”, aseguran en su página web.
Las denuncias que hace la comunidad en cabeza de Margareth las respalda Juan Miguel Maldonado, quien pertenece a la red humedal Salitre (a la que pertenece las Fundación Humedales Bogotá). Según el activista ambiental, todas las construcciones que se están realizando o que se pretenden realizar dentro y a los alrededores del humedal, afectan al ecosistema y en especial a las especies que habitan en él. “Nosotros conocemos a las aves que habitan esta zona y sabemos lo que implica talar los árboles que hay alrededor”, afirmó Maldonado.
¿Qué dicen los expertos?
Según Nubia Liliana Becerra, directora del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y María Margarita Romero, decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América, construir cerca de un humedal puede representar riesgos para el medio ambiente, ya que estos ecosistemas cumplen una función vital al regular el agua y filtrar los acuíferos cercanos. Históricamente se les consideraba obstáculos para el desarrollo urbano y en la actualidad se reconoce su importancia para el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, Bogotá aún enfrenta el desafío de conservar sus humedales y permitir su desarrollo económico y social.
De acuerdo con la Fundación Humedales Bogotá, el Parque Ecológico Distrital de Humedal El Salitre es el único humedal artificial reconocido y el que cuenta con mejor calidad del agua de todos los parques distritales. Este es el hogar de más de 130 especies de aves y está dentro de los ecosistemas bogotanos con mayor biodiversidad a lado del Humedal de La Conejera y el Córdoba.
Margareth cuenta que, para la comunidad, el terreno donde se construirá Salitre Living era importante, no solo por ser para uso benéfico y comunal, sino por su importancia ambiental pues allí llegaban aves migratorias del humedal como la Tingua azul. Según cuenta los único que sabe la comunidad es que el proyecto de apartamentos tendrá vidrios un poco más opacos para evitar que las especies se estrellen contra ellos.
Como lo mencionan Becerra y Romero, es fundamental que se comprenda que la conservación de los humedales no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para un crecimiento sostenible. Teniendo presente que, para lograr una convivencia armoniosa entre la ciudad y la naturaleza, se deben tomar medidas claras de derechos de propiedad, edificación y una planificación simple y efectiva.
En cuanto a las consecuencias de construir cerca de un humedal las expertas mencionan que existen proyectos exitosos que han logrado incorporar medidas para proteger y conservar estos ecosistemas. “Por ejemplo, Ciudadela La Bendición en Bogotá que se construyó sobre un humedal y se convirtió en un modelo de sostenibilidad urbana en Colombia, con estrategias de conservación y restauración de humedales, transporte público eficiente y el uso de energías limpias”, señaló Nubia Becerra
Para construir el proyecto Salitre Living, fue necesario evaluar el impacto ambiental y su cumplimiento con el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) además de estar dentro de la evaluación de la política distrital de humedales.
Las expertas aclaran que no necesariamente la construcción representa un peligro para el ambiente y la movilidad siempre y cuando se tengan en cuenta medidas de gestión y mitigación ambiental, lo que puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, además de tener la posibilidad de restaurar y conservar los humedales integrando áreas verdes.
Otro punto a tener en cuenta es la distancia que debe tener un predio que se quiere construir cerca de una zona pantanosa o humedal. Para esto, se deben tener varios factores presentes como la ubicación geográfica, el tipo de humedal, el tipo de construcción y las normativas locales. Ya que, a diferencia de los ríos y quebradas, donde las corporaciones regionales suelen exigir una distancia mínima de 30 metros tomados desde el borde, no existe una distancia mínima establecida para los humedales.
Es importante tener presente que no solo se trata de una cuestión de distancia mínima, sino de cómo se planifica y desarrolla la construcción, considerando la importancia del humedal, su impacto con el medio ambiente y la biodiversidad. En algunos casos se han implementado estrategias de mitigación y conservación para minimizar el impacto de la construcción sobre los humedales, especialmente si hay cuerpos de agua profundos que deben identificarse dentro de un estudio geotécnico.
Sin embargo, Margareth y el abogado Luis Ponce, aseguran que, pese a que se hizo el estudio técnico del impacto ambiental, en ningún momento se hizo partícipe a la comunidad de las acciones para reducir los daños al ecosistema. Y contrario a esto, la empresa ha negado los daños que ya han hecho a otras edificaciones, pues, según Margareth en el edificio Labrador 4 (que colinda con el proyecto Salitre Living), se ha presentado un levantamiento del piso de hasta 30 centímetros. “Hay daños ambientales y estructurales que se están presentando por el movimiento de tierras. Y es preocupante es que se diga que no hay ninguna afectación en el edificio Labrador 4”, aseguró Peña.
Nubia Becerra y María Romero aseguran que la zona de amortiguamiento de un humedal es un área crítica que se utiliza para proteger la calidad del agua y mantener la salud del ecosistema. Esta zona actúa como un escudo de protección entre los usos del suelo y se aplica mediante medidas de conservación y prevención para evitar la contaminación y la degradación del entorno. Una forma efectiva de crear esta zona de transición es a través de la implementación de franjas ambientales, como un corredor verde, que ayuda a minimizar el impacto directo sobre el humedal y contribuyendo a ordenar el territorio a su alrededor, lo cual sería importante que implementara el proyecto.
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¿Qué dicen las entidades oficiales y las empresas?
La construcción de este proyecto de VIS ha alcanzado varias instancias, tanto de gobierno distrital como ambientales, a través de comunicados, informes e incluso derechos de petición y demandas por parte de la comunidad.
En enero de 2022, La Secretaría Distrital de Ambiente llevó a cabo un estudio de la avifauna del Humedal antes y después de los procedimientos de manejo de fauna y flora en el predio donde actualmente se construye Salitre Living. Este monitoreo pretendía identificar aves y nidos en la zona que “requirieran traslado o ahuyentamiento”, como menciona el informe, de manera que se velara por el desarrollo de estas especies sin interferir con el proyecto inmobiliario.
Por ahuyentamiento, se refieren a los procesos que se llevaron a cabo para retirar las aves del predio y los espacios colindantes de manera que no se les causara daño o muerte. Durante las mismas fechas y precisamente por la preocupación de la comunidad, se realizó una Visita Silvicultural por medio de una contratista, que informó la manera en que las aves estaban siendo ahuyentadas de la zona. Esto incluyó la remoción no solo de los árboles sino de troncos, rocas y nidos que sirvieran de refugio para así hacer que “se desplacen por sus propios medios”.
Según el reporte de la bióloga Noemí Moreno Salazar en esta visita, las especies de aves no contaban ya con nidos activos, por lo que los especímenes adultos estaban siendo retirados de la zona a través de estímulos auditivos (ruidos como pitos, maquinaria y playback que alertan a las aves de peligro) y mecánicos (sacudiendo la vegetación) durante tiempos alternados de 50 minutos de ahuyentamiento y 10 de “descanso”.
Sin embargo, en entrevista con Plaza Capital, el biólogo Juan Diego Benavides, egresado de la Universidad Nacional, comenta que, si bien los métodos no son directamente violentos, representan un riesgo para la población de aves de la zona. “No hay forma ´buena´ de hacer algo así, igual se les está alterando su ecosistema, se les está sometiendo a estímulos que no son normales para ellos”, comenta Benavides. El sacudir la vegetación para asustarlos o proyectar sonidos molestos siguen siendo formas que, como menciona el biólogo, si bien no los están matando, resultan “tremendamente agresivas” y ponen en riesgo el bienestar y futura reproducción de las especies al dejarlas despojadas de sus ecosistemas.
Según el documento de la Secretaría, se realizó capacitación en avifauna a los involucrados en la construcción con el fin de establecer un protocolo de salvaguarda de las 17 especies de aves que fueron registradas en la zona y espacios aledaños. Estas especies se clasificaron como ‘Preocupación Menor’ por no “cumplir los criterios de amenaza”, de manera que el informe sugirió campañas de socialización sobre las especies, pero no comentó respecto a los llamados de la comunidad para reconocer el desplazamiento y riesgo en que los animales de la zona se encuentran.
Son precisamente estas preocupaciones las que denuncian los vecinos del Salitre como un ecocidio y según Benavides estarían en lo correcto, pues “un ecocidio no es necesariamente matar pájaros o talar árboles con pájaro y todo, no es solamente el acto violento contra un ecosistema”. El biólogo afirma que un ecocidio es cualquier acción, en este caso cometida por la constructora, que se haga contra el ecosistema a sabiendas de que causaría un daño masivo, actual o futuro, en el medio ambiente.
Ante estas respuestas, el abogado Luis Ponce representó a la comunidad en un derecho de petición dirigido a la alcaldesa Claudia López y una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el traspaso del predio, ambos durante el mes de febrero de 2022 y donde se solicita la suspensión definitiva de las obras. En esta denuncia, Ponce incluye los delitos de prevaricación por omisión y acción, falsedad de documento público y fraudes procesales, así como contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
Esta denuncia pide abiertamente que “se ordene como restablecimiento del derecho inmediato la suspensión de las obras de construcción” y los predios vuelvan a ser de propiedad de la Beneficencia para uso público, sin embargo, ambos documentos siguen en proceso judicial y, mientras la construcción avanza, no han dado resultados.
La comunidad y Margareth Peña no quedaron satisfechos con el estudio de impacto de la Secretaría y mucho menos el estado de la denuncia pues, según ellos, es imposible que en una zona tan cercana al humedal en donde habían más de 400 árboles no hubiera especies de aves y no existiera un gran impacto ambiental. “Esos proyectos en vez de tener en cuenta los árboles y todo el tema ambiental decidieron pasar a la Secretaría de Medio Ambiente 200 millones de pesos y talarlos”, afirmó Peña. Ante las acusaciones, Plaza Capital intentó contactarse con el jefe de prensa de la Secretaría Distrital de Ambiente, pero este respondió que no tenía agenda para responder a los medios.
Constructora Bolívar en vocería de Alejandra Robledo quien lidera el equipo de creación, aseguró que no ha habido absolutamente ningún daño ambiental documentado como resultado de la ejecución de la obra. Para Robledo, esto se comprueba con las, según ella, varias visitas que hicieron las autoridades a la obra.
“Tenemos una tranquilidad absoluta como compañía desde nuestra actuación ética y legal de que nuestro proyecto no va a afectar el humedal. Tanto es así que hace unos meses la secretaria distrital manifestó públicamente que, dado que el humedal no tiene ninguna conexión con cuerpos o aguas subterráneas, este no iba a sufrir ninguna afectación”, aseguró Robledo.
En cuanto a las denuncias que hizo Margareth de que no se le ha informado a la comunidad sobre las acciones que se van a tomar para prevenir el daño ambiental, Robledo afirmó que se han cumplido con todos los mecanismos de participación ciudadana que la ley establece. “Tenemos un delegado de la empresa que está disponible en horario laboral y extralaboral para la comunicación con la comunidad aledaña a nuestros proyectos”, dijo la vocera que también aseguró que han tenido reuniones con los voceros de los habitantes de la zona.
Aunque Plaza Capital le pidió a la vocera los comunicados que fueron enviados a la comunidad, ella aseguró que al no ser habitantes de la zona tendría que consultarlo con el equipo jurídico. Además, en repetidas ocasiones Robledo le pidió a la redacción que le dieran nombres y las posturas de las otras fuentes que se utilizaron para el reportaje incluyendo la de la vocera de la comunidad.
Para la respuesta de la Caja de Compensación Compensar, el equipo intentó contactarse por correo, pero hasta la fecha no se ha recibido una respuesta.
Un problema de vieja data
El problema del predio en donde se va a construir Salitre Living, no solo es el presunto ecocidio que los habitantes de la zona denuncian. Según el abogado defensor de la comunidad, Luis Ponce, hubo grandes anomalías en la adjudicación y el cambio de uso de suelo del predio de más de 29 mil metros cuadrados.
En 2015 la Beneficencia de Cundinamarca (a quien le había sido donado el terreno por el terrateniente y dueño de la hacienda El Salitre, José Joaquín Vargas), le vendió el predio a Promotora Equilátero. La venta que se dio en tan solo tres días hábiles, fue el primer paso para que la empresa iniciara los trámites ante la Secretaría de Planeación de Bogotá para cambiar el uso del suelo a la zona que era de suelo dotacional (es decir, que tenía que ser de uso y servicio público). Después, de una resolución de la Secretaría que permitió el cambio en el uso del suelo, el predio quedó listo para la construcción del proyecto de Constructora Bolívar y de la caja de compensación Compensar.
Según el abogado Ponce, las irregularidades en la venta del terreno empezaron el 13 de mayo de 2015 cuando, según él, se presentaron documentos falsos ante el notario 76 de Bogotá para el desenglobe del predio. Ponce asegura que dentro de los documentos necesarios para ejecutar ese acto legislativo que dividió el predio debieron haber contado con una autorización de una curaduría o con alguna resolución de la Alcaldía Mayor, y que, aunque se asegura que estos papeles se protocolizaron con fecha del 28 de enero de 1995, estas no existen. Lo que afirma Ponce fue ratificado el 22 de marzo de 2022, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes aseguraron que "las resoluciones emitidas por la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia de 1995, el número 107 no coincide con el asunto requerido ni con la fecha indicada en la petición".
Ante las denuncias de las presuntas irregularidades, el exgerente de la Beneficencia de Cundinamarca, Salomón Said, le aseguró a Noticias Caracol que el desenglobe del predio fue legal y que el acto administrativo por el cual se realizó sigue en firme. Said también afirmó que los recursos de las ventas de esos predios serán utilizados para preservar el legado de José Joaquín Vargas. Sin embargo, la comunidad asegura que no se ha cumplido esto ni las recomendaciones del estudio de impacto de la Secretaría Distrital de Ambiente. “Conmigo como presidenta de la Junta de Acción Comunal nunca han hablado. Lo que debería ser es que, si somos una comunidad, debemos ser las primeras instancias, deberían hablar con uno y pues no lo han hecho, o sea, no se han acercado”, aseguró Margareth Peña.
El último proceso que emprendió la comunidad en liderazgo del abogado Ponce, para denunciar las presuntas irregularidades de la procedencia de esos terrenos y frenar las construcciones, fue una acción colectiva. Sin embargo, esta fue declarada como no procedente el 9 de diciembre del 2022. Actualmente, la comunidad y Ponce, buscan interponer otras denuncias.
Lo que pide la comunidad
Según Margareth, lo que en este momento pide la comunidad de los barrios J.J Vargas, Modelo y el conjunto Labrador 4, es que se les de respuesta sobre las presuntas irregularidades que han denunciado y sobre la petición de protección a la naturaleza y al espacio público. “Nosotros queremos que nuestra justicia y los entes de investigación como la Fiscalía, nos digan el trasfondo de toda esta situación y que se nos aclaren los puntos de la compra y venta del terreno, el cambio de los usos del suelo”, aseguró. "No a la tala de los árboles que se encuentran desde hace más de 40 años en el predio. No a la masacre ambiental", afirma la comunidad en sus redes sociales
El abogado Luis Ponce, quien representa a la comunidad aseguró que, tras la muerte del notario y al ser el abanderado de estas denuncias, teme por su vida y le tocó implementar protocolos de seguridad.