El 4 de septiembre del 2018 el presidente Iván Duque publicó el borrador de un decreto que pretende facultar a la Policía para decomisar la dosis mínima y judicializar a todo aquel que posea una cantidad superior a ella. Este lunes, primero de octubre, se firmó dicho decreto.
Amparándose en el Artículo 140 del Código Nacional de Policía, el cual regula los “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”, y el Acto Legislativo 02 de 2009 que prohíbe el porte y consumo de sustancias psicoactivas, el Gobierno de Iván Duque busca reducir el consumo y el microtráfico en las principales ciudades del país. Según señaló Gloria María Borrero, Ministra de Justicia, el decreto reglamenta el procedimiento de incautación por parte de la Policía y solamente se le devolvería la droga al consumidor si demuestra que es un adicto mediante una certificación médica o el testimonio de sus padres.
Este decreto ha abierto un debate sobre juristas, académicos y expertos. De un lado, hay quienes creen que efectivamente disminuiría el consumo y la cantidad de drogas que circulan en las calles y, por otro, están quienes se mantienen escépticos ya que lo consideran inconstitucional y un retroceso en materia de políticas de drogas.
A pesar de que Duque y Borrero han afirmado que “el decreto no busca penalizar al consumidor porque este no termina detenido”, algunos expertos como Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social, que promueve proyectos de reducción y mitigación de daños, afirman que implícitamente se está criminalizando y estigmatizando al consumidor, no se está distinguiendo el consumo problemático del no problemático y no se están atacando los principales eslabones de la cadena del narcotráfico.
A partir de esta controversia y las posturas confrontadas, Plaza Capital contactó a Luis Fernando Sánchez, docente de las cátedras de derecho constitucional en la Universidad del Rosario. Sánchez considera que el decreto sí choca contra sentencias previas de la Corte Constitucional, ya que presenta una concepción contraria sobre los pronunciamientos referentes a la dosis mínima que ya se habían realizado. A pesar de esto, Sánchez explica que, en un principio, se presume que todas las leyes son constitucionales y legales y, por lo tanto, el decreto estará vigente hasta que sea demandado y la Corte Constitucional decida si es o no inconstitucional.
Además, Plaza Capital habló con Hernando Zuleta, exdirector del CESED -El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes-. Zuleta señaló que, a pesar de que el decreto puede tener efectos deseables en cuanto a la reducción del consumo en lugares públicos, es difícil que pase la prueba de constituionalidad al ser redundante con el Código de Policía. Esta afirmación la sustenta en que el decreto no tiene en cuenta el consumo problemático del no problemático y porque la Policía no está capacitada para establecer si se trata de un adicto o no.
Zuleta explicó que, en su opinión, se presenta un retroceso en cuando a la jurisdicción sobre drogas porque la Corte ya se había pronunciado sobre el derecho a consumir y, con esto, la protección del libre desarrollo de la personalidad. De igual forma, argumentó que la adición a las drogas no se puede definir a partir de un certificado sino que, por el contrario, se trata de una condición más compleja llena de zonas grises.
A pesar que el decreto, como explica Luis Fernando Sánchez, parece tener buenas intenciones, ya que busca acabar con el microtráfico y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, este presenta vacios legales que ponen en duda su implementación. En primer lugar, porque choca con el derecho del libre desarrollo de la personalidad y, por lo tanto, es considerado como un decreto que puede estar en contravía de lo expuesto por la Corte Constitucional. En segundo lugar, Sánchez y Zuleta son escépticos frente al combate del tráfico y consumo de estupefacientes a partir de un decreto, ambos coinciden que se debe coordinar fuerzas estatales para desarrollar mejores políticas públicas.
Entonces, cabe preguntarse ¿cuál es la mejor salida para enfrentar el consumo y el microtráfico? ¿realmente penalizar al consumidor va a hacer que deje de consumir? ¿esta es la salida para enfrentar el problema de drogas en el país? ¿qué pasaría si se implementan políticas experimentales en cuestiones de drogas como la legalizacion o verlo como un problema de salud pública?
Leyes sobre drogas en la historia de Colombia
Navegue la siguiente línea del tiempo acerca de la historia jurídica sobre la dosis mínima y lo que se ha legislado sobre el consumo de drogas en Colombia.
Legalización y políticas experimentales
Varios países han implemetado diferentes políticas para regular el consumo drogas, una de las más comunes y experimentales es la legalización de la dosis mínima de ciertas sustancias, en especial la de la marihuana. Este mapa le mostrará 11 países donde el consumo de la marihuana y otras drogas es legal. Además, de las condiciones de su porte, consumo y distribución.