Alberto se levanta a las 3:30 de la mañana, en Kennedy, para llegar a tiempo a su trabajo. Esto le toma dos horas en bicicleta. Él es celador informal en una caseta de Colina Campestre, un barrio estrato 5 en el noroccidente de Bogotá. Trabaja 10 horas diarias de jueves a domingo, tiene un uniforme que dice identificarlo como seguridad privada, un bolillo, pero no cuenta con ningún contrato laboral entre él y sus empleadores. Todo se arregló de forma verbal.
Al igual que Alberto, decenas de personas prestan los servicios de seguridad de manera informal en Bogotá y carecen de garantías laborales. Estos celadores no cuentan con prestaciones de salud ni pensión, cubren áreas demasiado extensas para una sola persona, hacen jornadas laborales de más de 12 horas sin remuneración (sin importar si las horas extras son diurnas o nocturnas) y no poseen dispositivos de comunicación directa con las autoridades de su cuadrante para reportar accidentes.
Además de salarios informales, los celadores no cuentan con un espacio apropiado para desarrollar sus labores. Las casetas donde deben pasar la noche son estrechas, no poseen una ventilación adecuada, pasan frío y no todos cuentan con un espacio para consumir alimentos. Muchos de ellos no comparten tiempo de calidad con sus familias debido a las largas jornadas.
Según Alberto, este trabajo existe porque "no requiere de un conocimiento previo” y permite que cualquiera pueda ejercer esta labor. Este vigilante lleva cuatro años en el trabajo y agradece tener el puesto porque tiene una familia que mantener.
Cuando se le pregunta sobre su contrato, comenta que fue definido de forma verbal, en una corta reunión que sostuvo con la propietaria de una de las casas que custodia. Además, Alberto añade que el sueldo que recibe actualmente es de $1.650.000 pesos sin prestaciones, dado que es dìfcil para el asumirlo y nadie en su entorno laboral se lo exige para continuar en sus funciones. Sin embargo, en su trabajo también tiene percances y no le gusta cuando tiene que trabajar los domingos u otros días extras cuando a su compañero "se le presenta algo".
En los conjuntos cerrados la seguridad se encomienda a las empresas privadas que se encargan de contratar personal y pagar sus prestaciones sociales. Sin embargo, las zonas residenciales abiertas no cuentan por lo general con estos servicios y temen a los niveles de inseguridad que pueden afectar su tranquilidad.
Lo llamativo de la situación de Alberto es que se encuentra trabajando para casas de estrato 5, un fenómeno visto en otros barrios de estrato 4 y 6. En particular, grupos de casas que no se encuentran dentro de un conjunto residencial deciden contratar informalmente una persona que cumpla con labores de vigilancia (en su mayoría, no cuentan con la capacitación pertinente para el oficio). Otros trabajadores como Alberto hacen parte del 41,6% de personas que según el DANE habitan en ciudades o áreas metropolitanas y que para el año 2023 trabajan en la informalidad.
En el siguiente mapa interactivo puede ubicar varias casetas de algunos celadores informales ubicadas en las localidades de Suba, Teusaquillo y Usaquén.
El fenómeno se repite
A unos cuantos kilómetros del trabajo de Alberto, en el barrio Santa Elena de Suba, Juan Carlos cuida 60 casas desde hace 10 años. A cambio, recibe un salario de $1.300.000 pesos. Su contrato es verbal y sus turnos son de 12 horas al día. No le pagan horas extra, incluso si son turnos de noche. Vive en Soacha y tarda tres horas desde su lugar de residencia a su trabajo.
Otro caso es el de Jorge, quien llegó hace un mes al mismo barrio (Santa Elena) y custodia 42 casas, ganando un sueldo de 1.400.000 pesos. Los vecinos se encargan de darle su uniforme. Jorge vive en Molinos (al sur de Bogotá) y trabaja más de 12 horas diarias.
De los celadores entrevistados, la mayoría tiene contratos verbales, pero en algunos casos existen contratos escritos que, aunque cubren algunas prestaciones, su salario sigue por debajo del mínimo. La gráfica muestra el salario de neto de todos los celadores entrevistados.
Este fenómeno se volvió común en otras localidades como Teusaquillo. Específicamente en dos barrios de estrato 4, La Esmeralda y Quirinal, en los que trabajan Fernando y Julio, quiénes se autodenominan “rondadores de cuadra”. Se encuentran en la zona desde hace 3 y 4 años respectivamente. Vigilan 6 casas, de las cuales solo una aporta mensualmente a sus salarios. Plaza Capital encontró patrones repetitivos en los casos de cada celador independientemente de la localidad en la que trabajen, donde los celadores ganan un sueldo mínimo y trabajan más horas de las establecidas por la ley.
Este medio logró contactar a una de las vecinas que utiliza este servicio de seguridad en el sector de Las Villas, en Suba, quien señaló que parte de los obstáculos para mantener condiciones de trabajo más dignas para los celadores viene de la indiferencia de los residentes que se niegan a tener un contrato con todas las prestaciones de ley. En la actualidad, el salario que se les paga se convierte en una especie de propina por parte de algunas casas.
"El problema es de la gente, no de los vigilantes. Lo que pasa es que los residentes quieren que les cuiden sus casas pero no aportan un solo peso para ellos (los vigilantes). Me parece injusto que la gente sea así, que tengan quien les vigilen, que les hagan pero sin pagar nada", señaló la vecina entrevistada. Además, aclara que solo 11 casas aportan al salario del celador de su barrio, quién en la actualidad custodia 20.
…¿Y qué dice la ley?
John Jairo Salazar, director jurídico de la firma AG Legal es especialista en derecho laboral y explica que las personas que realizan estos servicios de vigilancia se encuentran amparados por la constitución y la normativa laboral para realizar reclamos si en algún momento ven que sus derechos han sido vulnerados. “El amparo se puede hacer vía tutela, un proceso flexible y veloz cuando derechos fundamentales se ven vulnerados, o existe otra opción, vía proceso ordinario laboral, que es más largo y requiere de mayor material probatorio", afirma Salazar.
La precarización de la labor como celador ha ocasionado su estigamtización, lo que resulta en que muchas personas los traten como trabajadores de segunda categoría. Por ello, la Ley del Vigilante (1920 de 2018) que "establece las reglas mínimas para contratar a vigilantes", añade Salazar. El experto señala que incluso la figura de contrato por prestación de servicios para los vigilantes es ilegal, dado que ellos se encuentran en un estado de subordinación ante los residentes de las casas que custodian y cumplen con horarios a diario.
La prevención en el trabajo
Las labores de seguridad requieren de un entrenamiento previo, el cual permita a la persona contar con herramientas para actuar bajo situaciones que puedan exponer en peligro su vida. Según un experto en seguridad, que tiene más de 30 años trabajando dentro del sector privado "el celador no está capacitado por academias avaladas por la Superintendencia, mientras que los vigilantes sí", comentó este experto. Muchas personas terminan siendo celadores porque es su única fuente de ingreso y deben cumplir con sus responsabilidades, sin tener en cuenta los riesgos a los que se atienen.
Situaciones como riñas, heridos o cualquier otra eventualidad que pongan en riesgo la integridad del celador puede acarrear consecuencias legales para quienes contratan ilegalemente sus servicios. Además, no existen garantías frente a la protección real de los residentes que solo se logra a partir de una adecuada capacitación.
El experto señala que el rol de las academias de capacitación es fundamental. Son ellas quiénes se encargan de carnetizar, enseñar los protocolos y de fortalecer habilidades como tolerancia al estrés, autocontrol, asertividad, diálogo y persuasión, así como el manejo de equipos. Todo ello, con el fin de garantizar el autocuidado del trabajador y su entorno.
Respecto a las mínimas exigencias de indumentaria personal, el experto consta que muchos de los celadores que se encuentra en vías públicas no cuentan con un libro de minuta para registros y novedades o un radio para comunicarse con autoridades.
Durante esta investigación, Plaza Capital conoció un solo caso en que después cinco años pasó de un contrato oral a un contrato por prestación de servicios y logró formalizarse. Su nombre es Wolfan y ahora realiza sus aportes a salud y pensión.
Los expertos consultados para este reportaje coinciden en que los residentes de estos barrios deben crear asociaciones vecinales, una figura legal que les permite firmar contratos con empresas de seguridad debidamente reglamanetadas y que ofrecen garantías laborales para sus trabajadores.