Acroecología en Puerto López

Del suelo de la Altillanura se explota la mitad de la producción nacional de petróleo. Por su toxicidad y acidez fue un suelo tradicionalmente destinado a la ganadería. 20 años atrás iniciaron los cultivos de palma africana y caña de azúcar para la producción de agrocombustibles como el aceite de palma y el etanol. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos firmado en el 2012, potencializó la llegada de maíz y soya transgénica, con la aprobación de su uso y cultivo en el país. La cantidad de inversionistas extranjeros y nacionales que llegaron a explotar los que en su mayoría eran terrenos del Estado, encontraron pequeñas economías campesinas que cultivaban sus alimentos en el suelo de la Altillanura. En su mayoría se trataba de familias de otras regiones desplazadas por el conflicto sin propiedad formal. El suelo al que llegaron estaba en condiciones hostiles para la siembra de alimentos, por lo que debieron iniciar un proceso hacia su recuperación. Josué Aguirre hizo esto posible a través de la enseñanza de la sabiduría Tegua en el caserío del Toro en Puerto López, Meta.

Eusebio es un hombre de 83 años oriundo de Medellín, que ha trabajado por 42 años el suelo de Puerto López, Meta. Comenzó en la agricultura con el arroz, cuando se sembraba con “un chuzito y una pala”. Si alguien entiende los cambios que ha habido en el suelo de la altillanura y los distintos modelos de agricultura es este hombre. Eusebio dedica ocho de las 25 hectáreas que tiene su parcela al cultivo de plátano. Lleva siete años continuos residiendo en una de las 47 parcelas que comprenden el predio de Los Caballeros, en un caserío a 70 km de Puerto Gaitán llamado El Toro. La parcela es además reclamada por otra familia que, como él, recibió una resolución por adjudicación de parte del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria(Incora), por lo que su estadía en el predio está aún por definirse.

Sin embargo, el cultivo de plátano y yuca no le resultaron rentables. Además del suelo difícil, sus cultivos desarrollaron el hongo sigatoka, y la cantidad de fertilizantes e insumos recomendados por la agricultura tradicional dejaban la productividad en ceros. Eusebio decidió firmar un contrato de arrendamiento por cinco años con Flavio Molina, uno de los principales productores de soya y maíz tecnificado del municipio de Puerto López, quien tiene al menos 60 parcelas de 25 hectáreas arrendadas para la siembra de estos dos monocultivos. Los cultivos transgénicos desarrollaron una maleza invasora que no permitió el crecimiento de los cultivos de Eusebio, la caminadora.

Sumado a las condiciones hostiles del suelo de la altillanura, la presencia extensiva de cultivos tecnificados de maíz y soya y de agrocombustibles como la palma africana y la palma de aceite, sustituyeron los cultivos de las economías campesinas -pequeña producción familiar rural-. Como Eusebio, cientos de familias llegaron a la región de la Altillanura, que al no lograr sus cultivos decidieron arrendar la tierra, dibujando un panorama de control agroindustrial sobre el territorio, en vez de alimentos para su autoabastecimiento y posible venta al mercado, del que además se encuentran demasiado aislados.

La Altillanura comprende los departamentos del Meta y el Vichada con los municipios de Mapiripán, La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo, Puerto Carreño, Puerto Gaitán y Puerto López. Estos dos últimos, hacen parte del Meta, el tercer departamento más grande del país con 85.635km². Este alberga menos de un millón de habitantes ya que su territorio está en su mayoría dedicado a la explotación petrolera y a la agricultura a gran escala. Produce más de la mitad de lo que la Orinoquía -que comprende Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés- produce, que es el 30% de la producción agrícola nacional. Según cifras de Agronet, el Meta está en primer lugar como productor colombiano de maíz tecnificado con 413.859,75 tonelas y palma de aceite con 957.579,96 toneladas. Está también entre los 10 primeros mayores productores de plátano, caña azucarera y arroz secano mecanizado.

La Altillanura fue una región definida por el Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos como el lugar que funcionaría como “locomotora agrícola”, es decir, que impulsaría la industria y expandiría la cantidad de tierra cultivada. En el municipio de Puerto Gaitán se realizó en el 2010 el tercer foro de La Altillanura colombiana en la que se dijo que habían más de 4 millones de hectáreas disponibles para el desarrollo agroindustrial. Este contó con la participación de unos 350 inversionistas internacionales, así como los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil, y funcionarios del gobierno nacional. De esta superficie de tierras se sabe que un gran porcentaje son baldíos -tierras del estado-, sin embargo no hay un inventario que arroje una cifra exacta y no hay catastro rural que permita saberlo con exactitud.

Paradójicamente el Meta es el departamento del país con mayor cantidad de tierra reclamada en restitución con 668.000 hectáreas baldías en aplicación de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el municipio de Puerto Gaitán, se tienen 309 solicitudes de restitución por 146.842 hectáreas. La esperada expansión de las 2,8 millones de hectáreas cultivadas, idea inicial del TLC, significaba la venta de estos terrenos del Estado a privados para su explotación. Así, estos predios antes de ser entregados a familias desplazadas por el conflicto, como lo estimulaban las leyes de reforma agraria, fueron comprados por agroindustrias para la siembra de maíz tecnificado y palma de aceite.

María Inés Holguín Gómez hace parte de la comunidad Tucano proveniente del Vaupés. Llegó a Puerto López en el 2011, bajo la adjudicación de una parcela de 25 hectáreas del predio Las Delicias, al que pertenecen unas 500 personas. A pesar de las limitaciones legales sobre el uso de semillas, ella migró con la semilla nativa de la yuca brava, y eso fue lo que posibilitó su permanencia en el territorio de la Altillanura. Inés llegó a Puerto López con dos palitos de yuca brava, y con esas dos completó una buena parte del lote que tiene.

Las matas de yuca brava, de uso ancestral en la comunidad Tucano, no se adaptaron fácilmente al suelo de la Altillanura. La familia de Inés reservó unas hectáreas para su uso, pero como Eusebio, ella arrendó parte de su parcela a Flavio Molina para el cultivo de maíz. La cercanía entre cultivos hizo que varias veces el uso de glifosato acabara la siembra de yuca y otros alimentos que la familia de Inés, compuesta de 6 personas más tenía en su parcela. Josué Aguirre, indígena dedicado a la enseñanza de la rebiomineralización del suelo señala “Los indígenas y campesinos viajamos con nuestra semilla. Indígena o campesino que viaje sin su semilla está condenado a ser esclavo, está condenado a morir. Eso nos hace ser fuertes. Mire, venga lo que venga nosotros tenemos nuestra comida. Así ellos digan que es ilegal, listo es ilegal venderla. Pero nosotros la tenemos para nosotros”.

La siembra y consumo de organismos transgénicos en el país se aprobó en el gobierno de Andrés Pastrana. El 29 de enero del 2000 se discutió en Montreal el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, y en Colombia se expidió la Ley 740 del 2002 aprobando lo acordado. Específicamente el decreto 4525 de 2005, aprobado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con Andrés Felipe Arias como ministro de agricultura, reglamentó el uso de organismos genéticamente modificados.

Luego en el 2012 cuando el TLC es aprobado, se aprobó también el Convenio 91, un convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Empresas del sector privado patentaron el derecho del uso de ciertas semillas y al apropiarse de estas, solo se podían usar bajo su permiso o compra comercial. Así, quien quisiera proteger una variedad de semilla debía presentar un solicitud ante la UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Esto significó que el derecho ancestral del campesino de guardar la semilla de su producción para reproducirla, era algo ilegal. El Código Penal lo penaliza con cuatro a ocho años de prisión y una multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El área total de maíz transgénico sembrado en el país aumentó de 6 mil hectáreas en el 2007 a 38.897 hectáreas en el 2010. Para el 2017 fueron 95.117 hectáreas. El Meta con 12.817 fue de los departamentos con mayor área; al 2017 se duplicaron los cultivos, con 22.342 hectáreas de maíz sembrada, de acuerdo a Agro-bio. Sin embargo, los cultivos de transgénicos han generado pérdidas directas en la economía campesina. Las resoluciones expedidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no contemplaron proteger las 23 razas de semillas nativas de maíz que existían en el país, más que prohibiendo su siembra a 300 m de los resguardos indígenas. Pero para los territorios campesinos que constituyen más del 61% de la comunidad maicera nacional, el ICA no consideró ninguna restricción que evitara la contaminación de variedades criollas.

En el 2010, la ONU hizo un llamado a reorientar los sistemas de explotación agrícola de los países por uno socialmente más justo, de mayor sostenibilidad ambiental y que contribuyeran a la alimentación adecuada. La agroecología o agricultura sostenible fue una idea de Vía Campesina, un conglomerado de 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países con la iniciativa de restaurar la autosuficiencia local, conservar y regenerar la agrobiodiversidad y producir alimentos sanos con bajos insumos. Esto a través de métodos orgánicos y sostenibles para el ambiente.

Josué Aguirre es un indígena de la casi extinta comunidad indígena Tegua que pertenece a Campo Hermoso, Boyacá. Su propuesta es una en la que confluyen los saberes indígenas con los adelantos tecnológicos de la agroecología, en tanto que tiene el objetivo de recuperar el suelo para producir alimentos sanos con bajos insumos. Su iniciativa pretende restaurar la autosuficiencia local, permitiendo al campesino recuperar el suelo para la siembra de alimentos sanos con bajos insumos a través de métodos orgánicos y sostenibles para el ambiente.

El método de Josué permitió que los suelos que estaban duros y sin microbiología suficiente, pudieran ser adaptados para que la planta tomara los nutrientes que necesitase. Su método logra mejorar la actividad biológica del suelo y su capacidad de retención de agua a través de un abono orgánico que contiene los microorganismos que se encargan de mantener el equilibrio y la armonía en el suelo. Logra además sustituir los agroquímicos que son la forma en que los campesinos dependen de proveedores, cooperativas y empresas. Su método para la recuperación del suelo además de posibilitar el cultivo de alimentos, se opone a las políticas neoliberales de agroindustrialización y agroexportación, convirtiéndose en un acto político que empodera la pequeña economía familiar campesina de la Altillanura.

Los indígenas y campesinos viajamos con nuestra semilla. Indígena o campesino que viaje sin su semilla está condenado a ser esclavo, está condenado a morir. Eso nos hace ser fuertes. Venga lo que venga nosotros tenemos nuestra comida. Así ellos digan que es ilegal, listo es ilegal venderla. Pero nosotros la tenemos para nosotros.

Hoy la ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), puesta en marcha a finales del 2016, abre las zonas de interés de desarrollo rural económico y social a la inversión privada, es decir, permite legalmente la adquisición masiva de hectáreas. En la altillanura, las Zidres incluyen unos 14 millones de hectáreas. Esta ley contribuye a que la acumulación de áreas rurales, que en el país el 40% corresponde al 0.4% de propietarios, se aumente en la producción agroindustrial de estos productos priorizados, que no corresponden a alimentos de consumo humano.