En la casa de Nubia Vanegas el agua potable se ha convertido en un privilegio. Ubicada en la Vereda el Canelón, en el municipio de Cajicá, esta pequeña casa campestre presenta, de manera frecuente, interrupciones de agua desde hace tres años. Al principio, los problemas se evidenciaban los fines de semana, cuando no se asomaba una gota de agua en el grifo, pero desde hace un año, la situación empeoró.
Ahora el recurso vital no llega ni los fines de semana, ni algunos días entre semana. Inclusive algunas veces presenta una coloración amarilla producto de la sedimentación. Incluso cuando Nubia logra recoger agua en baldes, no es apta para el consumo, ni para el lavado de ropa, pues, en palabras de ella, “la daña”. Comenta, además, que no ha habido una respuesta adecuada a las solicitudes que ha interpuesto. La historia de Nubia es una de las muchas en el municipio.
Del censo del DANE del 2005 al último del 2018, Cajicá duplicó el número de sus habitantes, debido a la expedición masiva de licencias de construcción y los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en el área. Según la Alcaldía del municipio, la actual expansión urbana ha sido contemplada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, dentro del cual “se encuentra el plan maestro de acueducto como prioridad” para realizar una transición segura, y minimizar las interrupciones del servicio.
Aun así, este proceso de expansión ha sido un factor que ha afectado la distribución de agua en Cajicá. Hasta el punto de dejar a los habitantes sin agua potable por más de 20 días.
Todavía hay proyectos en marcha como el de la constructora El Pomar, donde se espera la construcción de 6.500 viviendas. Queda la incertidumbre: ¿cómo se logrará garantizar agua potable para todos sus habitantes?
Los habitantes de Cajicá han tenido que cambiar sus rutinas debido a los constantes problemas con el suministro y potabilidad del agua. Una de las razones de que no llegue el agua o lo haga en mal estado es la tubería, pues ya tiene más de 40 años y le falta mantenimiento. Mientras que, el sistema hidráulico presenta daños que requieren una debida adecuación.
Aunque, no es un problema reciente, pues ya llevan alrededor de cinco años con dificultades en el consumo de agua. El punto crítico llegó en enero de 2023, cuando la situación se agudizó. El agua llegaba más turbia que de costumbre y con un fuerte olor a químico, mientras que, en el peor de los casos, no se asomaba ni una gota al abrir el grifo. “El agua llegaba en malas condiciones, con mucha tierra y mucha arena”, comenta Ricardo Morantes, habitante del sector.
La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá (EPC) inició una revisión interna para mejorar el suministro de agua en el municipio por medio de maniobras en el punto de bombeo de Hato Grande. Durante estas pruebas, se incrementó la turbiedad de agua y empeoró la presión de esta misma, por lo cual, el agua no llegaba con la suficiente fuerza para distribuir a todos los conjuntos.
Durante cuatro semanas, la comunidad enfrentó horarios limitados para acceder al recurso vital. Una suerte de ‘pico y agua’, como recuerda Ricardo Morante. “A las 4:00 de la mañana había una limitada disponibilidad, luego volvía a las 9:00 de la mañana, después hasta la 1:00 de la tarde, después hasta las 6:00p.m. y el último plazo era a las 8:00 de la noche”.
En los hogares se optaba por recoger agua en baldes, pero, aun así, en condiciones turbias. Habitantes del municipio salieron a protestar el 27 de enero. Días después, el 29 de enero, el alcalde Fabio Ramírez declaró Emergencia Sanitaria y Calamidad Pública por desabastecimiento de agua.
Actualmente, la situación ha mejorado para algunos sectores del casco urbano, gracias a las gestiones que han realizado los administradores de conjuntos residenciales. Por ejemplo, algunos conjuntos al ver que el agua no llegaba en condiciones salubre decidieron financiar el mantenimiento de las redes hidráulicas y los sistemas de bombeo para garantizar una buena presión. Incluido, la adecuación de tanques de reserva de agua.
Aun así, el panorama en el área rural no es el mismo. Nubia Vanegas, residente de este sector asegura que el estado sigue siendo crítico. Desde hace más de tres años lleva lidiando con el acceso al recurso hídrico. A esta condición también se le suma Isabel Camargo, quien afirma que “el agua llega a duras penas para el baño y para lavar la ropa”.
La señora Isabel tiene 82 años, vive sola y para poder comer tiene que ir hasta la parte de atrás de su casa para abrir el tanque, que le tocó adaptar para tener agua medianamente potable. El desgaste de sus rodillas y sus brazos, cada vez que levanta los baldes han repercutido en su salud. No obstante, el deseo de poder tener una vida digna la motiva a levantarse, cada vez que puede, porque desde el grifo de su casa, no sale agua pura.
¿Cuándo comenzó todo?
Cajicá tiene un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) actualizado en el año 2014. En este se proponen principalmente cambios en el uso del suelo y en la reducción de la estructura ecológica principal, lo cual, permite la construcción en las zonas de reserva. Lo que no se tomó en cuenta, fueron los planes a futuro, en los que estas redes de construcción deberían estar articuladas para servir como soporte durante muchos años, como lo menciona Walther López, profesional en Gestión y Desarrollo Urbano.
Las consecuencias de este PBOT se han relacionado principalmente con la ausencia de agua potable y la baja presión de agua que llega al municipio de casi 100.000 habitantes, de los cuales el 30 por ciento están sin servicio y el 70 por ciento lo recibe, pero con intermitencia.
López también señala que el mapa del PBOT del Acueducto si genera una alerta al manifestar la cobertura, en la cual, solo incluye al casco urbano. Por ende, la ampliación del sistema de agua no estaba contemplada para futuras construcciones fuera de esta área. Lo que se esperaba, según Walther López, es que se realizará un plan llamado “Cargas y beneficios”, el cual consiste en dejar que las constructoras puedan ejecutar su labor, pero con la” carga” de crear una red de tuberías propicias para el terreno en el que se va a construir. Sin embargo, tocaría entrar a evaluar si este plan se llevó a cabo de manera correcta y transparente.
En septiembre de 2017, los ciudadanos se percataron de que el PBOT podría llegar a causar varias afectaciones en la población y que las autoridades no habían tenido en cuenta estos problemas. Por esta razón, los habitantes del municipio buscaron la manera jurídica para que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se declarara ilegal, con el fin de reestructurar la distribución de los servicios públicos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta esto, el alcalde de ese momento, Orlando Díaz, tomó la decisión de suspender las licencias de construcción para mitigar la expansión urbana. Sin embargo, esta medida fue temporal y las construcciones continuaron. Esta determinación, estuvo soportada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá quien mencionó que “el alcalde Díaz Canasto está tomando una medida administrativa transitoria y preventiva para garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios a la comunidad”.
En el 2019, la Procuraduría dio a conocer un pliego de peticiones en contra del exalcalde de Cajicá entre 2012 y 2015, Óscar Bejarano, por presuntas irregularidades en la creación del PBOT. Dentro de las cuales se cuestionan la autorización de construcción en áreas de protección ambiental e inconsistencias en la planeación del municipio, que pasó de ser agrícola a convertirse en un municipio dormitorio. Esto quiere decir, que las personas que habitan Cajicá solo utilizan la vivienda para dormir y comer, más no como lugar de trabajo de tiempo completo.
Jefferson Tuta, exconcejal de Cajicá, menciona que hasta hace pocos años salió a la luz la ineficiencia del PBOT para suministrar agua a todos los apartamentos que ya estaban construidos y a las próximas edificaciones. Todo por el privilegio en el negocio privado de la construcción, que sigue avanzando, sin impedimentos. Como diría Isabel Camargo, “eso es pura politiquería”.
Desde hace 40 años, La empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. le compra agua al Acueducto de Bogotá, ya que esta población no tiene sistema de acueducto propio. Toda el agua potable que llega al municipio es transferida desde el sistema Agregado Norte (Sistema Tibitoc), el cual, cuenta con los embalses de Sisga, Neusa y Tominé. El agua sale de un tubo de 60 pulgadas. Por medio de un comunicado de prensa, La Empresa de Acueducto comentó que no ha realizado ningún cambio en la presión del agua.
Cabe aclarar que, Plaza Capital intentó contactar a la empresa de Acueducto de Bogotá, pero a la fecha de publicación de este reportaje no hubo respuesta de la entidad.
La respuesta de las entidades
Frente a esta situación que ha venido creciendo a medida que pasa el tiempo, se han buscado diversas respuestas por parte de la alcaldía, el Acueducto y todos los implicados en el proceso, quienes han brindado las siguientes soluciones parciales.
En primer lugar, Juan Eduardo Quintero, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) presentó el proyecto de la construcción de un tanque de 10.000 m³, el cual, servirá como estructura complementaria al sistema de acueducto. Esta obra tendrá un costo de 25.348 millones de pesos, dinero suministrado por la administración departamental y el municipio.
“Podemos contarles a los habitantes del municipio que la construcción de este tanque, del que la administración departamental suministrará el 82% del costo, y el municipio el 18%..”, aseguró Quintero.
Además, afirma que la construcción comenzaría en el mes de abril y tomaría un tiempo cercano a ocho meses. Hay que tener en cuenta que desde el 2020, los concejales encargados del Plan de Desarrollo, entre ellos Jefferson Tuta presidente de ese año de la Comisión Primera, ya habían priorizado la construcción de dos tanques de reserva y solo tres años después se comenzaron a ejecutar las obras.
En segundo lugar, el alcalde Fabio Ramírez firmó un contrato inicialmente por un año con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para el abastecimiento de un caudal de 190 litros por segundo (lps) para el beneficio de más de 90 mil habitantes.
Este contrato podrá ser transformado pasada la anualidad y se podrá aumentar hasta 230 (lps), si la tubería y la nueva instalación de tanques lo permiten. Los encargados de la ejecución de la obra será la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, la cual, adelantará los procesos de licitación y construcción para la transformación de los canales de agua del municipio, dentro de los cuales incluye el manejo de las aguas residuales, las aguas lluvias y la escasez del recurso hídrico.
En tercer lugar, la gobernación de Cundinamarca destinó cerca de 27.000 millones de pesos a la inversión de obras e infraestructuras. Además, de la compra de tanques y motobombas, para solventar temporalmente el problema de agua en los sectores que más lo requieran, como lo mencionó el gobernador Nicolás García en un comunicado.
Se espera que estos acuerdos entre las principales entidades del municipio ayuden a mitigar los problemas relacionados a este recurso hídrico. Igualmente, que se reconozca el agua como un derecho humano, más no un privilegio como en el caso de Nubia, Ricardo, Isabel y de otros habitantes del municipio.
Por ahora queda el interrogante de conocer el futuro de los servicios públicos para los miles de personas que se esperan que migren en los próximos años a la ‘fortaleza de piedra’.