El regreso de la violencia armada en el Cauca

Miércoles, 09 Septiembre 2020 08:37
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Según el Instituto INDEPAZ (el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) en lo que viene del 2020 se han registrado 55 masacres a nivel nacional, sólo en el Cauca, ha padecido ocho de ellas. Sin embargo, en la gran mayoría de las masacres, se desconoce la razón de los hechos y sus autores intelectuales. De las ocho masacres ocurridas en el Cauca, dos se presentaron en el mes de abril, dos en el mes de mayo, tres en el mes de agosto y una en lo que viene del mes de septiembre, contándose con un total de 27 víctimas mortales, del casi 40% de los 65 homicidios totales presentados en el departamento tanto líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Campo Santo||| Campo Santo||| Lily Tobo|||
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La primera masacre en el Cauca este año se registró el 26 de abril en Buenos Aires, que dejó 4 muertos y otras seis personas heridas, tras un lanzamiento de una granada y balas de fusil, pues dicho hecho ocurrió mientras estaban en una fiesta a mediados de la cuarentena. La segunda se registró el 29 de abril en Mercaderes, del cual fueron matados 4 integrantes de una familia, su padre, su madre y un hijo y una nieta, según afirma uno de los hijos sobrevivientes tras ocultarse debajo de una cama; hombres armados atacaron a arma mientras su familia se encontraba almorzando en el patio.

La tercera se registró el 10 de mayo en Suarez, del cual tres personas murieron tras el ataque armado que se realizó mientras una pareja se movilizaba en moto por zona rural con sus dos hijas una de 9 meses y otra de 5 años. Tras el ataque el padre y la hija menor mueren en el lugar de los hechos, mientras que la niña de cinco muere luego de ser hospitalizada. La cuarta se registró el 14 de mayo en Corinto, donde fallecieron tres personas en el casco urbano de dicho municipio. Según los habitantes, dos personas que se movilizaban en moto dispararon mientras las tres víctimas compartían de unas cervezas en el patio de la casa.

Posteriormente, se registra el 12 de agosto en el Patía, donde fallecieron tres personas de ellos dos menores de edad, pues dicen los habitantes del lugar de los hechos, luego de un combate entre grupos armados ilegales, se encontraron los cuerpos sobre una carretera los dos menores atados a manos. La otra se registró el 22 de agosto en El Tambo en la vereda Uribe, en el cual según los habitantes un grupo armado haciéndose llamar como integrantes de la nueva marquelita llagaron a su corregimiento y se llevaron a seis personas que luego de unas horas las encontraron muertas.

La último masacre se sucede en el mismo departamento, en el Tambo, el 3 de septiembre, a tan solo dos semanas de la masacre de las seis personas, pues esta vez fueron tres las víctimas mortales, que se encontraron sobre una carretera con límites al municipio de Cajibío, dos estaban atadas. Tras todos estos hechos, en algunos casos a un se han determinado en sí a los responsables de los hechos, pues solo ha habido señalamientos a los grupos armados ilegales como posibles actores en los hechos.

Oleada de masacres en Colombia

Aunque parezca incongruente, la oleada de masacres a nivel nacional desde el caso en Cúcuta donde fallecieron 6 personas el 2 de agosto hasta los últimos hechos en Antioquia y Sincelejo, hemos presenciando casos muy similares, pues las víctimas en su mayoría no llevaban liderazgos comunales. Da la impresión de que las masacres fuesen al azar o selectivas. Tras todo lo anterior, el departamento del Cauca sigue siendo uno de los departamentos con la tasa de mortalidad más alta para los líderes y defensores de derechos humanos, pues en medio de las masacres entre agosto y septiembre se han asesinado a 12 de ellos, atendiendo a las cifras de Indepaz.

A pesar de que el gobierno dispusiera en el Cauca con mayor presencia militar, parece ilógico que estos hechos se presenten. El gobernador del Cauca afirma que “para frenar la violencia son urgentes acciones como el cumplimiento de compromisos en los PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) con ruta clara de inversión social en sectores como, salud, educación, infraestructura, seguridad, agricultura.”