Los exsecuestrados: una población olvidada en Colombia

Los exsecuestrados: una población olvidada en Colombia

“Estoy secuestrado, encadenado y en jaulas”, son las palabras que el Mayor General Luis Mendieta emplea para describir una de sus muchas pesadillas tras haber estado privado de su libertad por 12 años. Él, como otras 39.058 personas, fueron secuestradas por el conflicto armado colombiano entre 1970 y 2010, según el informe Una Sociedad Secuestrada del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Cuando ocurre un secuestro en Colombia las personas se informan a través de medios informativos y comunicados de la Policía Nacional o el Ejército, especialmente cuando se trata de personas que tienen altos cargos políticos o judiciales. Lo mismo ocurre con las operaciones que se han realizado para rescatar a quienes han estado privados de la libertad (Operación Jaque, Operación Camaleón). Se muestran los esfuerzos realizados por la fuerza pública, se informa el momento en el que la persona se reencuentra con su familia y hasta cuando revisan su estado de salud.

Pero, ¿qué pasa con los exsecuestrados después de este momento? Ahí el protagonismo en los medios informativos termina. Al principio los tienen en cuenta para charlas, entrevistas y reuniones para contar su testimonio. Sin embargo, con el paso del tiempo parece que fueran olvidados por la sociedad y el gobierno.

En Colombia, el secuestro causado por el conflicto armado comenzó en la década de los setenta. A partir de este momento, este delito comenzó a ser cada vez más constante y dependiendo del actor armado ilegal, su finalidad variaba. Para Oscar Palma, Magíster en Estudios en Seguridad Internacional de la Universidad de Leicester, el interés de los actores armados ilegales para privar a personas de la libertad es por cuestiones económicas o políticas.

El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica indica que el M-19 fue la guerrilla que más desarrolló secuestros durante el inicio de este fenómeno. Para este grupo armado, al igual para los paramilitares, su principal intención era desestabilizar y presionar al Estado. Por el contrario, la intención del Eln era imponerse durante los procesos de paz, como sigue ocurriendo recientemente durante las negociaciones en Ecuador. Pero fueron las Farc quienes lograron posicionarse como el principal autor de este delito entre 1970 y 2010. Estos realizaron secuestros, entre otro propósitos, para propiciar los conocidos "intercambios humanitarios", en los que el Estado negociaba la liberación de los presos de las Farc a cambio de los secuestrados.

Una Verdad Secuestrada, artículo también publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, indica que los actores armados ilegales desarrollaban de tres maneras lo secuestros. Primero, la privación de la libertad se realizaba en un 75% sobre una persona específica, a la cual se le hacía el seguimiento para determinar su importancia frente a factores económicos o políticos. Segundo, con un 16% de frecuencia, era causado por un retén o cómo la guerrilla lo llama, pesca milagrosa, donde en medio de las carreteras se realizaba un secuestro masivo de personas. Tercero, el otro 5% era efectuado en forma de toma o emboscada. Se comenzó entonces a privar de la libertad de manera indiscriminada a las personas sin tener en cuenta su importancia en la sociedad, habían nacionales, extranjeros y personas del común.

Pese al alto número de víctimas ocasionados por el conflicto armado, Sergio Guarín, director del área de postconflicto de la Fundación Ideas Para La Paz, señala que con el Proceso de Paz llevado a cabo en el gobierno de Juan Manuel Santos, la violencia ha disminuido en gran medida, tanto que las Farc dejaron de combatir. Sin embargo, como aclara Guarín, la verdadera intención de las negociaciones con el antiguo grupo armado ilegal no se centra en las víctimas, ya que es difícil reconstruir sus vidas tal y como fueron, sino en buscar la manera de evitar que hayan más víctimas.

A pesar de lo señalado por Guarín, la psicóloga Karen Tautiva de la Universidad del Rosario indica que los cambios que van en contra de la voluntad de las personas, como los secuestros, van a generar un cambio en su vida y por esto es necesario tenerlos en cuenta. Pero no todas las personas recaen en problemas de salud mental después de estas situaciones, por eso el tratamiento y las redes de apoyo que se dan después de un secuestro deben ser individualizados.

Palma señala que cuando han sido liberados, generalmente, a los exsecuestrados si importar su rol en la sociedad,el Estado les ha intentado brindar ayuda psicológica y psiquiátrica. Por ejemplo, el General Mendieta, asistió a algunas de estas consultas, pero consideró que no le brindaban ayuda psicológica con sus traumas, sino que solamente le formularon medicamentos que, según él, “sólo servían para mantenerlo dopado” por lo que abandonó las consultas.

Carrera séptima, Bogotá. Emma Jimenez

Además, en ese acompañamiento brindado al General Mendieta, cada mes asistía a una misa y charlas de apoyo frente a la situación del secuestro, pero no de manera individual. Lo que, según la psicología, no es lo correcto.

Tautiva indica que acostumbrarse a una nueva vida después de estar mucho tiempo pendientes de situaciones extrañas y zozobras es lo más difícil después de ser liberado. A unos les siguen afectando los sonidos de helicópteros, a otros, como el General Mendieta, lo persiguen los sueños que lo hacen sentir que sigue en cautiverio, y esto debería ser tratado de mejor manera, porque la situación psicológica también tiene que ver con la reparación y reincorporación de las víctimas. Al fin y al cabo, ellos son quienes han sufrido el dolor de la guerra en carne propia, por lo que el gobierno debería invertir una cantidad de dinero para hacer que esto sea posible.

Es necesario tener en cuenta que el aspecto físico y mental no es lo único que afecta a la población que ha sufrido la privación de su libertad. A lo largo de los años, una discriminación denunciada por los exsecuestrados se lleva a cabo a la hora de acceder a ciertos trabajos.

Por lo general, a la hora de conseguir trabajo, estas víctimas se encuentran con que no son aptos para desarrollar cierto tipo de actividades por la “condición de haber sido secuestrado”, indica el General Mendieta, debido al imaginario de que sus secuelas pueden frenar su productividad, aún si han recibido un tratamiento. Este tema ha sido uno de los más polémicos en materia de conflicto puesto que es una conducta que afecta a gran parte de la sociedad.

En el 2011, el caso del agente de la policía William Dominguez prendió las alarmas frente a lo que está pasando con los exsecuestrados en Colombia. Este uniformado, después de haber sufrido tres años en cautiverio y de ser liberado en el 2009, fue asesinado en el 2011. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía dejaron ver que Lozano sufría de depresión por las secuelas del secuestro, lo cual incrementó al no poder reincorporarse satisfactoriamente a la vida civil. Como resultado de su inestabilidad psicológica, Domínguez desarrolló una adicción a los alucinógenos y empezó a vivir como indigente, tiempo después fue asesinado en la calle, según la Policía Nacional, por un cobro de cuentas.

Walter Lozano, compañero de cautiverio de Domínguez, afirmó en una entrevista a Radio Nacional que habían sido discriminados, por su condición de exsecuestrados, en varias ocasiones al intentar conseguir un trabajo. Situación que evitó que Domínguez siguiera con su vida y cumpliera su sueño de tener casa propia, pues se encontraba en un limbo económico del cual no podía salir.

A este caso se unieron al menos 300 denuncias similares en el 2011, entre ellas, la de Giovanny Ardila, exsecuestrado y líder de la Fundación Cadenas de Libertad, quien para entonces denunció total abandono por parte del Estado. En respuesta a esto, el gobierno aceptó fallas en la atención y, el entonces vicepresidente Angelino Garzón, después de reunirse con las víctimas y sus familiares, se comprometió a buscar “una política que brinde atención especializada para esa población”.

El abogado de los militares exsecuestrados, Roberto Quintero afirmó, en una entrevista realizada por El Espectador, que en la mayoría de casos los exmilitares están desempleados, lo que hace que muchos caigan en la indigencia. En su declaración mencionó el caso de Tito Velásquez León, quien fue secuestrado en la toma de Miraflores, “fue liberado en 2001 y en 2008 fue hallado reciclando en las calles de la capital del país [...] dedicandose a escarbar las canecas para conseguir los alimentos de sus hijos y de su esposa”.

Las declaraciones de los militares víctimas de secuestro indican que ellos se convierten en personas vulnerables una vez que se reincorporan a la sociedad civil. Esto se debe a que siempre va a existir el yugo del secuestro en sus vidas, que quieran o no, se convierte en un obstáculo para continuar.

Según Mendieta, en el caso de algunos de sus compañeros de cautiverio con los que aún mantiene contacto, la situación de discriminación se mantiene vigente, “cuando han pasado solicitudes de trabajo a nivel institucional, del gobierno o a nivel particular, deben poner en las hojas de vida que estuvieron secuestrados”, esto teniendo en cuenta el vacio de tiempo que aparece en su trayectoria laboral, lo cual provoca que sean excluidos de las oferta de empleo.

Las múltiples denuncias también enfatizan en la falta de visibilidad que les da el Estado frente al Proceso de Paz que se firmó. Mendieta afirmó que “las víctimas deben tener derecho a la indemnización, rehabilitación, reparación y especialmente al proyecto de vida; este último haciendo referencia a las posibilidades que se les debe dar a las víctimas frente a posibilidades de educación y actividades en las cuales puedan desarrollar una labor productiva que los beneficia a ellos, a sus familias de la comunidad”.

Por lo pronto, y como resultado de la falta de garantías, se han consolidado una serie de organizaciones que buscan guiar a los exsecuestrados en temas de justicia e inmersión a la sociedad civil. Estás instituciones brindan un acompañamiento en materia legal, psicológica y médica a esta población, al tiempo que buscan visibilizar los conflictos por los que pasan los es secuestrados al volver a la libertad.

En el siguiente mapa se pueden visualizar algunas de las fundaciones que dan apoyo a los exsecuestrados en aspectos de reincorporación.